Jaime de Althaus
Para Lampadia
Los equipos especiales terminaron siendo vehículos de penetración ideológica y política en el Ministerio Público, lo que desnaturalizó su razón de ser.
Hay quienes piensan que la desactivación de los equipos especiales en el Ministerio Público es un golpe a la justicia y a la lucha contra la corrupción, ejecutada además por un Fiscal de la Nación que había sido denunciado precisamente por uno de esos equipos.
Recordemos que dos de ellos se formaron en el contexto de una justa reacción contra la revelación de casos de corrupción indignantes como los sobornos pagados por Odebrecht y otras empresas brasileras (Lava Jato) y los arreglos por lo bajo en la Corte del Callao (caso Cuellos Blancos del Puerto).
El problema, en el primer caso, fue que, junto con los casos de sobornos a funcionarios o autoridades, los fiscales y jueces criminalizaron las donaciones de campaña que no eran delito, encarcelaron injustamente a lideres políticos, convirtieron a partidos políticos en organizaciones criminales y destruyeron la credibilidad de parte importante de la clase política, provocando a la postre la elección de Pedro Castillo.
En otras palabras, desataron una persecución política inaceptable en una democracia.
Algo de eso hubo también en el caso del equipo contra los Cuellos Blancos del Puerto.
Ese equipo ha tenido pocos avances, pero estuvo impulsado por una muy fuerte y eficaz campaña mediática lanzada desde IDL con filtraciones selectivas, una de ellas contra el actual Fiscal de la Nación Tomas Gálvez precisamente.
El, sin embargo, ha explicado que existe gran cantidad de audios con Cesar Hinostroza porque ambos compartían la dirección de la Escuela de la Magistratura, y no hay uno solo con contenido delictivo. Pero la JNJ de ese momento, politizada también, lo destituyó.
Y el tercero, el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), tuvo un inicio auspicioso con las investigaciones sobre Castillo y su entorno pero luego se convirtió igualmente en un instrumento de objetivos políticos como la manera como fabricó la acusación contra Patricia Benavides (más allá de si es culpable o no de actos delictivos) y la manera cómo investigó a la ex presidenta Dina Boluarte y su hermano, con actuaciones mediáticas y filtraciones que violentaban el espíritu del artículo 117 de la Constitución y que parecían orientadas por un propósito claramente extra judicial.
En suma, esos equipos especiales terminaron siendo vehículos de penetración ideológica y política en el Ministerio Público, lo que desnaturalizó su razón de ser. Además, fueron ineficientes. Sus resultados, luego de años, son escasos y el propio Tribunal Constitucional y la Corte Supremo han confirmado de manera implícita la naturaleza política de los casos de donaciones de campaña.
Por lo tanto, su desactivación no solo ayuda a despolitizar la fiscalía, sino debería servir para mejorar el servicio general. Hay en esos equipos recursos y muchos fiscales que son necesarios en las fiscalías ordinarias para luchar de manera efectiva contra la criminalidad y la corrupción.
Al respecto, Gálvez explicó en su discurso de inauguración del nuevo año fiscal, que el Ministerio Público tiene problemas operativos por falta de presupuesto y de fiscales, y que hay además un problema de gestión.
Confía en la mejora de la relación con los otros poderes del Estado para conseguir el presupuesto que necesita, pero no hizo mención al estado del proyecto del expediente judicial electrónico (EJE) que debería ayudar a facilitar y acelerar los procesos, así como la participación de fiscales a dedicación exclusiva en la Unidades de Flagrancia, que reducen el tiempo de los procesos de 20 meses a un máximo de 72 horas.
Es claro que la implementación del EJE y de las unidades de flagrancia lleva a un ahorro en la cantidad de jueces y fiscales necesarios. Necesitamos conocer ese efecto antes de destinar más recursos sin contraprestación de buena gestión, como es el caso de los bonos y el aumento de sueldos que el Congreso les ha regalado. Pero los recursos que realmente se necesiten, luego de garantías de mejora en la gestión, deben ser otorgados, tomándolos de sectores y programas estatales no prioritarios. Lo absolutamente prioritario es este momento es todo lo que tiene que ver con la lucha contra la criminalidad y la corrupción. Lampadia
