Jaime de Althaus
Para Lampadia
La comisión de Economía del Congreso, sin vergüenza alguna, dejó de lado la reforma del sistema de pensiones que es muy complicada y aprobó lo único que le interesaba: un irresponsable séptimo retiro de los fondos de las AFPs, una medida nefasta que favorece a muy pocos que son los que tienen mayores ingresos y que, sumada a los anteriores retiros, deja sin pensiones al 90% de los aportantes. Instalando, en consecuencia, una bomba de tiempo fiscal futura cuando políticos ofrezcan una pensión 65 recargada a quienes se quedaron sin pensión, y destruyendo el único gran fondo de ahorro nacional que el país había construido por primera vez en su historia y que sirve para financiar proyectos privados y públicos.
Eso no puede prosperar en el pleno. El ahorro nacional y el equilibrio fiscal son pilares del modelo económico que están siendo agrietados, porque a esos retiros se suma el irresponsable aumento de la planilla estatal que se ha incrementado en 40% en los últimos cinco años según revela el Consejo Privado de Competitividad, mientras la calidad de los servicios públicos ha empeorado.
No solo eso: resulta que los sueldos en sector público en promedio un son 30% superiores al sector privado, lo que significa que el sector privado, que es quien financia los sueldos del sector público, está siendo claramente explotado por el Estado.
Es hora de prender la alarma porque lo que estamos viendo estos días es que el Congreso, el Tribunal Constitucional, la Sunat y parte del Ejecutivo se han dedicado a ametrallar el capítulo económico de la Constitución socavando efectivamente los pilares del modelo económico.
No solo el ahorro nacional y el equilibrio fiscal. También la seguridad jurídica y el estado de derecho, que son la madre del crecimiento, y por obra nada menos que del propio Tribunal Constitucional, que prevaricadoramente anuló el peaje de Chillón rompiendo un contrato que según el artículo 62 de la Constitución es ley que no puede ser modificada por otra ley. Esto es muy grave porque convierte al propio Tribunal Constitucional en fuente de inseguridad jurídica, y ahuyenta las inversiones en concesiones viales o de otro tipo, si es que pueden ser violentadas por un juez o por el TC.
No es el único caso. La Procuraduría del Ministerio de Transportes ha presentado una demanda contra el acuerdo que aseguraba la exclusividad de servicios otorgado por la APN hace solo tres años en el puerto de Chancay, cambiándole las reglas a medio camino una inversión extraordinaria para el futuro del país.
Si a esto sumamos las acotaciones arbitrarias y multimillonarias de la Sunat a grandes, medianas y hasta pequeñas inversiones, lo que tenemos es un cuadro de alta peligrosidad para la inversión nacional y extranjera en el Perú. ¿Cuándo vamos a aprender que sin seguridad jurídica no hay inversión y no hay crecimiento?
Un cuarto pilar del modelo económico seriamente atacado es la libertad económica, que implica que el Estado no puede intervenir en el mercado para poner, por ejemplo, controles de precios (que, como sabemos, generan escasez y más inflación). Pues bien, el propio Tribunal Constitucional ha vuelto a violar la Constitución cuando ha declarado la constitucionalidad de la ley 31143 que pone techo a las tasas de interés que pueden cobrar los bancos. Y lo ha hecho no solo contra el texto de la carta magna, sino contra los efectos de la norma en la realidad.
El BCRP ha informado que, a consecuencia de ese tope, 266 mil personas que recibían créditos del sistema formal dejaron de ser sujetos de crédito y terminaron en las garras a veces violentas de agiotistas del sector informal. Según el IPE, un 49% de los créditos informales se dieron a una tasa ¡superior a 500%! al año, muchísimo mayor a la tasa tope fijada, y algunos a una tasa de hasta 10,000% anual.
Cuanta falta hace un curso básico de economía en nuestro país. Lampadia
