El terror islámico migra al sur
Ilan Berman
Foreign Affairs
17 de enero de 2017
Traducido y glosado por Lampadia
Podría ser el caso de terrorismo más importante del que nunca has oído hablar. El pasado otoño, los fiscales de la capital peruana de Lima iniciaron un proceso legal formal contra un presunto agente de Hezbollah de 30 años llamado Mohammed Hamdar. El juicio, actualmente en curso, tiene importantes implicaciones regionales (en realidad, globales) para la lucha contra el terrorismo internacional.
El caso se remonta a octubre de 2014, cuando la policía peruana arrestó al libanés de 28 años de edad en el distrito de Surquillo en Lima. Cuando fue detenido, Hamdar tenía rastros de sustancias químicas sospechosas en una de sus manos. El mismo residuo también se encontró en su apartamento. Más tarde, obtuvo un resultado positivo en el examen de contacto con la nitroglicerina, un ingrediente común en la producción de explosivos. Además, durante su interrogatorio, admitió que era miembro de Hezbollah y que el grupo le había pedido que realizara la vigilancia en todo el país. Las autoridades peruanas, sin embargo, creen que su mandato era aún más amplio y que Hamdar estaba, de hecho, cubriendo varios objetivos blandos como preludio a un ataque terrorista de gran envergadura -que podría haber coincidido con la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático programada en Lima ese mismo año.
Al final, Hamdar fue acusado de conspiración para cometer terrorismo, así como la falsificación de documentos (había ingresado al Perú en un pasaporte fraudulento de Sierra Leona). Fue puesto en prisión preventiva por el juez que presidía el caso. Permaneció allí hasta el pasado agosto, cuando comenzó el juicio.
América Latina ha sido conocida durante mucho tiempo como un ambiente operativo permisivo para una serie de grupos radicales locales.
El asunto Hamdar es importante porque prueba que los países latinoamericanos no están inmunes a la amenaza del terrorismo islámico radical. Pero el caso es significativo por otro motivo aún más importante. Si es debidamente adjudicado, podría proporcionar un precedente poderoso que podría ayudar a estimular la expansión de la legislación nacional antiterrorista en Perú y ofrecer un modelo para otros países de la región en sus propios tratos con Hezbollah, su principal patrocinador, Irán y otros actores radicales.
ESTADO DE GRACIA
América Latina ha sido conocida durante mucho tiempo como un ambiente operativo permisivo para una serie de grupos radicales locales. Pero los vacíos en los espacios políticos de la región también les han proporcionado a los terroristas extranjeros tierras fértiles para enraizarse. En algunos casos, esta intrusión ha sido posible gracias a la corrupción generalizada y a la falta de un gobierno efectivo. En otros, sin embargo, los regímenes ideológicos -incluyendo a Venezuela y varias otras naciones «bolivarianas”- han ignorado o incluso incitado las actividades de elementos extremistas de Oriente Medio.
El más prominente de éstos es posiblemente el grupo terrorista Hezbollah, que ha mantenido una presencia activa en Sudamérica. Lo ha hecho desde la década de 1980, cuando, con la ayuda de Irán, estableció un beachhead en la región fronteriza, donde se cruzan Argentina, Brasil y Paraguay. Desde entonces, Hezbollah ha logrado construir una extensa red de operaciones en las Américas, que abarca una amplia gama de actividades ilícitas y empresas criminales, desde el narcotráfico hasta el reclutamiento, la recaudación de fondos y la capacitación de militantes.
Con el tiempo, Hezbollah se ha unido con otras organizaciones terroristas, como Al Qaeda e incluso el Estado Islámico (ISIS), en lo que se ha convertido en un grupo terrorista cada vez más activo. El mes pasado, un estudio del Instituto Español de Estudios Estratégicos, una división del Ministerio de Defensa de España, confirmó oficialmente lo que los observadores regionales han señalado desde hace mucho tiempo: «América Latina representa una región importante para el radicalismo islámico porque las condiciones permiten el libre movimiento de sus miembros en toda la región».
