Dante Vera
El Comercio, 25 de octubre del 2024
El Estado, luego de 22 años, fracasó en formalizar la pequeña minería y minería artesanal. El Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) fue infiltrado por la minería ilegal y diversas actividades ilícitas (contrabando, delitos ambientales, explotación humana) y, con el beneficio de la “exención de responsabilidad penal”, favoreció a la impunidad. El 31 de diciembre debe culminar la prolongación del Reinfo que por tercera vez había acordado el Congreso.
El debate se centra en ese punto y el PL del Ejecutivo (MAPE) plantea un período de transición para resolver los casos de los 86.000 mineros pequeños y artesanales que no llegaron a formalizarse. La Confemin y algunos parlamentarios como José Luna (Podemos Perú) y Paul Gutiérrez (Bancada Magisterial) proponen ampliar por cuarta vez el proceso hasta el 2027. Si esta prórroga sin más modificaciones ocurriera, el daño ambiental, a los derechos humanos y en la salud ocupacional, igual que la impunidad, continuarían.
El problema para destrabar la formalización está en el requisito del contrato de explotación o cesión firmado entre el titular del derecho minero y el productor minero artesanal. Este requisito a la fecha no se ha podido concretar por la negativa de los titulares que no están obligados a firmarlo y que reclaman un derecho adquirido, y por parte de los mineros que se niegan a dejar de explotar recursos de concesiones de terceros aduciendo que no tienen dónde trabajar.
El proyecto del Ejecutivo plantea que se aprobarán incentivos para favorecer la firma de esos contratos. Los proyectos de los congresistas proponen la figura de la reversión de las concesiones ociosas al Estado, pero también de aquellas donde haya intervenido el Estado como mediador sin lograr acuerdos entre las partes.
El Grupo de Diálogo Minero y Desarrollo Sostenible propone, en mi opinión, la salida adecuada: derogar el beneficio de exención penal, la depuración del Reinfo y la apertura de una nueva vía ordinaria
