María Cecilia Villegas
El Comercio, 19 de enero del 2026
“Si el 70% del presupuesto de Essalud es financiado por el sector privado, ¿qué esperamos para impulsar la reforma de la institución?”.
Hace unos días, Anita llegó ilusionada al hospital Rebagliati. Había llegado la fecha para su operación de cadera luego de un larguísimo proceso de más de un año. Tenía todos sus exámenes y, lo más importante, había conseguido las donaciones de sangre necesarias para operarse. Mientras iba en el taxi sonreía, ya no tendría más dolor ni tendría que usar un andador. Pero su ilusión acabó cuando, tras horas de espera, le informaron que no había salas de operaciones disponibles por reestructuración y que debía reprogramar la cirugía directamente con su médico. Anita era una de más de 15 pacientes que, como ella, habían llegado al hospital para una operación programada con meses de anticipación.
Como la operación no se realizó, el proceso regresó a fojas cero. Nuevamente debía pasar por interminables consultas y exámenes. Anita decidió sacar una cita privada con el cirujano, como hacen miles de peruanos que ya no esperan milagros públicos. No quería un mejor trato, quería saber cómo destrabar el mismo sistema al que ella ha financiado durante más de cincuenta años. Porque en este país tener seguro no significa atención. Y no es un caso aislado. Es la consecuencia lógica de un sistema monstruoso. En el Perú, nueve de cada diez personas tienen un seguro, pero siete de cada diez no reciben atención cuando la necesitan. Anita recién será operada el 8 de junio.
¿Qué sucede en Essalud? Corrupción generalizada, financiamiento insuficiente, deudas a proveedores, mala gestión, saturación hospitalaria, escasez de medicamentos e insumos y un exceso de personal administrativo sobre el médico son algunos de los problemas encontrados. Al ser una entidad pública, está en el ámbito del Fonafe. O estaba, porque en la ley de presupuesto del 2026, el Congreso, con la anuencia del gobierno interino de Jerí, flexibilizó controles. Hoy Essalud puede aprobar modificaciones presupuestales sin autorización previa del Fonafe. Es decir, carta blanca para hacer lo que le dé la gana. ¿Quién logró ese cambio? La congresista Magaly Ruiz, de APP. El mismo partido de César Acuña que –según múltiples sindicatos– controla nombramientos, órdenes de compra y direcciones regionales. No es reforma: es franquicia.
Este año, Essalud administrará un presupuesto gigantesco: más de S/17.000 millones. Y una parte muy importante se va a adquisiciones. Justo donde la tentación es la regla y la transparencia la excepción. Equipos que no llegan, medicinas que desaparecen, servicios que se subcontratan sin que quede claro por qué ni a quién y proveedores agradecidos que dejan su cupo a los nombrados a dedo. Mientras tanto, los hospitales siguen con quirófanos sin uso porque alguien olvidó contratar técnicos o renovar un equipo.
Ajenos a la realidad, seguimos discutiendo si el problema es plata, gestión o prioridades. Cuando en realidad es de poder. Essalud no es un servicio público: es un botín político. Un espacio donde partidos, sindicatos y burócratas compiten no para curar a nadie, sino para hacerse del presupuesto.
Mientras sigamos permitiendo que Essalud sea repartija para punteros políticos, banco de empleos para congresistas o caja chica para campañas, la salud de millones, como Anita, seguirá dependiendo de un milagro burocrático. Si el 70% del presupuesto de Essalud es financiado por el sector privado, ¿qué esperamos para impulsar la reforma de la institución donde se atienden nuestros trabajadores? Necesitamos lograr la gestión privada de Essalud porque no podemos seguir teniendo interferencia política y corrupción en la administración de salud de millones de peruanos.
