Jaime de Althaus
Para Lampadia
El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, estuvo pidiendo más presupuesto que el que le han asignado para el próximo año, para asegurar capacidades mínimas para luchar contra la criminalidad. Requiere más jueces, más computadoras, mejores locales, etc. La Policía también necesita más presupuesto, y así sucesivamente. Al mismo tiempo, hay gasto inútil en el Estado que debería suprimirse para destinarlo a lo que constituye la razón de ser del Estado: el orden, la seguridad y la ley.
Vayamos por partes. Lo que se requiere entre el Poder Judicial, o entre el sistema judicial, y el MEF, es un diálogo inteligente que permita asignar recursos con resultados. Es verdad que el sistema judicial no puede absorber ni procesar a la cantidad de delincuentes detenidos, y los suelta. Pero hay que analizar por qué. Es verdad que los procesos duran años y no terminan nunca, mientras que la carga judicial acumulada crece año a año.
¿Todo esto es un problema solo de presupuesto? No. El propio Dr. Arévalo declaró hace un tiempo que el Poder Judicial tiene unas propuestas de modificaciones legislativas para reducir la litigiosidad y simplificar procesos.
Hemos pedido esas propuestas y no nos las han alcanzado. El MEF podría pedirlas, para ver cuánto se puede ahorrar por allí. Pero lo otro es el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP), que en la medida que pasaba a la oralidad y a una dinámica ágil de contrastación entre el fiscal y el abogado defensor, simplificaba los procesos y permitía resolver o sentenciar mucho más rápido. Así fue al principio, pero luego hemos visto que los jueces regresan a la lectura de unas sentencias o resoluciones larguísimas y farragosas que son verdaderas tesis de doctorado mal hechas y los procesos se han vuelto nuevamente interminables. ¿Hemos vuelto a la “escribalidad”? ¿Qué ha pasado con la aplicación del NCPP?
El MEF debería exigir un autoanálisis al sistema judicial y una propuesta seria de reforma, y entonces asignar el presupuesto que cueste. ¿Y de dónde sacar los recursos? Pues de aquellos programas, proyectos y oficinas que no sirven para nada y que deberían ser cerradas. Muchas dependencias estatales podrían ser eliminadas o fusionadas. Basta mirar el ministerio de Agricultura, por ejemplo, para detectar la existencia de una serie de “proyectos especiales” que datan cuando menos de los años 80 y sobreviven como fósiles burocráticos que no hacen nada sin que nadie se anime a cerrarlos o fusionarlos.
Es el caso de los proyectos especiales
Sierra-Centro-Sur, Jaén San Ignacio-Bagua, Alto Huallaga, Pichis Palcazu y otros seis más, cada uno con su propia administración, multiplicando gasto inútilmente. Al mismo tiempo hay direcciones que repiten las mismas funciones. Para no hablar de la manera como esto se replica en las direcciones regionales agrarias de los gobiernos regionales.
En el ministerio de Educación hay una Dirección General de Educación Superior Universitaria y está, al mismo tiempo, la SUNEDU. Hay una Dirección General de Becas y Crédito Educativo, y está, de otro lado, PRONABEC. Una Dirección General de Infraestructura Educativa, y está el PRONIED.
Además, hay una superposición entre ministerios y gobiernos regionales. Ya es hora de racionalizar todas estas funciones y ejecutar una reingeniería de la descentralización.
También podría el Estado peruano retirar a todos los empleados públicos que falsificaron sus títulos profesionales o sus recomendaciones laborales. Habría por allí un ahorro sustancial y mejorarían de paso los servicios públicos.
Es hora de revisar el organigrama entero del Estado para identificar entidades inútiles o perjudiciales. El Estado tiene que concentrar sus escasos recursos en lo que constituye su razón se ser: orden, seguridad, imperio de la ley, servicios sociales esenciales e infraestructura básica. Cuando crezcamos más y tengamos eso en un nivel mínimo de calidad y cobertura, podremos darnos otros lujos. Lampadia
