David Tuesta
Presidente del Consejo Privado de Competitividad
Para Lampadia
Una de las funciones más importantes del Estado moderno es coordinar y ejecutar inversiones públicas que el sector privado no puede realizar por sí solo: carreteras, escuelas, hospitales, infraestructura urbana o sistemas de agua y saneamiento.
En la teoría económica, este tipo de gasto tiene un rol central porque permite cerrar brechas de infraestructura, elevar la productividad de la economía y mejorar el capital humano.
En ese sentido, la inversión pública no es simplemente gasto fiscal; es una palanca para el crecimiento de largo plazo.
Sin embargo, para que ese rol se cumpla existe una condición fundamental: continuidad en los proyectos. Las obras públicas requieren planificación multianual, estabilidad presupuestal y capacidad de ejecución. Cuando los proyectos se interrumpen, se reinician o se abandonan, el costo económico se multiplica: aumentan los plazos, se encarecen las obras y, sobre todo, se retrasan los beneficios para la ciudadanía.
Por eso, uno de los indicadores más importantes para evaluar la calidad del Estado no es cuánto presupuesto se asigna, sino cuántos proyectos realmente logran completarse.
El reciente informe mensual que realiza el Consejo Privado de Competitividad (CPC) sobre la inversión pública permite mirar esta dimensión con datos concretos. Y lo que muestran las cifras más recientes debería encender varias alarmas.
Al segundo mes del año existen 31,383 proyectos públicos que no cuentan con continuidad presupuestal, a pesar de que sí tuvieron recursos asignados en el 2025.
Es decir, decenas de miles de iniciativas que estaban en marcha el año pasado hoy no tienen financiamiento asegurado.
Si se observa el universo de proyectos con presupuesto vigente, la fotografía parece algo más equilibrada, pero sigue revelando tensiones en la gestión pública. A febrero de este año se registraban 30,848 proyectos con presupuesto, de los cuales 73% son proyectos continuados, es decir, también tenían recursos el año anterior. En este indicador, el gobierno nacional muestra el mayor nivel de continuidad, con 82% de sus proyectos manteniendo financiamiento, lo que sugiere que el problema de discontinuidad es aún más pronunciado en los niveles subnacionales.
Sin embargo, el dato más revelador aparece cuando se analiza la dinámica del sistema. Mientras miles de proyectos pierden continuidad, el Estado continúa incorporando nuevas iniciativas. De hecho, al inicio del 2026 se registraron 6,057 proyectos nuevos que no tenían presupuesto en 2025, cifra que representa un incremento de 39% respecto al balance de enero.
Este comportamiento refleja un patrón que se repite con frecuencia en el sector público peruano: se anuncian nuevas obras antes de terminar las anteriores. Desde una perspectiva de economía pública, esta dinámica es particularmente problemática porque fragmenta los recursos y reduce la eficiencia del gasto. La inversión pública debería concentrarse en culminar proyectos estratégicos y asegurar su impacto económico y social. Cuando el portafolio de proyectos crece de manera desordenada, lo que se genera es dispersión del presupuesto, retrasos y obras inconclusas.
El problema se vuelve aún más evidente cuando se observan casos concretos.
Entre los proyectos sin continuidad presupuestal aparece uno orientado a fortalecer el capital humano del país: la creación de un servicio educativo especializado para estudiantes de segundo grado de secundaria con alto desempeño académico en Pasco, Huancavelica y Cusco.
El proyecto tiene un costo estimado de S/ 345 millones y está a cargo del gobierno nacional. Hoy, sin embargo, no cuenta con continuidad presupuestal.
En un país donde el capital humano es una de las principales limitaciones para el crecimiento, ver iniciativas de este tipo detenidas debería preocuparnos profundamente.
El trasfondo de este problema es institucional. El Estado peruano enfrenta serias dificultades para priorizar, coordinar y ejecutar su cartera de inversiones. La fragmentación entre niveles de gobierno, la rotación de autoridades, los cambios de prioridades políticas y la débil capacidad de gestión generan un sistema donde es relativamente fácil anunciar proyectos, pero mucho más difícil terminarlos.
Esto obliga a replantear una pregunta fundamental: el problema no es solo cuánto invierte el Estado, sino qué tan bien lo hace. El Perú no necesita necesariamente más proyectos en papel ni más anuncios de obras. Lo que necesita es un Estado capaz de priorizar, asegurar continuidad y culminar aquello que ya empezó.
Las cifras que hoy muestra el monitoreo del CPC revelan una realidad incómoda:
Miles de proyectos quedan atrapados en una dinámica de interrupciones y reinicios.
Y mientras eso ocurre, las brechas de infraestructura siguen abiertas, el capital humano se rezaga y la economía pierde oportunidades de crecimiento.
Si el país quiere realmente acelerar su desarrollo, el primer paso es reconocer este problema: el Estado peruano no solo gasta mal, también termina poco de lo que empieza.
Esa es, probablemente, una de las reformas pendientes más importantes para la competitividad del país.
Lampadia
