El 7 de diciembre pasado, la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la República presentó un proyecto de ley que propone restricciones al libre comercio de líneas de teléfonos celulares con el propósito de impedir que la delincuencia haga un uso indebido de aquellas (No. 1804/2012-CR). Los argumentos pueden parecer razonables, pero, como dice el viejo refrán, los caminos al infierno están empedrados de buenas intenciones.
Si el proyecto llegara a convertirse en ley, se atentaría contra la libertad de los ciudadanos y de las empresas. Así, en el futuro el estado podría restringir el acceso ciudadano a otros servicios o productos bajo el argumento dudoso de proteger a la sociedad de los delincuentes. Sería una traba más a la inversión privada en telefonía.
El proyecto de la comisión que preside el congresista José León Rivera (Perú Posible) prohíbe que una persona natural adquiera más de diez líneas telefónicas pre pago, y que una empresa compre más de diez líneas post pago, de locura. Si una persona quisiera comprar más de cinco líneas pre pago, o una empresa diez líneas post pago, tendrían que firmar una declaración jurada, inscribirse en un registro, y someterse a una verificación de identidad en la base de datos del RENIEC. Aquí empiezan los problemas.
Los autores del proyecto de ley ignoran que existe una resolución del Indecopi que declara que es una “barrera burocrática” obligar a las empresas de telefonía móvil a verificar los datos de sus clientes en los registros del RENIEC porque ello supone un costo adicional no fijado en sus contratos de concesión.
El registro tampoco garantiza el derecho a la confidencialidad de los usuarios de líneas móviles, lo cual va en contra de la Ley de Protección de Datos Personales, más aún si la iniciativa propone un intercambio de esa información entre instituciones. Y tampoco aclara cómo se verificaría si una persona es titular de 5 o más líneas celulares pre pago, ni si habría un registro compartido entre las operadoras, ni qué datos serían compartidos en esos registros, ni cuáles serían las limitaciones del uso de estos.
Pero la pregunta de fondo es ¿Dicho registro resolvería al problema de seguridad ciudadana? Al contrario, su existencia promovería el delito: falsificación de documentos, suplantación de identidades y robo de celulares. Aparecería un mercado negro de teléfonos robados o ilegales que proveerá a las bandas los aparatos que necesiten.
Lo que ocurre con los automóviles es ilustrativo. Están inscritos en un registro, tienen una placa de rodaje y una tarjeta de propiedad que los identifica; sin embargo, existe un mercado ilícito que provee al hampa de automóviles para delinquir. ¿Acaso por esto a alguien se le ocurre prohibir a los ciudadanos honrados que compren más de un número determinado de vehículos?
Por último, cualquier cosa puede convertirse en un arma en manos de un delincuente. Hasta un lápiz puede ser usado para causar daño. ¿Acaso con registrar quienes tienen un lápiz se evitaría o neutralizaría la posibilidad de que ese objeto pueda ser usado para dañar a otras personas? Claro que no.
En un artículo publicado hace poco en El Comercio, el abogado Alfredo Bullard ha puesto el dedo en la llaga al afirmar, con total razón, que “como el Estado no puede controlar el uso celulares desde las cárceles (o desde cualquier otro sitio) para cometer crímenes, ha decidido, en lugar de privar de la libertad a quienes delinquen, privar de libertad de elegir a los honestos”.
¿Qué es más peligroso, entonces, para la seguridad jurídica y para los propios ciudadanos, un teléfono celular o una ley que restringe la libertad?
