La pobreza del debate académico sobre la regulación laboral
Jaime de Althaus
Para Lampadia
Me he quedado muy sorprendido y preocupado por la respuesta del conocido politólogo canadiense Maxwell Cameron al comentario que yo le hice a su presentación sobre “¿Democracia sin partidos y sin Estado?” organizada por el CIES.
Yo sostuve allí, entre otras cosas, que el estallido y la fragmentación del sistema de partidos que teníamos en los 60 y en los 80 no fue ocasionado por Fujimori (como decía Cameron) sino por el colapso del orden populista-estatista, por la hiperinflación y el avance incontenible de Sendero Luminoso.
Fujimori fue justamente el primer outsider. Fue consecuencia, no causa.
El modelo económico liberal y privatizador aplicado a partir de los 90 no incrementó la desigualdad como sostuvo el politólogo, sino que redujo la pobreza de 60% a 20% e incluso la desigualdad social, urbano-rural y regional.
Pero no la informalidad laboral, que nunca bajó del 70% de la población trabajadora. Surgió una nueva clase media, pero principalmente informal.
La causa de esto fue el aumento de los beneficios y costos no salariales del trabajo en los 90, tal como demostraron Jaime Saavedra y Miguel Jaramillo de GRADE, y el restablecimiento de la estabilidad laboral absoluta a partir del 2002. A esto hay que agregar un salario mínimo alto en relación con el ingreso promedio y una asfixia regulatoria creciente en todos los órdenes.
Es muy difícil construir un sistema de partidos sobre una base informal tan amplia. Los informales en cierto sentido no son ciudadanos plenos. El fujimorismo, llamado naturalmente a representar al sector emergente informal, perdió conexión luego de la huida de Fujimori y su posterior demonización. Keiko no siguió esa línea.
En general, la propia dinámica parlamentaria lleva a un clientelismo de grupos organizados y rentistas que demandan beneficios y privilegios y que son percibidos como bolsones concretos de potenciales votos (sindicatos, maestros, trabajadores de salud, jueces, ahorristas de AFP, etc.). Es un círculo vicioso porque esos beneficios otorgados encarecen aún más la formalidad o socavan la meritocracia.
Entonces ningún partido representa a los informales, porque es un grupo amplio y disperso que, así como no se organiza tampoco es capitalizable como objeto clientelista porque no percibe el beneficio de una reforma. Salvo que se trate de un grupo muy específico con poder económico y de movilización, como los mineros informales, que tampoco se formalizan por requisitos imposibles.
El costo de la formalidad tuvo otra consecuencia: en la medida en que los emprendimientos no podían crecer en el mercado formal, las economías ilegales y el Estado -sobre todo, a través de los gobiernos subnacionales- se convirtieron en vehículo de movilidad social ascendente.
El Estado se patrimonializó y se formaron movimientos regionales que desplazaron a los partidos, limeñizándolos, para capturar el botín presupuestal.
Maxwell Cameron resaltó la vinculación que hice entre el modelo económico y los partidos políticos, pero manifestó su desacuerdo.
Sostuvo, contra toda la evidencia, que la informalidad es consecuencia no de los costos de la formalidad sino, al contrario, “de una desregulación de los mercados de trabajo” (sic), y que “la forma de eliminar la informalidad no es reduciendo los costos de la formalidad sino a través de un sistema fiscal que permita que hay una regulación de los centros de trabajo y obligar a todos quienes trabajan tener un contrato laboral con beneficios sociales”.
Es increíble. Nadie le ha informado que el mercado laboral peruano esta sobreregulado:
Que hay cerca de 2 mil páginas de regulaciones laborales,
Que los costos no salariales en el Perú son de los más altos de la región,
Que hay estabilidad laboral absoluta y
Que alrededor del 40% de la población tiene ingresos por debajo del salario mínimo, de modo que dicho salario se convierte en una valla imposible de superar para la mayor parte de las micro y pequeñas empresas, que no pueden formalizar a sus trabajadores.
Tampoco sabe que hay una entidad que se llama la SUNAFIL que persigue a las empresas de todo tamaño para que los formalicen.
Maxwell reclamó “una presencia mayor del estado en la regulación económica”, cuando justamente el gran problema de la economía peruana es la asfixia regulatoria creciente que impide la inversión y el crecimiento de las empresas. En el Doing Bussines del Banco Mundial el Perú era uno de los países con mayor peso regulatorio del mundo.
Pero Maxwell fue más allá.
Sostuvo que atenta contra un sistema democrático de calidad “el extractivismo y el rentismo que son parte del modelo económico”.
Si usa “extractivismo” en el sentido de Robinson y Acemoglu, hay que explicarle a Maxwell que es exactamente lo contario: extractivista y rentista era el modelo proteccionista y estatista anterior, porque extraía rentas de los consumidores y agricultores y del interior para beneficiar a los sectores protegidos.
En cambio, una economía de libre competencia supone que las reglas son iguales para todos. No hay unos más protegidos que otros.
Me parece que Maxwell está repitiendo chichés ideológicos que ya nadie repite en el Perú. Decepcionante. Lampadia
