Por Angel Guillén, Asociado sénior de Apoyo Consultoría
Gestión, 30 de enero de 2018
El Estado peruano afronta una disyuntiva crucial en estos tiempos, o desde siempre, tal y como describe Quiroz en su “Historia de la corrupción en el Perú”. ¿Cómo reducir los casos de coimas, carteles y afamados clubs en los procesos de licitación sin paralizar la economía? La solución más drástica, que muchos apoyan, es incrementar los controles previos, subir las exigencias a los procesos y limpiar al mercado de las malas empresas. Suena tentador en teoría, pero puede provocar efectos indeseados en la actividad económica.
La otra alternativa de “borrón y cuenta nueva”, que algunos apoyan aduciendo que las multas son suficientes y que todo es culpa de examigos brasileños que nos llevaron por la senda del mal, tampoco es válida. La economía podría crecer a todo vapor. Sin embargo, a largo plazo, como gallina que come huevo, nuestra debilidad institucional permitiría que nuevos amigos nos regresen a la senda de la coima.
¿Qué desincentiva a los tramposos? ¿Más controles y trabas en los procesos? ¿Prohibiciones para participar? En el plazo inmediato quizá sí, pero pronto encontrarán las vías para sortear los controles, así como nuevas razones sociales que poner en marcha. Lo que sí no soportan es ser detectados y castigados. Entonces en lugar de licitaciones más exigentes, debemos simplificar aún más los procesos, pero acompañados de la implementación de un sistema de detección de malas prácticas que al día de hoy no existe.
La propuesta parece contraintuitiva, pero no lo es y existe una gran herramienta que nos puede ayudar a mejorar sustantivamente los procesos de compras del Estado, la ciencia de los datos. Las prácticas corruptas no son aleatorias y dejan un hedor que puede reconocerse con algoritmos de detección de patrones. Asimismo, no hay quien tenga más datos que el Estado y es posible cruzar información de empresas y personas que participan en los procesos de compras públicas.
En Japón, un par de economistas, Kei Kawai y Jun Nakabayashi, aplicaron modelos de detección de carteles y encontraron que más de mil empresas habrían participado en actividades anticompetitivas en los procesos de compra del Estado japonés por un valor de 8.6 billones de dólares americanos desde el 2003 al 2006. El modelo podría ser adaptado para el caso peruano y ser un insumo que ayude a profundizar la investigación sobre más casos de los actualmente analizados, y en todos los sectores de las compras públicas.
Además de usar los datos de las licitaciones, se pueden usar datos generados por otras instituciones públicas. Por ejemplo, los libros de visitas a funcionarios públicos, las bases de exfuncionarios públicos y familiares, las denuncias fiscales, los padrones de aportantes a partidos políticos, y con la debida encriptación, datos tributarios o de operaciones financieras sospechosas sujetos a la confidencialidad legal de la información. Y así permitir que la ciencia de los datos nos diga qué no encaja, qué no puede ser mera coincidencia y qué merece ser investigado oportunamente.
Un proceso simplificado de licitaciones estatales permitiría acelerar la ejecución de obras públicas que es tan apremiante para miles de peruanos como los afectados por el fenómeno de El Niño, así como para apuntalar el crecimiento económico. En tanto, un sistema de detección de malas prácticas que acompañe a dichas licitaciones permitiría identificar a los elementos corruptos del mercado, separando la paja del trigo con un algoritmo.
