Si no queremos seguir eligiendo incompetentes y pícaros reyezuelos, debemos decidir informados
Jorge Zapata
Gestión, 12 de setiembre del 2025
Lo que queda es asumir nuestro deber con absoluta responsabilidad, más aún ante procesos electorales complicados.
Cuenta la historia que un rey llegó a acumular tanto poder que se permitió acuñar la frase: «El Estado soy yo». Siglos después, la democracia tomó forma como sistema de gobierno, ante la injusta e inconveniente concentración de atribuciones que regía en el Antiguo Régimen. Los objetivos de este sistema, adoptado por repúblicas como la nuestra, son, entre otros, controlar las acciones de los gobernantes y obligarlos a rendir cuentas ante la ciudadanía que los elige. El encargo que se otorga está limitado por la Constitución, las leyes, la temporalidad y, sobre todo, la consideración hacia los ciudadanos a quienes gobiernan.
Sin embargo, hoy, en pleno siglo XXI, encontramos personas que no entienden esos conceptos. Lo irónico es que, entre ellas, se encuentren -precisamente- ciudadanos a los que se les ha encargado ejercer el poder.
Entonces, con frecuencia, nos hallamos en medio de decisiones, variadas en su origen, pero alineadas en sus formas arbitrarias. Van: desde obras que -a su exclusivo e «infalible» entender- la población necesita, para iniciarlas sin contar con expedientes técnicos completos y de calidad; pasando por la colocación de amigos en cargos para los que no están preparados, o, la creación de puestos especiales para ellos; hasta disposiciones de cerrar avenidas para hacer las fiestas «necesarias» para el lucimiento ante los votantes, o, simplemente, a mérito de su necesidad de pasar por ahí.
De esa manera, al equilibrio emocional granítico que el ciudadano común debe conservar, -si requiere transitar por nuestras caóticas carreteras o avenidas cerradas a criterio de cualquier hijo de vecino que ostente ese poder-; se suma la paciencia necesaria para no enfermar a causa de la indignación que produce visualizar un paisaje plagado de obras públicas inconclusas.
Pero si algún peruano, con vocación de santo, encuentra en lo señalado insuficiente motivo para mortificarse, siempre podrá abrir un diario, sintonizar una radio, canal de noticias, programa dominical de señal abierta o navegar por redes sociales para atragantarse con las denuncias de corrupción que en cantidad y variedad saturan dichos espacios.
El 2026 tendremos elecciones generales, regionales y municipales. Y, después de muchos años, dos cámaras legislativas. Esto puede verse como una oportunidad o como una amenaza. La dispersión de candidatos pareciera conducirnos a lo segundo, pero no debemos resignarnos ante tal posibilidad por una sencilla razón: está en nuestras manos nuestro destino. Nosotros tenemos la opción de cambiar el rumbo o de seguir transitando por el camino de la decadencia. Lo que queda es asumir nuestro deber con absoluta responsabilidad, más aún ante procesos electorales complicados y, a su vez, trascendentes como pocos en nuestra historia reciente. Al ciudadano le toca conocer a los candidatos, sus planes y propuestas para decidir informado. Y a los empresarios contribuir con facilitar ese voto informado. Ambos estamos obligados a cumplir nuestro rol si no queremos seguir eligiendo incompetentes y pícaros reyezuelos que asumen que el Estado es suyo.
