¡Y el Congreso pretende eliminar SERVIR!
Ana Pari
Expresidente de SERVIR
Para Lampadia
Las personas que han alcanzado la formalidad laboral celebran la liberación de los fondos de la AFP y de la CTS, porque esto les significa disponibilidad de dinero. Pero ¿qué hay de aquella inmensa mayoría que labora en la informalidad o que se encuentra en estado de pobreza o extrema pobreza buscando algo de bienestar? ¿Dónde está ese Estado eficiente que brinde servicios de calidad y logre dar bienestar para todos los peruanos?
Además, esa gran estructura de gobierno que ejecuta sus acciones a través de sus trabajadores, también tiene grandes desigualdades entre ellos.
Muchos en el régimen CAS y 276 ni siquiera han cobrado un sol de CTS en su vida laboral. Algunos han ingresado por un concurso en igualdad de condiciones, pero otros lo pueden haber hecho con perfiles a la medida.
Ante ese panorama de desorden e inequidad [que no se agota por supuesto en los ejemplos dados], es apremiante la necesidad de obtener un consenso en todo nivel para impulsar un servicio civil idóneo, meritocrático y eficiente para avanzar hacia el logro del bienestar integral del ciudadano.
En esta línea, para lograr idoneidad debemos empezar por identificar qué características de trabajador necesita una entidad pública (qué profesión, qué especialidades y qué experiencia) y fijar la remuneración de manera objetiva y acorde a dichas características, y no a la discrecionalidad de la autoridad de turno.
Asimismo, para lograr la meritocracia debemos promover concursos públicos transparentes como requisito para acceder a una plaza de trabajo en una entidad; y claro, definir metas claras a cada trabajador para medir la eficiencia de su labor, de tal forma que el trabajador que deba tramitar una referencia hospitalaria para la atención médica de un hijo, de una madre o un hermano, esté obligado a tramitarla en el plazo, sin tolerar demoras injustificadas o eternas.
Estos tres componentes se encuentran dentro del denominado Régimen del Servicio Civil aprobado por Ley N° 30057, el mismo que fue creado en el año 2013 y al cual las entidades públicas que existen en los tres niveles de gobierno deben transitar.
En el 2023, luego de diez años, solo teníamos 18 entidades transitadas. Por ello, con una mirada técnica, mediante Decreto Legislativo N° 1602, emitido en diciembre, se otorgó un plazo de hasta 270 días para que las entidades públicas del Poder Ejecutivo cumplan con transitar al régimen del servicio civil, habiéndose logrado hasta mayo de este año, que más de 60 entidades cumplan con la presentación de su Cuadro de Puestos de Entidad (CPE) ante la Autoridad Nacional de Servicio Civil – SERVIR, en el que identifican los puestos y una proyección del costo presupuestal de todas las plazas identificadas.
Hoy podemos decir que la reforma está implementándose, pero por temor, desconocimiento o lo que es peor algún otro interés, existen en el Congreso de la República numerosos proyectos de Ley que buscan detener la exitosa estrategia emprendida, e incluso derogar la Ley N° 30057, volver todo a fojas cero y convocar a mesas técnicas para pensar en una nueva fórmula. Hubo un letargo de más de diez años, es cierto, pero ahora que la reforma camina a paso agigantado (se proyecta que a octubre del 2024 se tenga aproximadamente 170 entidades públicas del Poder Ejecutivo transitadas), no debería eliminarse para después analizar las mejoras, mientras que el ciudadano y el propio servidor público, siguen nadando en el desorden y las inequidades laborales.
Ciertamente, existe preocupación de algunos trabajadores por ser “despedidos”, pero la reforma realza la necesidad de fortalecer el servicio civil con el mérito y la idoneidad en el ingreso y permanencia de directivos y servidores, no vulnera en modo alguno los derechos constitucionales de los trabajadores, si no que trae consigo reglas claras, 14 remuneraciones anuales, derecho a vacaciones y CTS. Ofrece por fin el Estado una línea real de carrera para aquellos que han decidido servir al Perú. Busca retener a los mejores y ofrecerles un crecimiento profesional, logrando un recurso humano profesionalizado que ofrezca predictibilidad en las decisiones de una entidad.
Si bien es cierto la amenaza actual contra el servicio civil viene por diversos proyectos de Ley que pretenden eliminarlo, existe una propuesta desde el Ministerio de Economía y Finanzas, que podría generar un nuevo frente, bajo el fundamento del “impacto en el presupuesto público”. Claro, existirá un impacto en el gasto, pero en realidad este debe ser pensado como lo que es, una inversión para llegar al servicio civil que el Perú necesita. Por ello, miremos el pedido de delegación de facultades que ha presentado el Poder Ejecutivo ante el Congreso de la República, uno de ellos vinculado a “establecer disposiciones para la implementación progresiva del tránsito al régimen del servicio civil”, propuesta en la que se afirma que la implementación del D. Leg. N° 1602 generará un impacto presupuestal por el costo diferencial de hasta S/ 2523 millones anuales, lo cual debe aclararse, pues además de ser una inversión como se dijo anteriormente, este gasto solo se verá reflejado cuando se desarrollen los concursos públicos de méritos, no ahora, ni de golpe, sino de manera progresiva, en correlación con el principio de sostenibilidad y responsabilidad fiscal, pudiéndose fijar un número máximo de concursos públicos por cada entidad podrá cada año. Es decir, colocar topes porcentuales a las incorporaciones de servidores al régimen de la Ley N° 30057.
En la actualidad tenemos que las entidades públicas han mostrado la decisión de elaborar y presentar sus CPE en los plazos establecidos por el D. Leg. N° 1602. Por ello mismo dicha medida no debería detenerse, ni mucho menos derogarse. Todos tenemos derecho a un servicio público eficiente y profesional. Lampadia