Eso, a su vez, representa una amenaza significativa para los Estados Unidos. El pasado verano, el Comando Sur de los Estados Unidos, cuyo ex oficial al mando, John Kelly, está ahora a punto de asumir el control del Departamento de Seguridad Nacional, advirtió que varios extremistas estaban utilizando las Américas como base para operaciones e infiltración potencial de los Estados Unidos. Específicamente, el comando estimó que, en 2015, el diez por ciento de los 330,000 inmigrantes que entraban a través de la frontera sur provenía de «países de preocupación terrorista».
Esa libertad de acción es posible, en gran parte, debido a la falta de una fuerte legislación antiterrorista en la región. En pocas palabras, los países de América Latina carecen actualmente de un marco legal estándar que criminaliza y elimina las listas de organizaciones terroristas extranjeras de la misma manera que lo hace Estados Unidos. Una encuesta de investigación realizada en 2013 por el Consejo de Política Exterior de Estados Unidos encontró que sólo un tercio de los países de América Latina y el Caribe tenían leyes que especificaban actividades relacionadas con el terrorismo como un crimen bajo la ley nacional. Además, en muchos de los lugares en que existen tales leyes, no existían disposiciones para designar a organizaciones terroristas extranjeras procedentes del Oriente Medio.
En pocas palabras, los países de América Latina carecen actualmente de un marco legal estándar que criminaliza y elimina las listas de organizaciones terroristas extranjeras de la misma manera que lo hace Estados Unidos.
Más de tres años después, muy poco ha cambiado. Como han dejado demasiado claro varias visitas a la región, los funcionarios locales saben muy poco acerca de los grupos terroristas islamistas y se sienten aún menos urgentes para actuar en su contra. Todo esto ha permitido que radicales existan en un estado de gracia legal. En un famoso ejemplo, un destacado financiero y reclutador de Al Qaeda llamado Khaled Hussein Ali operó abiertamente durante años en Sao Paulo, Brasil, a pesar de ser expuestos en la revista Veja de abril 2011 afirmando que tenían conexiones con la red de Bin Laden. Sin duda, el lavado de dinero, el narcotráfico y la falsificación, a través del cual las organizaciones terroristas a menudo recaudan fondos, son generalmente criminalizados. Sin embargo, no existen restricciones o sanciones correspondientes a la participación en organizaciones terroristas islámicas.
ENTRA HAMDAR
Perú no es la excepción. Aunque el país cuenta con un amplio marco legal contra el terrorismo interno, que fue elaborado en los años 90 en respuesta a la amenaza terrorista indígena planteada por el grupo militante Sendero Luminoso, el Estado no cuenta con las herramientas necesarias para procesar eficazmente a Hamdar y futuros terroristas extranjeros. Habiendo luchado exitosamente contra Sendero Luminoso en relativa pasividad durante la última década y media, Perú ha dejado de desarrollar políticas y protecciones concretas contra el terrorismo internacional de manera más amplia.
Hamdar podría cambiar todo eso. Si la fiscalía logra obtener un veredicto de culpabilidad, equivaldría a una criminalización de la pertenencia de Hamdar a Hezbollah, un hito en una región que actualmente carece de tal precedente legal. Los efectos locales serían inmediatos, dando poder a las autoridades peruanas para rastrear y desentrañar la red de operativos y partidarios que Hezbolá ha erigido en todo el país. Pero una convicción también enviaría una poderosa señal a Hezbollah y a otros grupos de amenazas que ahora están activos en la región, ya que sus actividades en América Latina ya no pueden considerarse libres de costo.
Eso hace que valga la pena analizar la ofensiva legal de Perú. Y, para los políticos en Washington ansiosos de estimular una mayor participación internacional en la lucha contra el terrorismo, eso hace que sea un esfuerzo que valga la pena apoyar.
