Jaime de Althaus
Para Lampadia
Gracias a leyes que se han dado y a una mucho mejor coordinación interinstitucional, la policía efectivamente está teniendo algunos resultados en la lucha contra la criminalidad, algo que no se está reconociendo.
Sin embargo, la lucha es desigual. La policía no tiene las tecnologías que requiere para neutralizar el uso de la tecnología avanzada que la criminalidad sí maneja.
La clase política, sobre todo la regional, y parte del periodismo, tampoco colaboran ni están alineados en una lucha que es de vida o muerte para el país y para la democracia.
Vayamos por partes. La tasa de homicidios por 100 mil ha venido aumentando los últimos años, pero según data presentada por el INEI, el número de homicidios había bajado ligeramente el último trimestre del año pasado. Esta tendencia viene confirmándose en los números que presenta la Policía Nacional para este año, desde el 1 de enero hasta el 2 de febrero, en comparación con los años anteriores:
Como vemos, el número de homicidios a nivel nacional ha sido menor en enero. En Lima, sin embargo, es algo mayor, debido a que los remanentes de las importantes organizaciones desmanteladas (El Monstruo, El Jorobado y otras cuatro) cometen asesinatos para afirmar su poder territorial.
Al mismo tiempo, la disminución en el número de denuncias de extorsión es bastante más notoria. Lo vemos en el siguiente cuadro:
Esto, sin embargo, es más difícil de interpretar. Los homicidios son muy claros: hay un cadáver con nombre y apellido. La estadística es más cierta. Pero en el tema de extorsiones hay zonas y personas que ya no denuncian, que se han acostumbrado a pagar. Es el caso de Gamarra, por ejemplo. Pero, como decíamos, en Lima sí han sido desmantelas las principales organizaciones extorsionadoras gracias principalmente al decreto legislativo que permitió que la UIF solicite a la banca toda la información de las cuentas en las que se depositan los montos exigidos por los extorsionadores.
Trujillo, ciudad que sufre las extorsiones como un mal endémico hace más de dos décadas, está dominada por Los Pulpos y otras organizaciones. Los Pulpos sufrió hace poco un golpe fuerte con la detención en La Paz de la pareja sentimental del líder Jhonsson Pulpo, que ya ha amenazado al jefe policial de la libertad e incluso al comandante general de la Policía.
No obstante, allí se ponen de manifiesto más claramente las limitaciones de la Policía y del Estado en la lucha contra la criminalidad.
Para comenzar, las economías ilegales (minería ilegal, narcotráfico) son más fuertes que las legales, y ofrecen protección y dinero a políticos y autoridades.
Cuando un jefe policial empieza a tener resultados, sufre una campaña de críticas y desacreditación, para amedrentarlo o que lo remuevan.
La prensa y las redes no acompañan los éxitos, sino que levantan las críticas y los atentados.
Los sicarios son menores de edad, matan o ponen explosivos por 40 o 50 soles. 78 fueron intervenidos y detenidos, pero son inimputables penalmente. Se requiere poder castigarlos y paralelamente un programa preventivo de contención social y ocupación para familias y jóvenes de bajos recursos, pero ni el gobierno regional ni las municipalidades actúan.
Los Pulpos y las demás organizaciones tienen tecnología que la policía no tiene. Usan metadatos, extorsionan con whatsapp y redes sociales, usan tecnologías VPN[1], pueden enmascarar una dirección IP como si estuviera en otro país, en fin. La Policía no tiene las tecnologías para rastrear e interceptar esas comunicaciones. Necesita que haya una oficina de Meta en el Perú, y un equipo llamado Pegasus, que permite rastrear direcciones e interceptar whatsapp.
Aparentemente ese equipo solo se podría adquirir mediante un acuerdo gobierno a gobierno. Habría que pedírselo a Estados Unidos ahora que el Perú ha sido declarado aliado principal extra-OTAN.
También se requiere mochilas de geolocalización portátiles y una tecnología israelí llamada Easy Catcher, para localizar celulares y equipos con precisión. Y más equipos Cellebrite que sirven para extraer, analizar y gestionar datos de celulares y otros soportes digitales. Tienen muy pocos.
La PNP acaba de publicar el Plan Mariano Santos actualizado que identifica y valoriza la brecha de equipos, tecnología, infraestructura, capacitación, etc. de la Policía. Es un plan al 2035, por valor de 29 mil millones de soles.
Son más de 800 páginas que nadie va a leer, pero en ninguna de identifica las tecnologías arriba mencionadas que se requieren ahora contra las extorsiones. ¿??
Hay otro problema: el “doseo”. Los doseadores son por lo general jóvenes expertos en informática y hackeo que por, digamos, 400 soles, venden a los extorsionadores paquetes de información con todos los datos imaginables de cualquier ciudadano: cuantas bancarias, ingresos, propiedades, empresas, familia, amigos, antecedentes, todo. Por eso extorsionan a los transportistas con tanta facilidad, por ejemplo.
Pero hace un par de semanas por fin se publicó el decreto legislativo 1611 que penaliza la venta de datos de esa naturaleza.
Los congresistas deberían visitar la dirección contra las extorsiones para enterarse de las carencias tecnológicas de la Policía. El mismo presidente de la República debería hacerlo. Lamentablemente el liderazgo inicial que desplegó que ayudó a coordinar y mejorar la gestión, se perdió en viajes y escándalos. Una pena. Lampadia
[1] VPN (Red Privada Virtual) permite crear una conexión segura y cifrada a través de Internet, protegiendo la privacidad del usuario y permitiendo acceder a contenido restringido.
