Jaime de Althaus
El Comercio, 28 de marzo del 2026
“Se están planteando ideas interesantes, que apuntan a los problemas estructurales del Perú“.
No sé si los debates presidenciales ayudarán a los electores a decidir por quién votar, pero sí sirven para constatar algunas posiciones recurrentes y una idea nueva que no veíamos desde los noventa.
Cerca de la mitad de los candidatos, por ejemplo, denuncia el llamado “pacto mafioso”, que involucra a todos los partidos del Congreso o cuando menos a aquellos que se han puesto de acuerdo para manejar la Mesa Directiva. Es una manera de ampararse en el rechazo de la población al Congreso y a los congresistas para captar votos, pero es también un eficaz recurso retórico del sector ‘progre’, o de izquierda o ‘caviar’ que ha perdido posiciones en el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia.
Es interesante, de otro lado, la unanimidad en la fuerte condena a la corrupción. La idea de que el Estado es un botín presupuestal que ha sido capturado por personas que entran a robar es casi generalizada. Al respecto se propone penas agravadas como cadena perpetua y muerte civil, pero no se va a las causas ni a las consecuencias. Una de las causas es la proliferación regulatoria. A más normas, más pagos indebidos para poder cumplir con ellas. Solo uno o dos candidatos propusieron desregulación profunda no solo para tener una formalidad inclusiva, sino para eliminar la extorsión de las coimas.
La mayor parte tampoco abordó la consecuencia obvia que se desprende de señalar un Estado capturado por la corrupción: que debe hacerse una cirugía profunda para retirar de los ministerios y de los gobiernos subnacionales a los servidores públicos que ingresaron para medrar sin concurso y sin meritocracia. Tampoco condenaron las leyes aprobadas por el Congreso que nombran y dan beneficios adicionales a los CAS, personal temporal al que se le ha dado estabilidad laboral absoluta sin meritocracia ni evaluaciones, y al que no se le puede exigir nada. Ni proponen lo mínimo: una ley para que esas personas pasen, previo concurso, al régimen del servicio civil, que es meritocrático. Indispensable, además, si queremos tener servicios públicos eficientes. Tampoco plantearon formas público-privadas de gestión de los servicios públicos ni esquemas que simulen competencia.
Sin embargo, lo que ha sido una novedad, por lo menos desde el Movimiento Libertad de 1990, ha sido la propuesta de varios candidatos de reducir el Estado. Plantean reducir el número de ministerios, incluso hasta seis como propone Rafael López Aliaga, quien lidera esta corriente. Propone incluso tercerizar a empresas supervisoras de nivel mundial las autorizaciones de operación a las actividades privadas como la minería.
Pero reducir el tamaño del Estado también implica la cirugía mayor que mencionábamos arriba. El Estado se ha llenado de personas que son una carga porque han entrado a cobrar comisiones y a poner trabas a los privados para cobrarles por autorizaciones para operar. De hecho, es insólita la estadística que revela que los empleados públicos ganan en promedio más que los privados, pese a que estos los financian.
Pese a todo, entonces, se están planteando ideas interesantes, que apuntan a los problemas estructurales del Perú.
