Alejandra Costa
El Comercio, 16 de agosto del 2024
Varias acciones recientes del Gobierno demuestran que no solo no escucha las críticas, sino que tampoco atiende a las propuestas de los especialistas.
Es llamativo que un gobierno que afirma estar comprometido con el avance de la inversión privada para generar empleo y reducir la pobreza escuche tan poco al sector privado.
Lo hemos visto en incontables oportunidades. La entrega de lotes a Petro-Perú sin realizar ninguna licitación. El retroceso en el control del uso de explosivos por parte de la minería ilegal. La vigencia de los nefastos decretos laborales del gobierno de Pedro Castillo. En todos estos casos, las medidas han tenido las consecuencias negativas que los gremios buscaron prevenir sin éxito.
Pero no deja de sorprender la terca sordera con la que el Gobierno ha diseñado el mecanismo para cobrar el Impuesto General a las Ventas (IGV) a los servicios digitales como el ‘streaming’.
En lugar de encontrar la forma de que estas empresas retengan y paguen el IGV, el decreto diseñado por el Ministerio de Economía y Finanzas obliga a las entidades financieras a detectar y cuantificar los pagos que hacen sus clientes por estos servicios digitales, para luego retener, declarar y pagar el IGV a la Sunat, en caso de que estas empresas internacionales no se registren para hacerlo.
Dado que se está cargando con nuevas obligaciones y costos a un sector ajeno al que se busca gravar, lo correcto hubiera sido que el diseño tomara en cuenta la posición de las entidades financieras y que se encontrara la forma de minimizar los costos que afrontarán por esta nueva responsabilidad.
Pero no. Los técnicos del MEF no escucharon las observaciones de la Asociación de Bancos y ni siquiera se han preocupado de calcular cuáles serán los costos o el tiempo que se requiere para implementar este mecanismo.
El Gobierno tampoco buscó los aportes de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional para intentar que el proyecto de ley que propone el ministerio de infraestructura no sea el conglomerado de generalidades que terminó enviando al Parlamento, y aún no se sabe si responderá al llamado al diálogo que ha hecho la Unión de Gremios del Perú sobre la propuesta de fusionar algunos ministerios, en medio del temor de que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo sea uno de los condenados a desaparecer.
El problema de que el Gobierno se aísle en un cono del silencio es que no solo no escucha críticas, sino que tampoco asimila las propuestas. Ojalá que afine su oído y empiece a dar señales de que sí quiere solucionar las trabas a las que se enfrentan las empresas en el Perú, repotenciando, por ejemplo, las casi olvidadas mesas ejecutivas.
