Entrevista a Jaime de Althaus
Perú21, 29 de junio del 2025
Carlos Cabanillas León
Habla de las pugnas en el Ministerio Público, la estrategia contra la minería ilegal, la lucha contra la inseguridad ciudadana, la vacancia presidencial, los problemas del MEF y las candidaturas al 2026.
SOBRE VIZCARRA. «El abuso normalizado de las presiones preventivas, que eran como condenas adelantadas, lleva al público a pensar que, como no le dieron prisión a Vizcarra, entonces es inocente. Ojalá esa decisión sea porque se ha aprendido a limitar ese abuso y no por favoritismo. Porque e los casos Lava Jato se encarceló ´por 36 meses por hechos que no eran delito, como las donaciones de campaña. Ahora se desestima una preventiva de 6 meses por hechos que sí son delito, como los sobornos ya demostrados
¿Cómo resolver la crisis en la Fiscalía de la Nación?
No tiene solución con este Congreso, que tiene rabo de paja. Hay que esperar al siguiente periodo gubernamental. Desde que el Ministerio Público se convirtió en un instrumento de persecución política, las pugnas por su control son a muerte. La Fiscalía está dominada por una corriente ideológica que fue la responsable de haber criminalizado las donaciones de campaña y haber destruido la credibilidad de la clase política, precipitando al país a las manos de Pedro Castillo, con la secuela que aún sufrimos. El Ministerio Público tendría que cerrar todos los procesos vinculados a donaciones de campaña que fueron instrumentos de persecución política. El propio Eficcop se convirtió en un instrumento político con actuaciones que desbordaron el espíritu del artículo 117 de la Constitución. Y tenemos a una Fiscalía enfrentada a otros poderes, haciendo imposible una lucha coordinada contra la criminalidad, que avanza incontenible.
¿Patricia Benavides debe acatar la suspensión y Espinoza debió acatar la reposición de Benavides?
Es inconcebible que Delia Espinoza, encargada de aplicar la ley, haya desacatado una resolución de la Junta Nacional de Justicia. Podía demandar judicialmente esa resolución, como hizo, pero, mientras tanto, tenía que acatarla. Debería ser sancionada por la Junta. De otro lado, la JNJ no ha declarado que Patricia Benavides sea inocente, sino que fue destituida violando el debido proceso y casi sin derecho a la defensa. Espinoza se aferró ilegalmente de esa forma precisamente porque la Fiscalía se ha convertido en un centro de poder y uso político, y por lo tanto en objeto de disputa campal por su control. La criminalización de la política generó una reacción ‘anticaviar’ en el Congreso actual, a la que se sumaron también, es cierto, congresistas que tenían procesos o acusaciones.
La politización de la justicia incluye la electoral, con la investigación a Fuerza Popular y las tachas.
Con 43 partidos y una centro-derecha y derecha hiperfragmentadas, se desarrollará una industria de tachas para eliminar competidores. Lo importante es que el JNE anule inscripciones aplicando la ley de procedimientos administrativos, algo que Burneo al parecer quiere hacer.
Julio Velarde dijo que antes el MEF era respetado. ¿El MEF pasó de ser el ‘Dr. No’ al ‘Dr. Sí, señora’?
Es lamentable. La precaria gobernabilidad de Boluarte se basa en no hacerle contrapeso al Congreso, aceptando casi todo lo que aprueba, y también en ese intercambio de lealtad por obras con gobernadores, alcaldes y congresistas. Salardi no solo no ayudaba en eso, sino que chocó con el statu quo patrimonialista afincado en el Estado, temeroso de que el shock desregulatorio y la concentración de decisiones en Proinversión, a costa de los ministerios, les hiciera perder poder de coima. Pero si se cede a todas las leyes clientelistas que generan gasto, si no se observan, por lo menos habría que desregular para que haya más inversión y más ingresos fiscales. Pero ni uno ni otro.
¿El patrimonialismo explica la argolla que gobierna y legisla? ¿Necesitamos un Milei para esa casta?
Así es, y no solo por eso, sino porque el crecimiento ha sido asfixiado por la montaña de regulaciones que muy pocos pueden cumplir, aplastando los emprendimientos e informalizando más aún. Hay que eliminar regulaciones y liberar las fuerzas productivas. Para eso hay que erradicar las argollas y núcleos patrimonialistas que se han enquistado y apoderado del Estado, y que generan peajes burocráticos o demandan y reciben regalos rentistas del Congreso. Y hay que introducir meritocracia absoluta.
Observan la ley pro-Proinversión, pero no la que le da puntos del IGV al gasto corriente municipal.
