Elmer Cuba
Gestión, 28 de octubre del 2025
Un nuevo conjunto de normas que reconozcan la elevada heterogeneidad empresarial y laboral puede ser el primer paso para la formalización económica y laboral.
Los peruanos usamos la palabra «informalidad» casi para cualquier explicación de las causas o consecuencias de nuestros problemas económicos y sociales.
Como es de esperar, la mayoría no se detiene a pensar sobre su magnitud y su diagnóstico. Intentemos algunas definiciones básicas. La informalidad económica nace de la intersección entre la economía y la ley. Es decir, tiene dos progenitores.
Si ordenamos -por ejemplo- la productividad de todas las empresas de un sector económico y luego la intersecamos con las diversas normas sectoriales, tributarias, ambientales, laborales y otras, tendremos un primer corte. Un grupo de empresas va a poder cumplir ese conjunto de normas y otro grupo no. Ya tenemos -automáticamente- un porcentaje de informalidad en ese sector. Ahora bien, existe un subgrupo, dentro de las que pueden cumplir las leyes, que decide voluntariamente no cumplirlas en alguno de sus extremos. Ahí tenemos otro porcentaje de informalidad.
Resumiendo, tenemos dos tipos de informalidad. Los informales por nacimiento y los informales por decisión. Los que no pueden, materialmente, cumplir la ley y los que, pudiendo cumplirla, deciden eludirla. Los porcentajes de cada tipo pueden cambiar por sector o subsector.
Con este marco teórico simple, podemos aproximarnos a cualquier sector e incluso al mundo laboral.
Las políticas para reducir la informalidad del primer tipo tienen que ver con recalibrar las normas que han generado que un alto grupo no pueda cumplirlas y para el segundo tipo, la respuesta es la fiscalización y control.
No tiene sentido económico (y político) reprimir si las normas mal calibradas son las causantes. Tiene sentido reprimir, si las normas están bien diseñadas y las empresas desafían abiertamente el estado de derecho. Repito, esto puede cambiar de sector en sector.
Un nuevo conjunto de normas que reconozcan la elevada heterogeneidad empresarial y laboral puede ser el primer paso para la formalización económica y laboral. Sin embargo, la salida final es el crecimiento económico. Así, con el aumento de la productividad empresarial y laboral, será posible que cada vez más empresas y trabajadores puedan cumplir las diversas legislaciones que norman las diferentes actividades económicas, una vez que éstas hayan sido recalibradas.
Existen casos extremos como la producción y comercialización de cocaína o la explotación de oro en la selva amazónica. En este caso, son actividades prohibidas, la «informalidad» es de 100%. Y no se puede recalibrar la ley. Sólo queda la represión.
En el caso de la explotación de oro en zonas permitidas, pero de espaldas a los concesionarios, la tributación y otras normas del sector, cabe la pregunta de soló reprimir bajo la ley actual o promulgar una ley MAPE (mejor que la normatividad actual) y luego reprimir si no se cumple.
Según el INEI, la informalidad económica no llega al 20% del PBI. Hay sectores donde es mayor, como en el caso de la minería ilegal de oro donde llega al 50% del total. Pero en otros es nula, como en el caso del mercado de seguros o el mercado de eléctrico.
En el caso laboral, cerca del 65% de los trabajadores dependientes no cumple la ley del trabajo. De ese total de trabajadores informales, 25% lo hizo por decisiones junto a su empleador y 75% simplemente no gana lo suficiente como para cumplir la legislación (salario mínimo, aportes a la seguridad social, vacaciones, etc.). Dentro del 25%, muchas empresas son informales.
Desafortunadamente algunos colegas, políticos, periodistas y empresarios repiten sin vacilar que la economía peruana presenta una informalidad del 70%. Deberíamos ser más cuidadosos con esas cifras. Las empresas informales producen cerca del 20% del PBI, distinto es que la gran mayoría de pequeñas y microempresas sean informales o que no siéndolo tengan trabajadores al margen de las leyes laborales.
