Por: Mónica Muñoz Nájar Gonzales, Coordinadora de Proyectos y Políticas Públicas de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES)
Gestión, 5 de Agosto del 2022
“Graves denuncias, escándalos políticos y desastres de gestión no son asumidos y los funcionarios siguen en sus cargos”.
¿Qué determina que una persona participe en actos de corrupción? Existen, sin duda, sistemas de valores, propios y colectivos, que hacen que una persona sea más o menos corrupta; y desde el punto de vista económico la decisión la podemos resumir en la evaluación de beneficios netos esperados: se compara lo que se espera ganar con el costo.
Este costo incluye el costo esperado de una eventual sanción que, a su vez, depende de la probabilidad de ser atrapado y de cuál sería el castigo si te atrapan.
Entonces, si esperas ganar más con la corrupción, que la probabilidad de que te atrapen es baja o que si te atrapan el castigo no es tan fuerte, entonces es más atractivo ser corrupto.
¿Cree que los beneficios esperados de ser corrupto han aumentado o se han reducido el último año? No tenemos por qué buscar en licitaciones y compras del estado, existen ejemplos directos de corrupción en la gestión pública de nombramientos, designaciones y contratación de personal. El acto de corrupción elemental es aceptar una designación a un cargo para el que no se está preparado, o nombrar a alguien en el cargo que se sabe que no tiene las capacidades para hacerlo de la mejor manera posible.
Si vemos los innumerables nombramientos y designaciones en cargos de todo nivel a personal sin la experiencia y sin la capacidad necesaria para cumplir sus funciones, si vemos que se mantienen designaciones a pesar de denuncias, o graves errores en la gestión con el argumento de que “están aprendiendo”, “hay que dejarlos trabajar”, “hay una persecución al gobierno”, ¿cómo no afirmar que estamos entrando a un equilibrio de mayor corrupción?
Se ha generado una alta tolerancia a la inconducta funcional, a la incapacidad, al nepotismo, al pago de favores. Graves denuncias, escándalos políticos y desastres de gestión no son asumidos y los funcionarios siguen en sus cargos. Y a pesar de este encubrimiento de la mala gestión tenemos el Gobierno con más cambios ministeriales de la historia reciente: a la fecha 57 ministros en total, con un nuevo cambio de gabinete a la vuelta de la esquina.
¿Qué hacemos al respecto? La evidencia internacional es mixta, existe un debate en definir si son mejores reformas estructurales radicales (grandes shocks), o pequeñas reformas acumulativas. Donde la evidencia concuerda es en que es clave reducir la utilidad esperada de ser corrupto.
Para ello algunos elementos son fundamentales: 1) la transparencia en la gestión a todo nivel, se debe exigir que todos los sectores sean más transparentes, los sistemas de información del estado deben seguir profundizándose y ampliando su publicación al público (¿alguien sabe cuántos colegios abrieron en 100% presencial a mayo en todo el país?); 2) el rol de la libertad de expresión a través de redes sociales y los medios de comunicación tiene el poder de generar la presión para que se hagan los cambios adecuados o que, en todo caso, no avance tan rápido la corrupción, 3) independencia de los organismos que combaten la corrupción.
Lamentablemente, el ambiente actual parece ser el opuesto, en lugar de estar avanzando (aunque sea lentamente) a un equilibrio de menos corrupción, pareciera que estamos avanzando a un equilibrio de mayor corrupción, donde es más aceptable nombrar a alguien para pagar favores o por cercanía personal, antes que por su capacidad de servir al país. Un cambio de gabinete es una oportunidad de avanzar, pero estemos atentos de a dónde estaríamos avanzando.
