Gestión, 22 de febrero de 2017
Si las inversiones y el país se paralizan, podemos entrar en un callejón sin salida, dejar de crecer y de generar empleo, mientras se incrementa la pobreza.
Al estallar el escándalo de la corrupción en el Perú y otros países, resulta difícil pensar en otra cosa que descubrir responsables. A pesar del desaliento causado por las malas noticias, es necesario re- fl exionar para buscar soluciones y seguir creciendo sosteniblemente.
Si las inversiones y el país se paralizan, podemos entrar en un callejón sin salida, dejar de crecer y de generar empleo, mientras se incrementa la pobreza.
Hay que investigar a fondo, sin caer en la parálisis. Pensar que todo está mal la desconfianza total no ayuda a nadie. Las asociaciones público-privadas (APP) no son corruptas, las corruptas son las personas. A los corruptos hay que individualizarlos y castigarlos. Se necesitan instituciones que funcionen limpiamente. Todos, incluido el sector privado, tenemos que jugar nuestro respectivo rol, hacer nuestra parte.
En esta línea, resulta oportuno el DU-003 que regula la salida de empresas corruptas, cautelando el derecho del Estado a percibir una reparación civil, sin que los servicios públicos y las obras se detengan.
En adelante, la inversión en infraestructura debe hacerse con asociaciones público-privadas (APP) y obras públicas transparentes, en el marco de un plan nacional de infraestructura a mediano plazo, dejando fuera las interferencias políticas.
Las necesidades de la población necesitan ser satisfechas para reducir la pobreza. La inversión pública y privada destinada a cerrar las brechas en agua y saneamiento, salud, educación, comunicaciones, transportes, puertos, aeropuertos, energía y gas necesita continuar, sin interrupciones y a buen ritmo.
El Gobierno para superar las trabas y reactivar el crecimiento y las inversiones, ha lanzado sus 112 decretos legislativos, junto con la reforma de ProInversión, cuyo reto es desarrollar un marco legal y de procesos sin corrupción, coherente con estos objetivos.
Necesitamos APP maduras
La manera en que el Estado decide qué proyecto impulsar, cómo lo prepara y el factor de competencia para otorgar la buena pro al ganador en un concurso de APP, entre otros componentes, resultan cruciales.
La experiencia inglesa de la primera década de APP en los años noventa, enseñó que buscar el más bajo precio posible en los concursos puede terminar atrayendo ofertas temerarias que es necesario evitar; y que sacar a concurso proyectos no maduros es desaconsejable.
En adelante, se pueden esperar buenos resultados de la reforma de ProInversión, para concursar proyectos maduros que no den espacio a ofertas temerarias. El tema es: ¿en qué consiste un proyecto maduro en el Perú?
Todo empieza por una selección y priorización técnica -libre de presiones políticas del gobierno de turno- de proyectos de alcance nacional, regional y local, que sirvan para cerrar brechas y tengan impacto económico y social. El siguiente paso es decidir si la obra se hace como obra pública o como APP.
Otro aspecto a considerar es el nivel de los estudios. Si por ahorros presupuestales malentendidos, el estudio de factibilidad del concurso dista del estudio definitivo de ingeniería (EDI) con el que se construye, se suelen generar desviaciones en tiempo y en presupuesto, sobre todo en obras lineales. Por otro lado, tras la buena pro las dificultades con las expropiaciones y la permisología causan demoras, a veces de años, que se traducen en adendas.
Realistamente, las adendas son inevitables y necesarias en contratos de APP de 30 años de duración, pero pueden, sin duda, reducirse significativamente y procesarse transparentemente.
Si se lograse concursar proyectos maduros con estudios lo más cerca posible al EDI, en base a contratos estandarizados por sectores con cláusulas que cubran causas habituales de adendas, más su respectiva clausula anticorrupción, y con la mayor parte de los terrenos liberados y los permisos listos, sería muy difícil que se produzca corrupción, y se evitarían las ofertas temerarias y las conductas oportunistas.
Canadá, país referente, concursa sus APP con EDI, más permisos y expropiaciones listas. Las obras empiezan pronto, y usualmente se ejecutan dentro del tiempo y el presupuesto contratados. Pero no somos Canadá, así que ese debiera ser nuestro objetivo final, al cual acercarnos progresivamente al mayor ritmo posible.
En el Perú resultaría imposible ahora concursar con todas las expropiaciones y los terrenos liberados, pues tomaría demasiado tiempo lograrlo, dado que el registro de la propiedad inmueble es incompleto, solo 70% de las propiedades en el país están debidamente inscritas, y generalmente no existen catastros. Esto amerita una urgente reforma modernizadora del registro de la propiedad inmueble. Entretanto, sería posible apuntar a concursar proyectos que cuenten con un buen porcentaje de las propiedades afectadas debidamente liberadas, para iniciar las obras pronto. Y mientras la obra se desarrolla se puede completar las expropiaciones faltantes.
Concluyendo, la solución no radica en añadir requisitos y trámites más complejos en las distintas etapas de una APP, porque a más tramites, habrá más corrupción. Al simplificar trámites se eliminan oportunidades para la corrupción. La solución tampoco reside en prohibir las adendas, sino en mejorar los procesos para evitarlas en lo posible. Lo cierto es que con mejores estudios y mejores contratos habrá menos adendas.
