Luis Alonso García Muñoz Najar, Abogado Estudio Echecopar
Gestión, 17 de noviembre de 2017
Hace unos meses teníamos desatado en el país un pánico sanitario, con relación a un producto lácteo y en particular contra quien lo producía, una de las empresas más importantes de alimentos del Perú, con una larga tradición de productos de calidad y de consolidado prestigio frente a los consumidores peruanos y extranjeros.
En este pánico se hizo un injusto e ilegal cargamontón contra dicha empresa, afectando su reputación y trayectoria, poniendo en riesgo el ambiente de las inversiones en el Perú, y contribuyendo a desestabilizar, innecesariamente, un mercado que genera trabajo a muchos peruanos. Frente a ello, hemos visto cómo las autoridades competentes de distintos sectores (Indecopi, Digesa, Fiscalía, etc.), en vez de actuar técnicamente y acorde con sus facultades, con temor y de manera poco profesional reaccionaron desproporcionadamente frente a la presión de denuncias malintencionadas y cayeron en el juego mediático de ciertas organizaciones y grupos antiempresa que manejan una agenda propia con objetivos políticos individuales.
Hoy nuevamente, con el disfraz de la defensa de la alimentación saludable de niños y adolescentes, se desata un “pánico nutricional”, liderado por los mismos personajes y entidades que buscan crear una imagen negativa de la industria de alimentos procesados y de bebidas no alcohólicas, nacional y extranjera en el Perú; poniendo a estas empresas como si ellas fuesen las causantes de los problemas alimenticios del pueblo peruano y de su salud.
El origen de este “pánico nutricional” parte de una ley defectuosa (Ley N° 30021- Ley de Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes) aprobada hace cuatro años y cuyo contenido y subsiguiente reglamentación es muy cuestionada, ya que en vez de cumplir con el objetivo último, que es la salud y la atención nutricional de cierta población vulnerable, se constituye en un simple régimen antitécnico, discriminatorio, con barreras comerciales desproporcionadas y contrario a la inversión privada. La discusión de estos días se ha centrado en cuestionar y criticar la regulación del etiquetado nutricional frontal que trae dicha ley (advertencias octogonales con texto “Alto en”); mecanismo que brindaría información de los contenidos de ciertos productos, como medida regulatoria obligatoria para inducir hábitos más saludables y cumplir con el deber de informar adecuadamente al consumidor. Frente a ello, es necesario desmitifi car la creencia de que existen alimentos “buenos” o malos”; lo que existen son dietas saludables y hábitos de consumo. Entonces, no es posible afirmar con absoluta seguridad cuáles advertencias en la etiqueta frontal de los productos se constituyen en la solución que va a permitir combatir enfermedades no transmisibles, como son la obesidad, la diabetes, entre otras.
En el mundo no hay un modelo único para este tipo de regulación, pero la gran mayoría de países que han optado por el etiquetado frontal, lo han hecho de manera voluntaria. En ese grupo tenemos al Reino Unido y Unión Europea (sistema de Guías Diarias de Alimentación – GDA); Australia y Nueva Zelanda (clasificación de estrellas) y Singapur (sellos de calidad “Healthier Choices Symbol”) Por otro lado, hay pocos países que aplican esta medida de manera obligatoria. Tailandia es uno de ellos, aplicando el sistema GDA, Ecuador lo hace bajo el sistema “semáforo” y Chile con un modelo de advertencia octogonal “Alto en”. En esa línea hay que tener clara la premisa que el etiquetado frontal obligatorio en alimentos procesados no es, ni por asomo, una solución para resolver temas de salud.
ha abierto en el seno del Congreso Nacional, la posibilidad de mejorar las opciones regulatorias y modifi car la advertencia octogonal hoy vigente, y en sustitución se ha propuesto una mejor alternativa, una especie de semáforo de colores verde, naranja y rojo con la llamada guía diaria alimentaria (GDA). Este sistema no es una invención de la industria peruana, es un modelo ampliamente debatido en varios países del mundo. Además, tiene como ventaja frente a las advertencias publicitarias que presenta una información más completa sobre los nutrientes críticos y viene acompañado de un plan educativo para su comprensión.
En un país donde muchos niños dependen de la asistencia del Estado para poder alimentarse, donde la desnutrición y la anemia han crecido en forma paralela a los intentos del anterior Gobierno por legislar sobre cómo comer de manera más saludable, ponemos la carreta delante de los bueyes y nos dedicamos a sobrerregular a determinados alimentos y de paso satanizar a una industria importante para el país, en vez de impulsar verdaderas políticas públicas en benefi cio de la población más necesitada.
Si fuese tan sencillo que la población se alimente mejor por mandato de la ley, bastaría un artículo que dijera “todos están obligados a comer de manera sana”. Pero como el lector podrá darse cuenta, este tipo de leyes solo generan réditos (políticos y económicos) a quienes las promueven, manteniendo desnutrida y anémica a la población que necesita alimentarse.
