Jaime de Althaus
Para Lampadia
Bastó que el régimen laboral agrario de la ley 27360 fuera exitoso, para que se convirtiera en un blanco de ataques. Nuestra consabida pulsión tanática no se pudo resistir. No soportamos lo que funciona bien, porque sus virtudes nos pueden alcanzar, sobre todo si pertenecemos al segmento exclusivo protegido por la costosa regulación común. Que un régimen flexible y menos oneroso generara rápidamente mucho empleo formal, era un mal ejemplo. Sus logros espectaculares eran un cuestionamiento directo al oneroso y sacrosanto régimen general. Había que igualarlo en lo posible a ese régimen, para quitarle amenaza. Es lo que está haciendo, en lo que se refiere a los beneficios sociales, el dictamen aprobado en la Comisión Agraria del Congreso, que eleva los costos no salariales del trabajo equiparándolos a los del régimen común.
En efecto, el dictamen aprobado aumenta la remuneración básica diaria en 8%, aumenta la indemnización por despido de 15 a 45 días por cada año completo de servicios con un máximo de trescientas sesenta remuneraciones diarias, pasa las vacaciones de 15 a 30 días por año, e incremente el aporte del empleador a Essalud de 4% a 6%. Es decir, salvo por el pago a Essalud, que todavía está debajo del 9%, en lo demás los beneficios sociales son tan elevados como en el régimen general.
Perjudica a pequeños y medianos
El problema de esto es el mismo que con el régimen general: los costos no salariales del trabajo son tan caros que resultan excluyentes, salvo para la gran empresa, que puede pagarlos. Justamente en el siguiente cuadro, que aparece en el propio dictamen aprobado, vemos que el 61% de las empresas acogidas a la ley 27360 (régimen laboral especial) tienen entre 1 y 10 trabajadores y el 79% tiene entre 1 y 50 trabajadores. Esto significa que el régimen modificado, más costoso, va a perjudicar, si se aprueba, a una gran proporción de las empresas acogidas a él. Muchas quizá tengan que re-informalizar a sus trabajadores.
Aunque es cierto que la mayor parte de los trabajadores (339,176 de 382,094 según un cuadro de la Sunat publicado en el dictamen) labora en empresas agroexportadoras grandes, de modo que su situación probablemente no variará, de todas maneras la ley, si se aprueba, puede afectar a los 43 mil que están en empresas pequeñas o medianas y de hecho pone una valla difícil de saltar para todas aquellas empresas pequeñas o medianas que quieran formalizarse. El mismo problema de siempre.
Subir IR en lugar de encarecer formalidad laboral
Menos mal que el dictamen mantiene el concepto del pago diario en el que se incluyen los distintos beneficios, que es clave para poder llevar adelante la actividad. Mantiene también el impuesto a la renta (IR) de solo 15% de las utilidades. En verdad, debería ser al revés: desde el punto de vista estructural –tanto de la formalización de la mano de obra como de la necesidad de incrementar los ingresos fiscales-, mucho más lógico hubiese sido subir en alguna medida el impuesto a la renta –no al 30% pero si cuando menos al promedio global que está alrededor del 23%-, en lugar de encarecer la formalidad laboral. Tendríamos más ingresos fiscales y también más formalidad laboral: dos áreas en las que tenemos déficits estructurales.
Extenderlo a la industria ligera
Pues, además, al haber el dictamen optado por equiparar los beneficios con el régimen general, pierde mucho de su sentido la posibilidad interesante de extender este régimen a otros sectores nacientes o a aquellos vulnerables que afrontan competencia externa desleal. En efecto, si el régimen, tal como estaba, había resultado muy efectivo para formalizar el trabajo en el sector rural agroexportador, la idea no era anular algunas de sus ventajas como se haría al encarecerlo, sino, por el contrario, extenderlo al sector forestal, a la acuicultura y también –algo que no se ha planteado pero que sería necesario- a la industria ligera y sensible que genera mucho empleo y compite con importaciones del exterior que muchas veces viene con precios irrealmente bajos y frente a las cuales las medidas antidumping no son lo suficientemente rápidas ni eficaces. Esa industria necesita un régimen como el de la ley 27360.
Permanente
Por último, algo que tampoco se entiende es por qué en el dictamen, si ya los beneficios sociales son iguales a los del régimen general, se prorroga el régimen especial por diez años en lugar de convertirlo en permanente. El concepto del pago diario con los beneficios incluidos es la clave de su éxito, medido en términos de expansión de la actividad y del empleo formal. Es consustancial al tipo de actividad. Por lo tanto, no tiene un carácter promocional temporal. Es indispensable para el mantenimiento y crecimiento del sector. Debe ser permanente.
El sentido común indica que si algo funciona bien, no hay que tocarlo sino consolidarlo y más bien tratar de extender su principio a otros ámbitos. Pero ya sabemos que en la política nacional el sentido común es el menos común de los sentidos. El problema es que un país no puede avanzar si no capitaliza sus buenas experiencias y desecha las malas. Lampadia
