Karim Batallanos
Gestión, 9 de abril del 2026
Agilizar procedimiento no implica reducir estándares ambientales o sociales, sino fortalecer la institucionalidad y brindar seguridad jurídica a todos los actores.
La minería continúa siendo uno de los pilares más sólidos de la economía peruana. En ese contexto, el desafío que enfrenta el país no es discutir su existencia, sino cómo aprovechar mejor su potencial para impulsar el desarrollo sostenible en las regiones.
El Perú posee algunos de los depósitos minerales más importantes del mundo: el cobre, el zinc, el oro y la plata que producimos son insumos clave para la transición energética y la industria global. Cuando el sector crece, el país también lo hace: cerca del 60 % de las exportaciones peruanas provienen de la minería.
Las cifras recientes reflejan ese dinamismo. Solo entre enero y noviembre del último año, la inversión minera superó los US$ 5.1 mil millones, con proyecciones cercanas a US$ 70 mil millones adicionales en los próximos años. Estos recursos no son únicamente indicadores económicos: pueden traducirse en hospitales, escuelas, carreteras y oportunidades para miles de familias.
El reto no es únicamente recibir el canon (no es un regalo, es una responsabilidad), sino gestionarlo con transparencia, planificación y visión de largo plazo por parte de nuestras autoridades regionales y locales. El Estado, por su parte, tiene la responsabilidad de garantizar reglas claras, procesos predecibles y tiempos razonables para la inversión. Agilizar procedimientos no implica reducir estándares ambientales o sociales, sino fortalecer la institucionalidad y brindar seguridad jurídica a todos los actores.
Por supuesto, es legítimo que existan preocupaciones. La historia de la minería en el Perú incluye episodios de incumplimientos y errores que no deben repetirse. Reconocer ese pasado es parte fundamental de construir confianza. Sin embargo, también es importante dimensionar el costo del conflicto prolongado. Cuando una operación se paraliza, no solo se afectan los ingresos de la empresa: se reducen los recursos para las regiones, se suspenden contratos con proveedores locales y se pone en riesgo el empleo.
Las experiencias más positivas en el país muestran que el diálogo temprano y permanente suele generar mejores resultados. Las comunidades que han apostado por el diálogo presentan mayores niveles de inversión local, empleo y espacios de negociación más estables. El diálogo, en ese sentido, no es solo una señal de apertura, sino una estrategia de desarrollo.
El Perú cuenta con recursos clave para la transición energética global, pero esta ventaja no es permanente. Otros países compiten por atraer inversión y desarrollar sus propios proyectos. Por ello, el principal desafío no es la disponibilidad de minerales, sino la capacidad de construir acuerdos duraderos entre empresas, comunidades y el Estado.
Aprovechar esta oportunidad requiere el compromiso de todos. Una minería responsable, con altos estándares y participación efectiva, es una de las vías más concretas para impulsar el desarrollo sostenible en el país.
En ese camino, es fundamental fortalecer los espacios de articulación entre el sector público, privado y las comunidades. Mecanismos como las mesas de desarrollo, los convenios marco y los procesos de consulta previa deben evolucionar hacia esquemas más efectivos, con seguimiento, cumplimiento de compromisos y resultados tangibles para la población. La confianza no se construye únicamente con anuncios, sino con acciones sostenidas y verificables en el tiempo.
En definitiva, nuestro país necesita asumir con mayor sentido de urgencia la ventana de oportunidad que representa la transición energética. El cobre y otros minerales críticos serán determinantes en los próximos años, pero los capitales buscan entornos competitivos, estables y previsibles. Si el país no logra destrabar proyectos y generar condiciones adecuadas para la inversión responsable, corre el riesgo de quedar rezagado frente a otras economías. La oportunidad está vigente, pero no será indefinida.
