Jaime de Althaus
Para Lampadia
Un componente crucial de la lucha contra la corrupción y la criminalidad es el restablecimiento de la libertad económica.
Lo que ha ocurrido en nuestro país es que es muy difícil prosperar dentro de la formalidad, dentro de la legalidad, porque es muy costosa y complicada.

El mercado formal está cerrado para la mayoría. Entonces, la captura del Estado o la ilegalidad se convierten en vehículos de ascenso económico y social. Más fácil resultan el Estado o la ilegalidad como medio para la movilidad social y el progreso económico (ver en Lampadia: Un Leviatán excluyente y colonizado.
Si un emprendimiento quiere formalizarse para acceder al crédito formal, por ejemplo, o para captar socios, enfrenta regulaciones laborales, tributarias y sectoriales crecientes con las que tarde o temprano no puede cumplir.
La primera barrera es el salario mínimo, que es relativamente alto como proporción del ingreso promedio en el país, y entonces las micro y pequeñas empresas con frecuencia no pueden solventarlo.
Esto perjudica aún más a los jóvenes que, sin trabajo formal, pueden sentirse tentados a incursionar en actividades ilegales o delincuenciales.
La prueba de que las empresas no pueden crecer en la formalidad, es la distribución de las empresas formales en el Perú: una base muy amplia de micro y pequeñas empresas, una cantidad pequeña de medianas empresas y un número algo mayor de empresas grandes: un reloj de arena. Pocas empresas pequeñas logran convertirse en medianas.
En la minería es claro: los pequeños mineros no pueden formalizarse por la complejidad de los requisitos y por la lentitud del Estado en aprobar los instrumentos. Entonces solo queda la vía informal o la ilegal. Pero se pasa de un extremo al otro: el REINFO es un permiso para trabajar sin requisito alguno, y un canal para la minería ilegal. Pero un minero informal, o ilegal, por más Reinfo que tenga, no puede obtener crédito en la banca formal.
Si no es posible crecer en el mercado formal, bien vale capturar posiciones en un gobierno local o regional o en un ministerio. Los gobiernos subnacionales tuvieron y tienen muchos recursos luego de la descentralización, recursos no recaudados por ellos sino trasferidos desde el gobierno central. Sin una base ciudadana contribuyente que fiscalice el uso de esos recursos, esos gobiernos subnacionales se convirtieron en botines presupuestales. Las licencias se venden y los contratos se asignan a amigos o familiares que montan empresas -esas si formales- para proveer servicios o bienes. Son empresas parasitarias de gobiernos locales o regionales patrimonialistas.
En este marco, la calidad de los servicios públicos no interesa. Con frecuencia se ingresa al Estado para ver la manera de enriquecerse, no de servir mejor al ciudadano. Eso mismo agrava la situación de las personas, que se ven obligadas a buscar medios fuera de la legalidad para resolver sus problemas. Es un círculo vicioso.
Por eso, parte de la solución a los graves problemas de corrupción y delincuencia es abrir el mercado formal para que todos puedan participar y prosperar en él. Lampadia






