Hora de recuperar condiciones para el sector más exitoso
Jaime de Althaus
Para Lampadia
La izquierdista Conveagro y ONGs anticapitalistas ya se lanzaron en contra del proyecto de ley que busca restablecer condiciones de competitividad para la agricultura y la agroexportación luego de que el 2020, con Sagasti, consiguieran su propósito de derogar la mejor ley promotora que se haya dado jamás, la famosa Ley de Promoción del Sector Agrario del año 2000, que había disparado las agroexportaciones peruanas y formalizado la mayor cantidad de trabajadores de la historia en una economía que tiende a informalizar.
Un caso de éxito sin precedentes que es la admiración de todo el mundo contra el que dispararon nuestras fuerzas retrógradas de izquierda.
La ley 31087 fue un atentado contra el país, porque afectó la expansión más dinámica de nuestra economía en los últimos 25 años. Por eso, el dictamen aprobado recientemente en la comisión agraria busca regresar a las condiciones tributarias de la ley anterior, perfeccionándolas, y es inclusive más completa porque incentiva tributariamente la integración de los pequeños productores a la agroexportación, en la medida en que ellos se asocien para buscar economías de escala.
Sin embargo, lo que el dictamen no se ha atrevido a hacer es cambiar la naturaleza del llamado bono BETA que aprobó la malhadada ley 31087, que en buena cuenta significó que en el sector agrario el salario mínimo sea un 30% superior que en el resto de la economía. Peor aun considerando que la remuneración mínima vital en el Perú ya es muy alta en relación con el ingreso promedio, comparando con otros países de la región, y es una de las causas de que la informalidad laboral sea tan alta en nuestro país.
El bono BETA fue una disposición legislativa puramente demagógica, en circunstancias, por lo demás, en las que el salario en los fundos agroexportadores en la práctica era superior al salario mínimo debido a la competencia entre empresas por conseguir trabajadores, sobre todo en épocas de cosecha. Lo que se ha logrado más bien con esa medida ha sido afectar los incentivos de productividad que las empresas ofrecían a sus trabajadores, afectando entonces la rentabilidad de las operaciones y futuras inversiones.
Esperemos que en el pleno se derogue el mencionado bono BETA. Tengamos en cuenta que mientras más dinámica y rentable la actividad, mayores serán los salarios de los trabajadores. Todo intento de imponer por ley o decreto un aumento siempre termina perjudicando a la larga a la fuerza laboral. Esa es una ley de la economía.
Como fuere, lo que no puede el Congreso es prestarle oídos a una campaña destructiva que insiste en lo mismo de siempre. Esta ley tiene que ser aprobada. Y luego esperemos que el Ejecutivo la promulgue y deje de lado las observaciones que ha hecho el MEF, que en este caso son claramente miopes.
En efecto, el ministerio de Economía se opone con el argumento de que el costo fiscal de la propuesta es de S/ 1,850 millones anuales. Pero eso es no ver la mayor recaudación que la ley acarrearía como consecuencia de la mayor inversión que traería. Eso es exactamente lo que ha ocurrido entre el 2000 y el 2021 cuando se rebajó el impuesto a la renta a 15% junto con otros incentivos. En ese periodo, como consecuencia, entre otras cosas, de esas condiciones tributarias, la recaudación tributaria creció de manera exponencial, pasando de S/ 97 millones el 2001 a S/ 826 millones el año 2021. Es decir, se multiplicó por 8, como puede verse en el siguiente gráfico elaborado por AGAP:
Y el acumulado, que hubiera sido de S/ 2,200 millones en condiciones normales, registró la cantidad de / 9,100 millones. Entonces la recaudación aumenta, no disminuye.
Por lo demás esta nueva ley está hecha para favorecer la formalización y la integración de los pequeños productores a las cadenas agroexportadoras, ofreciendo beneficios para ello. No perdamos el tiempo. El Perú tiene que apostar por aquello que funciona y lo hace grande. Lampadia
