Por: Arturo Woodman
Expreso, 10 de Enero del 2023
Posterior a los actos vandálicos de finales de año, con cierres de carreteras, aeropuertos, destrucción de propiedades del Estado y privadas ocasionando lamentables muertes, se volvieron a realizar protestas y actos destructivos en estos días, sobre todo en Puno donde el Movimiento Al Socialismo (MAS boliviano), encabezado por Evo Morales, está imponiendo sus objetivos de mantener el caos y el descontento en la zona sur del Perú.
Evo y sus conocidos secuaces emiten comunicados de corte terrorista, anunciando entre otros puntos que si la Policía Nacional interviene, sus familiares serían ajusticiados. En Juliaca se han reiniciado actos de protesta y cierre de carreteras, manteniendo la agresividad y destrucción. A pesar de la presencia de la Policía y el Ejército, su alcalde está pidiendo ayuda para apresar a los cabecillas y lograr la tranquilidad en su ciudad.
Dentro de esta realidad, la Cancillería debe reconfirmar a Evo Morales como “persona non grata”, prohibir su presencia en territorio peruano y de no acatarlo, apresarlo y juzgarlo como promotor de la violencia entre peruanos. Este mismo tratamiento, debe emplearse con los cabecillas de esta conocida organización boliviana antiimperialista, anticapitalista, anticolonialista y antitodo.
Las protestas y huelgas anunciadas para el día 4, se han realizado en la zona sur, sin la magnitud anterior, excepto en Puno; pero siempre interrumpiendo el libre tránsito, produciéndose el secuestro de miles de ciudadanos y el desabastecimiento de productos alimenticios, golpeando fuertemente a los más necesitados y al turismo, provocando más pobreza.
Independiente a esta organización violentista, separatista, anticonstitucional (MAS), en las regiones del Sur que se sienten desatendidas o discriminadas por los diferentes gobiernos, varios ciudadanos y movimientos separatistas están incentivando a formar una República Peruana del Sur, incluyendo a: Puno, Cusco, Arequipa, Apurímac, Madre de Dios, Moquegua y Tacna.
Aunque es un proyecto descabellado e imposible de concretarse, ya que va en contra del Artículo 325 de nuestra Constitución que prohíbe todo acto que implique atentado contra la Integridad Nacional y causal de pena privativa de la libertad, no menor a 15 años. Recordemos que a Castillo se le planteó denunciarlo constitucionalmente por “Traición a la Patria” y encarcelarlo, solo por haber sugerido que “sería interesante que Bolivia tuviera una salida al mar a través de nuestro territorio”.
Proponer dividir al Perú o aceptar planteamientos políticos que superan incluso al comunismo, con sus principios de agresividad, sosteniendo que en el Sur las regiones no están bien atendidas dando preferencia a Lima, son un enfoque exagerado.
Todas las regiones a través de sus gobernadores y la política descentralizada, reciben del MEF fondos apropiados y aprobados por sus congresistas, quienes velan para que sus regiones sean atendidas en proporción a su población y necesidades, además de su canon minero y regalías.
Deplorablemente, muchos gobernadores y alcaldes incapaces y corruptos no han hecho buen uso de sus recursos atrasando a sus regiones, devolviendo 40 mil millones sin ejecutar. No comprenden que Lima tiene 11 millones de habitantes (la tercera parte de la población), además, acepta las inversiones privadas, en especial en infraestructura; política a la que se opone gran parte del Sur, al no aceptar ni las inversiones mineras, en Arequipa hace más de 8 años no aceptan Tía María, entre otras.
Finalmente, dividir el Perú es olvidar que nuestros héroes dieron la vida por una Patria unida e integrada. Las interrupciones de carreteras son actos de “secuestro” y como tal se deben condenar. Por último, debemos convencernos de que para desarrollar, generar trabajo y disminuir la pobreza es necesario promover y aceptar las inversiones.
