Patrón común: inventar agravios para levantar fondos
Jaime de Althaus
Para Lampadia
Una noticia aparecida el 8 de marzo en el diario El Trome nos llamó la atención: la comunidad nativa Shipibo Koniba Santa Clara de Uchunya en Ucayali había acudido a la Defensoría del Pueblo para presentar una denuncia contra el Instituto de Defensa Legal (IDL) y el Forest People Program (FPP) por violación de los derechos humanos de la comunidad al utilizar su nombre sin autorización para formular acusaciones falsas contra empresas y contra miembros de la propia comunidad, utilizando para ello a un miembro de la comunidad a quien presentan como presidente de la comunidad sin serlo.
Según la comunidad, el objetivo de estas acciones es captar dinero de donaciones del exterior, a costa de los designios y los intereses de la propia comunidad.
Estamos empezando a encontrar que esto sería un patrón que se repite en otros casos en la Amazonía,[1] y probablemente también en la sierra.
ONGs fabulan agravios de empresas cafetaleras o palmicultoras contra el ambiente o contra las comunidades, con la finalidad de obtener recursos del exterior. Para ello cuentan con fiscales o jueces afines que dan curso a sus denuncias, obligando a las empresas o, en este caso, a la propia comunidad nativa, a gastar ingentes recursos en defenderse de la agresión judicial infundada y arbitraria. Es un sistema, un negocio.
Reproducimos a continuación parte del texto de la denuncia de la comunidad de Santa Clara de Uchunya:
“El IDL y sus organizaciones aliadas afectan el derecho a la libre determinación de la Comunidad, debido a que generan conflictos e intervienen ilícitamente sobre el autogobierno de Santa Clara de Uchunya, al intentar imponer judicialmente otras autoridades que nuestro pueblo no reconoce, criminalizan, amenazan, persiguen y difaman a los integrantes de la Comunidad Nativa Santa Clara de Uchunya en todo tipo de denuncias penales, civiles o de cualquier otra índole, sin ningún derecho ni fundamento…”
“…gracias al secuestro del nombre de nuestra Comunidad, se hicieron con la representación de algunos excomuneros y presentaron discrecionalmente un gran número denuncias a nuestro nombre en contra de terceros. Para esos efectos, sus abogados actuaron sin consultar en ningún momento con las autoridades de la comunidad, ni sus integrantes, e inventaron hechos. Una muestra de ello son las denuncias por usurpación, donde presuntamente las empresas palmicultoras nos habrían despojado de nuestras tierras, lo cual es totalmente falso; asimismo, también presentaron supuestas declaraciones de comuneros que atacaban a la empresa privada y los calificaban como delincuentes. Nada de esto fue informado ni aprobado por nuestro pueblo pues no cuenta con un acta de aprobación de nuestra Asamblea de Comuneros que es el máximo órgano de gobierno”.
“Asimismo, vienen acosando y hostigando incansablemente a nuestra comunidad con numerosos reportajes, entrevistas a excomuneros y con el asedio constante de sus abogados como la Sra. Linda Vigo y el Sr. Álvaro Másquez, quienes buscan direccionar el pensamiento de los comuneros e interferir indebidamente en el proceso de toma de decisiones”.
Cada uno de esos actos de uso indebido de nombre y hostigamiento fueron registrados en las publicaciones difundidas a través de las plataformas de esas organizaciones, tal como se puede ver en los siguientes links:
Hemos copiado 8 de 13 publicaciones, llenas de infundios y falsedades según la comunidad. La denuncia resume así las principales violaciones de los derechos humanos de la comunidad:
- Violación al Buen Nombre y Reputación:
- Falsas denuncias de usurpación de tierras “ancestrales” por parte de una empresa desde 2016, declaradas improcedentes en 2022.
- Denuncias penales efectuadas sin aprobación de la Asamblea General, creando una imagen conflictiva y abusada.
- Violación a la Libre Determinación y Elección de nuestro futuro:
- Interferencia en elecciones libres por IDL y FPP, manipulando ex comuneros como Carlos Hoyos. Medida cautelar ilegal de la jueza Liz Torres, anulada en segunda instancia, intentando imponer a Carlos Hoyos como líder.