Si vas a quitar 2 puntos del IGV para regalárselos a gobiernos locales sin capacidad de ejecución, por lo menos compensa esa reducción con inversión público-privada y privada, fortaleciendo Proinversión y desregulando para generar más ingresos. Lo peor es que ese regalo incentiva a los alcaldes a no recaudar. Para qué si reciben ingentes transferencias del cielo con la consecuencia de que no generan una base de ciudadanos contribuyentes fiscalizadores, lo que les permite dar rienda suelta sin control a la distribución de recursos a amigos y parientes.
¿Perdieron soga y cabra soltando a Salardi?
Quiso darles la cabeza de Salardi a la izquierda y a APP para salvar a Adrianzén. Y perdió soga y cabra. La idea de la ANIN era reducir gasto corriente en personal por S/4,000 millones. Eso no pasó. La arcaica y reaccionaria CGTP protestó y denunció el shock desregulador y la propuesta del régimen tributario emprendedor como una amenaza a los “derechos laborales”. Increíble. Salardi era un ministro para otro gobierno.
¿Cómo debería ser la Mesa Directiva, considerando la campaña y un posible escenario de vacancia?
Me parece que Fuerza Popular y APP no quieren vacar; pero, si ese escenario se diera, lo ideal sería que presida el Congreso Gladys Echaíz o alguno de los congresistas militares. Quizá Chiabra o Williams. Lo que queda del ‘Bloque Democrático’ debería llegar a un acuerdo. En teoría, un gobierno transitorio de Chiabra, por ejemplo, pondría mejores ministros y podría tener más liderazgo para dar una lucha contra la criminalidad, y para coordinar a la Policía con el Ministerio Público y el Poder Judicial, hoy enfrentados. Es increíble que no se llame a las operadoras telefónicas para que le den a la Policía la información del IP de los celulares extorsionadores, porque las operadoras exigen autorización del juez, que en estricto no se necesita, porque el nombre del titular del celular y su ubicación no son secreto de las comunicaciones; o que la Secretaría de Gobierno Digital no instale una plataforma de interoperabilidad para que el juez autorice de manera inmediata.
Hay una pugna entre Santiváñez y Arana. El primero impulsa el cambio en IRTP, dominical incluido, y habla de “percepción de inseguridad”.
Podría ocurrir que un programa dominical de la presidenta aumente el rechazo a ella, si cabe. Ninguna comunicación sirve si no hay realidad. Habría que pasar de una “percepción de inseguridad” a una percepción de que el Gobierno está haciendo algo efectivo contra la criminalidad. Para eso tendría que adoptar decisiones para reducir las extorsiones y resolver la incomunicación entre Ministerio Público y Policía, para que sean capaces de coordinar. Tendría que liderar.
¿Se debería pedir apoyo de Estados Unidos contra la criminalidad? Noboa negocia una base militar.
Así es. En el Perú tenemos un “equilibrio de baja letalidad”, una tasa de homicidios bastante menor a Ecuador y Colombia. Y no tenemos asesinatos políticos, porque acá no hay grandes organizaciones criminales y porque no se incauta mucha cocaína, lo que es una mala razón, pero es así. Pero si Noboa, a quien ya le aprobaron una ley muy drástica contra la criminalidad y seguramente va a reinstalar una base militar norteamericana en Manta, tiene éxito en su política de seguridad, la salida de la droga colombiana se va a desviar al Perú y tendremos a los Tiguerones, a los Lobos y los Choneros disputándose los puertos peruanos. Tenemos que sumarnos a la operación Martillo de EE.UU., que interdicta embarcaciones con cocaína en el Pacífico, entre otras medidas. Y tenemos que poner en marcha la interceptación aérea. Necesitamos radares que los EE.UU. podrían darnos.
¿Cómo destrabar los proyectos mineros?
Hace años que se habla de simplificar y reducir permisos, y de la ventanilla única digital. Pero el Viceministerio de Minas no ha avanzado.
Ha señalado las carencias de la estrategia del Gobierno contra la minería ilegal.
Sorprendentemente, el Gobierno sí ha diseñado una estrategia inteligente e integral contra la minería ilegal. El laboratorio es Pataz. Allí hay un comando unificado que golpea a las organizaciones criminales y a los socavones ilegales; y de otro lado se excluyen Reinfos suspendidos, reduciendo el flujo de oro ilegal, y se instalan puestos de control multisectoriales para fiscalizar la trazabilidad del oro. El núcleo de la estrategia es controlar los eslabones neurálgicos de la cadena de valor de la minería ilegal: explosivos, combustible y plantas de procesamiento. Si se logra hacer bien, la minería ilegal muere por asfixia. Lo otro es formalizar. El Gobierno propone formalizar 30,000 mineros hasta fin de año.
