Alberto de Belaunde, Congresista de la República
El Comercio, 31 de agosto de 2016
La semana pasada la bancada de Peruanos por el Kambio presentó un proyecto de ley de mi autoría que propone la creación de una oficina de estudios económicos (OEC) del Congreso. Con ello, buscamos elevar la calidad de la producción legislativa, enriqueciendo el debate y brindando más elementos de análisis para la toma de decisiones.
La OEC absolverá consultas en cualquier materia económica o de impacto regulatorio que realicen las bancadas y comisiones del Congreso. Además, estará obligada a emitir informes respecto de todos los predictámenes, antes de su aprobación en comisión y su paso al pleno. Es decir, todo dictamen que llegue al pleno deberá incluir el análisis costo-beneficio realizado por la OEC. Este análisis será público y de libre acceso, lo que permitirá que tanto congresistas como personas interesadas cuenten con dicha información para el debate final de la propuesta.
Uno de los temores que he escuchado en estos días es que la OEC se politice y pierda su razón de ser. El proyecto explícitamente blinda a la OEC frente a esa amenaza, pues establece que su comité ejecutivo será escogido a través de un concurso público de méritos. Dicho comité, como órgano de dirección, elaborará el estatuto de funcionamiento interno y de esa forma definirá quiénes podrán ser parte de esta oficina. Evidentemente, el carnet partidario no será un requisito. Solo profesionales competentes que cumplan con el perfil requerido serán quienes finalmente la integren. El objetivo final no es otro que asegurar una base profesional sólida al trabajo técnico que realizará esta oficina.
También se ha criticado que la OEC pueda generar más burocracia en el Congreso. La burocracia es un problema cuando no cumple una función positiva para el funcionamiento de una institución. Sin embargo, una oficina que apunte a ahorrar dinero de los contribuyentes y que permita contar con mejores leyes escapa a esa preocupación. Adicionalmente, este proyecto de ley prioriza en el concurso público a personal de servicio parlamentario calificado que ya se encuentra trabajando en el Congreso, lo que permite reasignar de manera eficiente los recursos humanos al interior del Congreso. Finalmente, la OEC podrá realizar convenios con instituciones académicas de prestigio que permitirán un mejor funcionamiento de dicho espacio sin necesidad de incrementar la planilla.
La iniciativa presentada, como no podía ser de otra manera, cuenta con un análisis costo-beneficio. Para ello se elaboró una matriz en donde se identificó a los actores involucrados, así como los costos y beneficios que cada uno de ellos tendría que asumir. Se realizó también un análisis tomando en cuenta los principios de regulación involucrados en la oficina. Este nivel de análisis no se encuentra presente en la mayoría de los proyectos presentados en los últimos años, como bien señalan diversos estudios académicos, pero podría ser incluso más detallado si, justamente, contáramos con una oficina técnica que realice esta labor, que es lo que se pretende crear.
El proyecto de ley pasará ahora a comisión, donde podrá recibir los aportes de otras bancadas, así como de la academia y sectores especializados. Sigamos enriqueciendo el debate sin perder de vista que la OEC es solo el primer paso para poder tener leyes más eficientes y un Congreso más fortalecido. Hagamos que la frase “este proyecto no genera costo al Estado” quede en el olvido.
Lampadia
