Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia
Qué duda cabe que, en una democracia, la representación de la ciudadanía es el primer poder del Estado. Desde la creación de este sistema de gobierno, la representación ciudadana constituida en el Congreso de la república se creó con la potestad específica de ponerle límites al ejecutivo, y por eso, las medidas tributarias (una de las más trascendentales) sólo se aprueban por mandato del Congreso. De ahí el deseo impenitente de los gobernantes con ánimos dictatoriales de desacreditarlos, así como la importancia para la república, de proteger y preservar el respeto a esta institución.
A lo largo de la historia, esta representación ciudadana constituida por el parlamento, ha tenido preeminencia sobre los demás poderes, bien sea por la calidad de sus miembros, por su educación, valores y capacidad para determinar los destinos de la ciudadanía a la que representan, o por la forma de la elección de sus miembros, de manera que asegure la calidad antes indicada.
En el pasado, el parlamento estaba constituido por ciudadanos bien educados, quienes gozaban de prestigio, por su erudición, su reputación, su éxito económico o su prestigio militar y de conductores de hombres, ejércitos o empresas.
En algún momento y promovido por Aristóteles, se propugnó el gobierno de los más preparados (clase a la que se denominó “Aristocracia”), en otra época se prefirió una “Plutocracia” o gobierno de los más ricos, y así hemos ido cambiando hasta llegar a la tan reclamada “Democracia” o gobierno del pueblo, elegido entre iguales por votación popular.
Esta democracia, que en apariencia resultaría la mejor de las opciones, ha venido decayendo por obra y gracia de los propios actores políticos, quienes han degradado las exigencias y generado las condiciones para espantar a gente que podría haber contribuido a forjar un Perú mejor. En lugar de eso, desde los lugares más alejados y menos educados, hemos permitido la aparición de una “Oclocracia” o gobierno de las turbas.
No es novedad a nivel internacional y local que, durante años, las mafias hayan realizado sus mejores esfuerzos para enquistarse en posiciones de gobierno y congresales.
De hecho, en el Perú han accedido a posiciones de gobierno municipal y luego regional, personajes financiados por mafias de tráfico de terrenos, del contrabando, del narcotráfico o de la extracción ilegal de minerales, cuando no de trata de personas. En el tiempo, estos, que crearon sus movimientos políticos locales o regionales, accedieron mediante los mecanismos de financiamiento mencionados, a “partidos políticos nacionales” quienes, si bien conservaban el nombre de alguna agrupación con historia, como Acción Popular, en el fondo han sido cooptados por gente sin escrúpulos, quienes se han dado maña para subsistir, sin siquiera haber actualizado el registro de sus dirigencias.
Es cierto que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no ayuda, que ha permitido que esos partidos que no actualizaron sus dirigencias, u otros que presentaron planchas presidenciales incompletas, hayan seguido en carrera, mientras se forzó la inscripción de otros. El JNE no ha exigido a los partidos políticos mantener registros adecuados, y les ha permitido presentar candidatos que no han pasado por ningún filtro legal, policial, judicial, de valores, académico, etc.
Es en esta línea, que debemos hacer un trabajo por levantar la valla para acceder a alguna candidatura, pues no cualquiera debe estar en condiciones de acceder al Congreso.
Sería suficiente revisar los casos de los congresistas de los tres parlamentos más recientes, para identificar el tipo de filtros que debemos adoptar. Por ejemplo, los que siendo congresistas viven fuera del país, los “come pollo”, los “roba cable”, los “mocha sueldo”, los plagiadores de proyectos de ley, los tránsfugas profesionales, a quienes, si no se les puede impedir ahora tales conductas, cuando menos debe quedar claramente reglamentada la sanción de expulsión inmediata del Congreso, sin reemplazo, de tal forma que no sólo sea sancionado el delincuente, sino también el partido que lo presentó.
Soy un creyente de la importancia de contar con un Senado, pero para que esto agregue algún valor, no es suficiente exigir algo más de edad y que la elección sea por distrito único. Dos cámaras con los mismos vicios de origen no solucionan nada, ni crean ningún valor. Creo además que, como en cualquier país desarrollado, el candidato debe ser capaz de exhibir sus declaraciones juradas de impuestos de los últimos 10 años, y demostrar cuando menos 10 años de experiencia profesional exitosa en el sector público o privado, o bien una experiencia empresarial igualmente exitosa durante el mismo plazo. Ciudadanía responsable que aporte.
En la cámara de diputados debemos tener una representación numérica más acorde a la población de cada distrito electoral, y por supuesto deben estar representados los pueblos originarios de cada distrito, en proporción y como parte del componente de la población del distrito, no en adición, como parecieran sugerir algunos. Debe quedar claro que todos los peruanos somos iguales y que nuestro voto tiene los mismos derechos de representación.
Estoy seguro que estas propuestas serán tomadas y criticadas como discriminatorias, pero nuestro análisis debe de identificar la causa raíz de nuestros problemas. Recordemos, que el Congreso tiene hoy más del 90% de desaprobación, y esta desaprobación se debe a todos los vicios que ahora están presentes en los parlamentarios, pues no es la institución la que falla, sino las personas a las que les hemos permitido acceder. Las faltas a la ley, la ética y la moral encontrados en nuestros parlamentarios, tienen hastiados a los ciudadanos, quienes se sienten burlados ante la risa cachacienta de algunos sinvergüenzas, a quienes ni siquiera les importa una sanción social. Si no corregimos la causa raíz del problema, será imposible que alcancen aceptación, respeto y aprobación, sus acciones y proyectos de ley.
Debemos corregir radicalmente los procesos sancionadores congresales, pues los existentes han permitido blindar comportamientos delictivos durante los últimos tiempos, blindar a toda una organización criminal liderada por Castillo, y hasta permitir que los “mocha sueldo” no sean sancionados. Creo, por ejemplo, que la Comisión de Ética del Senado debiera ser quien vea los casos de los Diputados y que los casos de Senadores, sean vistos por la de Diputados, comisiones especiales, en las que, los miembros de los partidos de los investigados, estén en minoría.
Debemos considerar que los partidos o frentes electorales, deben obtener mínimo 10% del voto en primera vuelta para poder mantener su inscripción y si la pierden, no podrían reinscribirse sino hasta después de siete (7) años, sólo así evitaremos la atomización de partidos. Igualmente, sólo deberán subsistir en el Congreso las mismas bancadas que llegaron como partido o frente electoral, manteniendo su estructura y si algún congresista renuncia a su bancada, debe dejar vacía su curul. Sólo así podremos mejorar la aceptación y respeto por nuestro parlamento, caso contrario, la calidad y prestigio del Congreso, seguirá en caída libre.
Y recordemos que, si no corregimos, ¡siempre podremos estar peor que ahora! Lampadia