Mientras el canon no se ejecuta por falta de gestión, la minería ilegal impacta económicamente.
A diferencia de las extorsiones, que roban y destruyen la economía, el narcotráfico y la minería ilegal generan actividad económica e ingresos, aunque en pésimas condiciones sociales y ambientales, y más aún con los fabulosos precios del oro. Si hubiera más actividad económica formal y mejor inversión del canon, habría menos espacio y menos mano de obra para las economías ilegales. Pero eso supone devolver libertad económica de manera radical, eliminar el peso del Estado y volverlo eficiente.
La Confemin habla de “minería ancestral”.
En el proyecto sustitutorio el concepto de “minería ancestral” ya no aparece. Sí recoge lo que ya estaba en la ley que prorrogó el Reinfo: crear un sistema interoperable para trazabilidad. Culminará en el aplicativo Kori, en el que los agentes deberán registrar con GPS los actos productivos, desde la producción hasta la planta procesadora. Va a ser muy bueno para el control y la fiscalización. Pero hay resistencias: el Minem quiere formalizar este mes a 3,000 que estaban listos, pero varios gobiernos regionales desacatan —está de moda— la ley y no entregan expedientes. De todos modos van a avanzar porque tienen la información en el ministerio. Y el 5 de julio vence el plazo para que los suspendidos en el Reinfo, que son como 70,000, se regularicen, si no, quedan excluidos. Saldrían 40,000 o 50,000. Ya Confemin se está movilizando contra eso. Pero no se puede ceder a esa presión. Esta vez no.
Ningún candidato ha condenado la minería ilegal. ¿Hay que plantear un pacto contra ella?
Sería bueno. La mejor estrategia es la formalización de los formalizables, para aislar a los ilegales y facilitar su control.
“EN LA IZQUIERDA HAY DOS BLOQUES”
Se habla de tres o más bloques de centro-derecha. ¿Qué tan factible será ver alianzas?
Yo solo veo uno con posibilidades de concretarse, que es el del PPC, Libertad Popular, Unidad y Paz, Fuerza Moderna y Sí Creo, aunque todavía no llegan a acuerdos firmes. Si alguien dice que, si no es candidato presidencial, no va, la cosa se complica.
La izquierda se une, pero la derecha se divide.
En la izquierda hay cuando menos dos bloques. Uno integrado por Ahora Nación, de López Chau, que sería el candidato presidencial; Primero la Gente, que pondría a Marisol Pérez Tello como vicepresidenta; Nuevo Perú, cuyo precandidato es el aymara ilustrado Vicente Alanoca; el Partido de los Trabajadores y Emprendedores (ex Patria Roja y gremios como el Sutep), y quizá el Partido Morado. El segundo bloque es el castillista, con Juntos por el Perú de Roberto Sánchez, que quiere llevar a Pedro Castillo al Senado, así como a Aníbal Torres de APU; y también por Cooperación Popular, donde está Yonhy Lescano, que podría ser candidato presidencial. En la derecha no hay conciencia de que esos dos bloques pueden sacar buena votación.
Los partidos vientres de alquiler tienen líos. Y los históricos tendrán internas en noviembre. Hay una desventaja frente a los partidos con dueño.
Así es. El APRA, por ejemplo, quiere adelantar internas porque ven que los partidos de candidato ya lanzado sacan ventaja. Salvo que lleguen a un consenso interno y definan de una vez. Pero eso parece imposible. Lo mismo en Acción Popular.
“El desafío más grande es alcanzar una Ley MAPE realista”
¿Prolongar el Reinfo es un engaña muchachos?
El Gobierno en este caso no podía hacer otra cosa que prorrogar el Reinfo, porque no se aprobó la Ley MAPE y porque necesita un cambio legal para poder formalizar a los que están en concesiones extinguidas, que son la tercera parte.
¿Cómo evitar que la Ley MAPE se convierta en otro Reinfo?
Ese es el problema. El proyecto de ley original contenía un neo-Reinfo que perpetuaba el Reinfo. El sustitutorio, que tampoco se ha aprobado, mejora eso, pero no queda bien claro que, para estar en el Renapma, hay que ser formal. Además, plantea la servidumbre minera para los casos en que el concesionario no dé un contrato de explotación al pequeño minero, lo que perforaría el sistema de concesiones, que es la base de la inversión minera. Creo que el desafío más grande de la democracia peruana en este tiempo es alcanzar una Ley MAPE realista, que formalice, pero que no afecte el sistema de concesiones, que es la base del desarrollo minero. Es casi la cuadratura del círculo; por eso, requiere diálogo genuino entre los distintos actores para llegar a fórmulas de consenso.
