Por: Jaime de Althaus
El Comercio, 17 de Junio del 2023
“La crítica que había que hacer era exactamente la contraria: que el proyecto no se ha atrevido a restablecer la reelección directa e indefinida”.
Es lamentable lo ocurrido con el proyecto para restablecer la bicameralidad. Faltó solo un voto para alcanzar los 87 y la idea era volver a votar esta semana para tentar ese número, pero la campaña negativa de algunos medios, congresistas y opinólogos asustó a sus promotores y evitó la posibilidad de un nuevo fracaso.
Los mismos que siempre reclamaron que este Congreso, tan gobernado por intereses particulares, se ocupe de dar reformas, ahora que se disponía a aprobar una tan importante como la bicameralidad, lo acusan de hacerlo solo para buscar la reelección indirecta a través del Senado. Acusación absurda, porque una eventual reelección a un Senado depende de los electores que, por lo demás, deberían tener el derecho a reelegir o no.
Es la adicción a la destrucción antes que a la construcción. La crítica que había que hacer era exactamente la contraria: que el proyecto no se ha atrevido a restablecer la reelección directa e indefinida; suprimida, con grave daño para la democracia, por Martín Vizcarra en un acto de supremo populismo.
“La República” ha llegado al extremo de inventarle “contrabandos” al proyecto para desacreditarlo con una campaña de desinformación que parece deliberada. Acusa al Congreso de querer engañar “modificando de forma camuflada más del 25% de la Constitución”, cuando en la gran mayor parte se trata de adecuaciones de palabras: allí donde decía ‘Congreso’ debe decirse ‘Cámara de Senadores’ o ‘Cámara de Diputados’. A la hora de precisar cuáles son esas reformas que “se colocan en forma de contrabando sin transparencia ni debate previo”, menciona solo tres: “la decisión arbitraria de colocar como único requisito para ser senador haber sido congresista o diputado previamente”, “la derivación y eliminación del derecho de gracia del presidente al Parlamento” y “la eliminación de la cuestión de confianza obligatoria”.
¡Pero resulta que las tres son falsas, inventadas! No es verdad que el proyecto establezca como único requisito para ser senador haber sido congresista o diputado. También se puede postular si se tiene 45 años o más. Tampoco es verdad que en el artículo 139 se haya eliminado y derivado el derecho de gracia del presidente al Congreso. Solo se ha cambiado ‘Congreso’ por ‘Cámara de Diputados’. Y el “contrabando” de la eliminación de la cuestión de confianza obligatoria ha estado en el debate público y en las sucesivas propuestas desde hace más de 20 años.
No hay, pues, contrabando alguno ni novedad sin debate. Este proyecto, con cambios mínimos, se aprobó en el pleno hace menos de un año, el 15 de julio del 2022, con 71 votos a favor, luego de debatirse en la Comisión de Constitución durante meses. En realidad, se viene debatiendo hace más de dos décadas. En efecto, sigue a grandes rasgos los lineamientos establecidos en el dictamen de la reforma total de la Constitución elaborado por la Comisión Pease en el 2003, que también planteó el retorno a la bicameralidad con un Senado solo revisor y con la eliminación de la cuestión de confianza obligatoria.
Natale Amprimo argumenta que “es claro que la población no quiere la bicameralidad”. Pero esta es una falacia. La población, en el fondo, quisiera que no hubiera Congreso. Según el Barómetro de las Américas 2018/19, el 58,9% respondió que sí se justifica el cierre del Congreso cuando el país enfrenta momentos muy difíciles. Pero, según encuestas, habría acuerdo con la bicameralidad si no costara más que el Congreso actual.
En lugar de demagogia, necesitamos pedagogía política para explicar que una cámara revisora ayuda a tener mejores leyes y a contener los impulsos populistas de diputados, a encapsular la confrontación política dentro del Congreso y a limitar el poder del propio Parlamento para que no se convierta en una dictadura si está compuesto por una mayoría opositora. El Congreso tiene que aprobar la bicameralidad.
