Héctor Bellido, Presidente del Instituto de Cultura y Política
El Comercio, 07 de junio de 2016
La ciudadanía espera que el presidente electo tome conciencia del drama que significa la criminalidad en nuestro país. Esto no será posible si no se considera la situación de nuestro sistema penitenciario.
El Estado no puede seguir juntando en las prisiones –o, mejor dicho, en los tugurios carcelarios– a más detenidos. A enero de este año, según el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), hay 79.089 personas presas. Lo más grave es que, por la pésima infraestructura y control, el INPE está desbordado y no recibe el apoyo y atención que requiere.
Como ejemplo de esta desgracia tenemos que el penal de Huaral, diseñado para 800 internos, hoy cobija a más de 3.400 presos. Asimismo, el penal del Callao tiene una sobrepoblación de 480%, mientras que el de Lurigancho, que inicialmente fue diseñado para 1.500 personas, alberga a aproximadamente 10.000 reclusos.
Cada año dejan el penal unas 23.000 personas. Valdría la pena preguntarse en qué condiciones salen de esta reclusión. ¿Resentidos, frustrados, más psicóticos o recuperados?
El gobierno parece no reflexionar sobre lo que está ocurriendo, pues al agrupar a delincuentes de diferentes regiones les permite relacionarse con nuevos grupos y formar bandas cada vez más avezadas.
Y en lo que refiere a la fiscalización, es importante saber: ¿Quién ganó la licitación de los bloqueadores de celulares?, ¿por qué la ganó?, ¿qué pasa ahí? Según información que hemos recabado, solo en el penal de Cañete se realizan casi 300.000 llamadas mensuales.
Por otro lado, las nuevas leyes penales aprobadas por el Congreso –de manera apresurada y simplemente para la foto– a la larga crearán un problema mayor. ¡Basta ya de improvisación! Hay que convocar al sector privado para la construcción de nuevos penales. No obstante, a la fecha, el reglamento del Decreto Legislativo 1229 que permitiría la participación del sector privado en el fortalecimiento de la infraestructura y los servicios penitenciarios no ha sido aprobado.
Es cierto que al término de este gobierno se inaugurará un nuevo penal en Pucallpa, otro en Puno, otro en Moquegua y uno a 4.300 metros, en Cochamarca. Además, se han remodelado penales en Cajamarca, Cusco y Tacna. Sin embargo, eso no es suficiente. El INPE recibió a 48.500 presos en el 2011 y hoy tiene a 79.089.
Este drama lleva varias décadas y está claro que no se arreglará haciendo más de lo mismo. El control en los penales tiene que estar en manos de un ente que pueda ser fiscalizado por el Estado y las organizaciones civiles.
Otro problema refiere a la salud de los internos. Recordemos que en los penales el tema del sida y la tuberculosis –entre otros– es un drama fruto de las condiciones actuales. Otro aspecto a mejorar es el educativo. Debemos de capacitar y tratar psicológicamente a los reclusos para que regresen a la sociedad en las mejores condiciones posibles, ya que es más caro para la ciudadanía tener que tratarlos luego de que abandonen el penal.
El nuevo gobierno tiene que dejar de administrar el sistema penitenciario para pasar a supervisarlo, dejando este a manos de profesionales. Tenemos que profundizar en una reforma verdadera y dotar a una nueva organización penal de los recursos para poder erradicar correctamente el cáncer de la delincuencia de nuestra sociedad.´
Lampadia
