Fundación para el Progreso
Gerardo Varela
Publicado el 18.05.2020
La primera máxima de la política es que las personas en general serán siempre de izquierda en las cosas que no entienden. Hoy esa máxima —salvo honrosas excepciones— se enseñorea en el planeta Congreso que torpemente aprobó una modificación a la Ley de Protección del Empleo que dejará a miles de trabajadores sin acceder al beneficio.
Nadie opina sobre la forma en que se hace una cirugía al corazón, porque sabemos que no sabemos. Las empresas chilenas operan distintos negocios en múltiples países con estructuras corporativas sofisticadas que tienen una razón de ser, pero como muchos legisladores no saben que no saben, opinan con total desaprensión.
El primer error es la modificación que prohíbe a las empresas que se acojan al beneficio distribuir sus utilidades. A primera vista suena bien, pero como tantas cosas en la vida, la intuición nos engaña frente a las complejidades de la realidad. Las sociedades este año están obligadas a distribuir utilidades del año anterior y a pagar sus impuestos por ese resultado pretérito. Pagar dividendos protege a los minoritarios y pagar impuestos nos beneficia a todos. Si a fin de año —virus de por medio— las empresas cierran con utilidades (que repartirán el próximo), debieran darles una medalla y no castigarlas.
Un segundo error es hacer extensiva esa prohibición a todas las empresas que forman parte del grupo económico. Dentro de un grupo hay empresas de distintos dueños y diferentes negocios (Quiñenco v.gr; tiene un banco, una cervecera y una naviera), impedir que una sociedad se acoja porque otra del mismo grupo distribuye dividendos es una burrada.
Lo obvio es que los controladores retiren dividendos de los negocios buenos para rescatar los malos. En Cencosud, ella no se acogió al beneficio y distribuyó dividendos provenientes de sus operaciones en cinco países, mientras su filial Paris sí se acogió, pero no repartió dividendos. Eso no iba contra el espíritu ni letra de la ley, y tampoco es un mal uso de fondos públicos, porque el fondo de cesantía está formado en su inmensa mayoría por aportes privados.
El problema es que se ha instalado la idea de que hay que cambiar las cosas que funcionan bien por las que suenan bien. Estas son materias complejas, que no debieran ser entregadas a la opinión de parlamentarios sin humildad para asesorarse o a comunicadores que les importa el cómo se ve y no por qué se hace.
El tercer error deriva del complejo demonizador de los ‘paraísos fiscales’ que evoca esa costumbre primitiva de atribuir maldad a las cosas que no entendemos. La ley prohíbe acogerse a las empresas que tengan inversiones en paraísos.
Las empresas serias los usan no por razones tributarias, sino políticas, porque las personas no pueden elegir nacionalidad, pero la plata sí. Si un chileno invierte en Bolivia, mejor que lo haga a través de una sociedad de BVI, porque su inversión será británica y no chilena, y tendrá la protección de la corona británica.
Tienen la ventaja adicional que usted no pagará impuestos en BVI, sino que lo hará en Bolivia y en Chile (pero pagar impuestos por la misma renta dos veces y no tres, no es paradisíaco).
Una empresa seria (Codelco v.gr, con sociedades en Bermuda) [propiedad del Estado chileno] usa paraísos cuando invierte afuera para no pagar impuestos varias veces por una misma renta; para elegir una nacionalidad que la proteja de riesgos políticos; para poner un cortafuego entre la matriz y el destino de inversión, y por conveniencia operacional (retailers, viñas y fruteros en Hong Kong).
Por supuesto que los paraísos también sirven para hacer maldades, como un auto que se puede usar para taxear o robar, pero no por eso prohibimos usarlo.
Si algunos parlamentarios en la colecta del domingo ponen $10, sacan $15 y quieren que los aplaudamos por su ‘donación’, no es raro que confundan utilidades con flujo de caja y aprueben una modificación legal que deja a miles de empresas y trabajadores sin acceder a un beneficio útil y bien pensado. Lampadia