- Violación a la Integridad Física:
- Campaña de persecución fiscal liderada por IDL y FPP contra hermanos comuneros que defienden nuestros derechos.
- Denuncias penales falsas y difamación mediante medios de prensa afiliados.
- Denuncia falsa a Naciones Unidas:
Denuncia ante Relatores de Las Naciones Unidas por violaciones de derechos humanos inexistentes, utilizando el nombre de la comunidad sin aprobación.
Según una cronología elaborada por el abogado de la Comunidad, este problema comenzó con el mandato como presidente de la comunidad del señor Carlos Hoyos Soria, conectado con el IDL y otras ONG, quien usaba el nombre de la comunidad sin consentimiento de la asamblea general para crear conflictos inexistentes. Pero en noviembre del 2021 venció su segundo mandato y el 7 de enero de 2022, los comuneros reunidos en Asamblea General eligieron a una nueva directiva, que fue inscrita en Registros Públicos el 7 de febrero del 2022.
El 12 de febrero de 2022, la FECONAU junto con el IDL y el FPP ingresan a la comunidad para reunirse con la nueva junta directiva y buscar firmas y apoyo para nuevas denuncias contra empresas privadas vecinas y para continuar usando el nombre de la comunidad para fabricar conflictos.
La comunidad se niega y envía una carta a estas organizaciones con su posición el día 14 de febrero de 2022.
A partir de esa fecha, según el documento, IDL, FPP, ORAU, AIDESEP y FECONAU declaran la guerra a la nueva junta directiva, la desconocen y usan al Sr. Carlos Hoyos Soria para que siga fingiendo ser jefe de la comunidad en actos y denuncias públicas.
El 05 de mayo de 2022, la comunidad denuncia al Sr. Carlos Hoyos por la comisión de los delitos de usurpación de funciones, denuncia calumniosa, omisión de consignar declaraciones en documentos y falsedad genérica. Luego, el 26 de mayo de 2022, el Sr. Carlos Hoyos Soria desconoce la elección e interpone demanda por Nulidad de Acuerdo ante el Juzgado Civil Permanente.
El 7 de setiembre de 2022, el Gobierno Regional de Ucayali otorga al comunero Wilson Barbaran Soria, la credencial No. 022 – 2022 reconociéndolo oficialmente como jefe de la comunidad de Santa Clara de Uchunya y a su nueva junta directiva, pero el 20 de setiembre de 2022, la jueza provisional del Juzgado Civil de Campo Verde, Liz Torres Díaz, de manera irregular otorgó una medida cautelar ilegal a favor del Sr. Carlos Hoyos forzando a Registros Públicos a que lo registren como jefe pese a que la comunidad no lo reconocía como tal y no lo había elegido.
El 8 de octubre de 2022, la comunidad convoca Asamblea General Extraordinaria para iniciar un proceso disciplinario contra el Sr. Carlos Hoyos, y acuerda expulsarlo como miembro de la comunidad.
El 10 de octubre de 2022, la comunidad denuncia públicamente a la juez Liz Torres por la medida cautelar ilegal emitida, y luego la comunidad realiza movilizaciones masivas a los juzgados de Campo Verde y Pucallpa pidiendo justicia.
El 04 de noviembre de 2022, la comunidad nativa interpone una Acción Constitucional de Amparo contra la Jueza.
El día 30 de enero de 2023, la segunda instancia del poder judicial anula la sentencia de la jueza Liz Ivonne Torres Díaz y el 22 de marzo de 2023, la jueza Liz Torres es por fin removida de su cargo.
Una verdadera odisea legal para defenderse de una seria usurpación de autoridades y de decisiones. Todo esto es muy serio. Se desprende de esta denuncia que a estas ONGs no les interesa ni las comunidades ni el ambiente, sino el dinero, y las usan para levantarlo. El siguiente cuadro, elaborado por la APCI, muestra las decenas de millones de dólares captan las ONG cada año para supuestamente defender el medio ambiente y los recursos naturales:
Nada menos que 604.3 millones de dólares en 11 años. Habría que identificar cuáles de las ONG realmente trabajan para el medio ambiente y no para llenarse los bolsillos. Lampadia
[1] Ver https://www.lampadia.com/analisis/economia/el-negocio-de-algunas-ong/
