Alejandro Deustua
16 de diciembre de 2025
Para Lampadia
El triunfo de José Antonio Kast en el balotaje chileno ha sido arrollador: 16 puntos de ventaja sobre la contendora Jeannete Jara (58% vs 42%) ganando en todas las regiones con el mayor volumen de votos en la historia de ese país.
No obstante esa gran legitimidad, el presidente electo ha convocado a un gobierno de unidad nacional para afrontar las emergencias que marcarán su gestión.
Éstas podrían ser mayores si, al no contar con mayoría parlamentaria, no logra colaboración de parte de la oposición.
Entre las emergencias anunciadas, la migración ilegal requiere de cooperación vecinal y, por tanto, del Perú.
Con anterioridad al balotaje, los cancilleres del Perú y Chile celebraron la primera reunión del Comité Binacional de Cooperación Migratoria para “avanzar hacia soluciones coordinadas sobre la situación en la frontera común” especialmente referida al gran flujo de migración ilegal. Al respecto, los cancilleres de ambos países acordaron implementar patrullajes conjuntos en el área y un mayor intercambio de información sobre movimientos migratorios en el marco de una mayor cooperación policial y de asegurar el libre tránsito legal por la carretera Panamericana.
Esa cooperación se desarrollará mediante entendimientos de Altos Mandos y unidades especializadas de las fuerzas del orden de los dos países. El acuerdo de devolución de migrantes irregulares a sus lugares de origen en Perú y Chile ya está en vigencia mientras se esperan recomendaciones técnicas adicionales de los respectivos equipos de trabajo para establecer una migración “regular, ordenada y segura” en la zona.
Al respecto, ambos gobiernos han expresado expectativas de que, luego de que el presidente Kast asuma el mando el 11 de marzo, éste contribuya a intensificar coordinaciones en la materia. Especialmente si la responsabilidad del problema migratorio venezolano no se encuentra ni en Perú, ni Colombia, ni Bolivia, ni Ecuador sino en la dictadura de Maduro. Si su problemática afecta el orden interno de todos estos países la problemática bilateral a solucionar debiera tratarse también en el ámbito subregional andino.
Como se sabe, la crisis multidimensional chilena diagnosticada por el presidente electo ha definido prioridades entre las que destacan las emergencias de seguridad, la económica y la social resumidas en la crisis del Estado según las bases programáticas del ex-candidato.
La crisis social deberá resolverse transformando el exceso asistencialista en eficacia en el gasto público exigiendo responsabilidades de implementación al Estado y a los ciudadanos, prescindiendo de criterios ideológicos, mejorando el acceso al mercado de las familias y restaurando el sentido de comunidad.
La crisis económica definida como estructural se refleja en el estancamiento del crecimiento en el período 2014-2024 (1.8% anual), déficits fiscales “disfrazados de inversión”, una deuda pública real de casi 42%, incremento del desempleo (21.6% el juvenil), un nivel pobreza que bordea el 20% y una clase media que ha perdido capacidad adquisitiva. Sin hacer referencia a la “trampa del bajo crecimiento” regional, esa “decadencia” deberá superarse generando mayor “productividad, eficiencia, innovación e inversión” para lograr 4% de crecimiento (la proyección regional de la CEPAL es 2.3% para el 2026) y un mejor aprovechamiento de las ventajas comparativas ampliando el mercado externo.
Sin embargo, la crisis de seguridad es la que convoca la mayor preocupación entre los chilenos y en el programa de Kast. Aquélla cuestiona la legitimidad del Estado permitiendo el “avance incontestado” del crimen organizado y del narcotráfico mientras que el inmenso flujo migratorio es percibido como central al presionar el mercado laboral, las finanzas , las cárceles y los servicios públicos. Para superar la crisis se reclama recuperación institucional, de las fuerzas del orden y del control fronterizo.
Éste se incluye en un plan integral de seguridad que incorpora el plan “Escudo Fronterizo” para cancelar totalmente la inmigración ilegal cerrando todos los pasos no habilitados. La iniciativa es considerada como una declaración de soberanía nacional y no sólo una política migratoria. Ello implica construcción de muros y zanjas, cercos perimétricos, centros de detención y expulsión, torres de vigilancia y drones autónomos a cargo de las Fuerzas Armadas con facultades plenas.
El ejercicio de la soberanía interna de todo Estado es incuestionable. En zonas de frontera ese ejercicio debe ser, sin embargo, cauteloso para evitar incidentes vecinales causados por migrantes ilegales.
Al tener el Perú similar interés que Chile, la cooperación resultante debe orientarse a lograr la máxima eficacia en la tarea y minimizar el riesgo de fricción.
Por tanto, a partir del 11 de marzo, cuando asuma la presidencia Kast, las cancillerías y las instituciones responsables de ambos países deben intensificar la coordinación necesaria para evitar contratiempos.
Pero para solucionar el problema de fondo la obligación principal del presidente Kast debiera orientarse, junto con los andinos, a asistir en el tránsito democrático en Venezuela. Lampadia
