Por: Ljubica Vodanovic, socia de Vodanovic Legal
Gestión, 28 de abril del 2022
“Para las compañías digitales que miran al Perú, la falta de interoperabilidad dificultaría la entrada de nuevos competidores a la industria de pagos”.
La pandemia del covid-19 aceleró todo lo digital, especialmente en la industria de pagos de bajo monto. Hoy el 65% de los peruanos ha probado al menos un pago digital y ha decidido no regresar al uso del dinero físico. El reto es que sea asequible para el 40% restante. La pregunta es cómo lograrlo.
En todo desarrollo innovador, una parte es el talento de los privados para crear soluciones que mejoren la experiencia del usuario, además que deben hacerlo de manera segura, evitando fraudes y protegiendo los datos personales. No es tarea sencilla, pero la experiencia muestra que las empresas exitosas son las que emprenden respetando las reglas de juego y enfocándose en sus usuarios. En este aspecto, resulta clave las alianzas estratégicas que ya se están dando en el mercado. Si un proveedor de pagos encuentra un aliado con presencia e infraestructura habilitada, le será más sencillo y menos costoso escalar su solución. Sin embargo, toda alianza representa desafíos, ya que el riesgo de fallar no solo está en la empresa sino también en el aliado. Por ello, son recomendables evaluaciones, desde el ángulo legal y regulatorio, además de pruebas de seguridad antes de lanzar los productos masivamente.
Pero en el sector privado no recae toda la responsabilidad. En el nuevo contexto de aceleración de lo digital, es también tarea del sector público brindar una regulación adecuada, que sea promotora de la innovación, la competencia y que, al mismo tiempo, proteja a los usuarios. Aquí un tema fundamental -y que es de interés de las compañías tecnológicas que ven al Perú como una plaza potencial- es la inter operabilidad. Esto significa que un cliente pueda realizar pagos y transacciones con diversas contrapartes, independiente mente del proveedor.
Nuestro sistema de pagos convencional es regulado y supervisado por el Banco Central de Reserva. Por ley, en ella participan hoy únicamente las entidades que son parte del sistema financiero (bancos y demás empresas financieras). Siendo así, nuevos proveedores de pagos tales como las empresas emisoras de dinero electrónico (EEDE), si bien tienen licencia, no participan. Para que sus soluciones sean interoperables deben recurrir a una empresa del sistema financiero y colgarse de su cuenta. Esto, en la práctica, dificultaría la entrada de nuevos competidores pues depender de un banco representa para ellos un riesgo que no necesariamente quieren correr, pudiendo ir a países donde ya existe inter operabilidad como Costa Rica, Brasil, Argentina y varios países de Europa.
Para las autoridades, tener un sistema de pagos interoperable en el actual contexto representaría, además, la posibilidad de conocer mejor a sus actores, regularlos y detectar sus riesgos, lo cual es más relevante si el Perú opta por el Open Finan ce, que significa que las entidades financiera s comparten información de sus clientes (previo consentimiento de estos) para que terceros proveedores les brinden diversos servicios financieros. Así, el trabajo coordinado público-privado será la clave para afrontar los grandes retos que se vienen a favor de una mayor competencia e inclusión financiera.
