Por: Elmer Cuba, Economista, socio de Macroconsult
El Comercio, 26 de junio de 2019
El Comercio, 26 de junio de 2019
El Ejecutivo nombró una comisión de cientistas políticos para que –en dos meses– elaborasen una propuesta de reforma política. Toda reforma exitosa requiere un buen diagnóstico y las propuestas respectivas. Es decir, primero se debe identificar el problema y sus causas, para luego pasar a las intervenciones de política.
De acuerdo al sistema de gobierno, al sistema electoral y al sistema de partidos, la comisión hizo la siguiente descripción. El sistema político peruano es un sistema presidencialista “parlamentarizado”, con un sistema electoral proporcional y un sistema de partidos multipartidista moderado. Según la comisión, el problema central del sistema político peruano es su escasa legitimidad y los bajos niveles de apoyo a la democracia. Ello, aunado a una elevada desafección ciudadana y poco interés por los asuntos públicos.
La comisión propuso cuatro objetivos de reforma. Combatir la corrupción y fomentar la rendición de cuentas. Tener partidos más fuertes y representativos. Una democracia más gobernable. Una mayor participación electoral y política.
Del conjunto de propuestas de la comisión, el Ejecutivo hizo una cuestión de confianza para seis proyectos, que cubren, en parte, los objetivos buscados por la primera. Los proyectos son: sobre la inmunidad parlamentaria; sobre el impedimento para ser candidato; sobre la tipificación de los delitos de financiamiento; sobre la democracia interna de las agrupaciones políticas; sobre la inscripción de organizaciones políticas; y sobre la paridad en listas de candidatos y eliminación del voto preferencial.
De aprobarse estos seis proyectos se espera que mejore la representación nacional, se den mejores leyes y la fiscalización del Ejecutivo sea mejor que la observada hasta ahora. Ello, paulatinamente, mejoraría el apoyo a la democracia, disminuiría la desafección ciudadana y aumentaría la confianza en los partidos políticos.
Ahora bien, un tema crucial de la reforma será si las exigencias para la actividad partidaria que implican las nuevas normas (decenas de comités y demás) podrán ser cubiertas con el financiamiento privado actualmente permitido y el financiamiento público presupuestado para 2020/2021.
¿Hasta qué punto la ausencia de mejores políticas públicas, cuya responsabilidad es del Poder Ejecutivo, tiene que ver con el apoyo a la democracia y la desafección con la política? Si el Estado peruano hubiese sido capaz de sostener mayores tasas de crecimiento económico, con los concomitantes mejores empleos e ingresos fiscales, y hubiese mejorado los servicios públicos de educación, salud, justicia y seguridad ciudadana, ¿los niveles de apoyo a la democracia y la desafección ciudadana serían los mismos?
A continuación, tres simples propuestas complementarias (populistamente incorrectas y políticamente correctas) para un mejor Congreso.
La política es una profesión y toda profesión requiere una especialización y una remuneración correspondiente. Con las normas actuales, un extraordinario alcalde o gobernador regional tendrá luego que regresar al sector privado y vivir de su ocupación original, para luego volver a postular y así, sucesivamente. Un buen congresista tendrá que seguir la misma suerte. Las entradas intermitentes al servicio público no parecen ser funcionales a un mejor sistema de gobierno y, sobre todo, de partidos.
La política es demasiado importante para dejarla a cargo de eternos aprendices. El proceso de desarrollo económico y carreras políticas entrecortadas no parece una buena dupla. Una reforma política será incompleta con carreras políticas discontinuas.
Los salarios de los congresistas deberían ser mayores que los actuales, de acuerdo a la importancia de la política. Existe un elevado número de personas con interés en lo público, pero con altos costos de oportunidad en el sector privado. Al final, si queremos mejores representantes, tenemos que aumentar algo su remuneración. No para alcanzar los estándares de los gerentes y directivos del sector privado, pero sí para mejorar en algo ese desbalance.
Finalmente, se debe constituir una oficina de profesionales de diversas ramas que sirvan de soporte al Congreso, más allá de los propios asesores de los congresistas. Se trata de un soporte técnico al más alto nivel, liderado por ex funcionarios públicos y privados con vocación de servicio y no sujetos a volatilidad en sus puestos. Una especie de carrera pública estable para la oficina de apoyo legislativo. Así, se filtrarían mejor las iniciativas populistas y los representantes se dedicarían relativamente más a la labor de representación y fiscalización. Fiscalizar no es reemplazar a la contraloría o la fiscalía, es pedir rendición de cuentas a los miembros del Ejecutivo por el desempeño de sus funciones.
