Emilio Cillóniz, Director de EcoExpress Javier Prado
El Comercio, 12 de mayo de 2016
En el 2012 el consorcio EcoExpress participó en una licitación que nos permitiría colaborar con el Estado en formalizar un sector que cada año mueve –solo en Lima– US$ 2.000 millones de manera informal: la reforma del transporte. En el 2014 obtuvimos la buena pro del corredor Javier Prado y el contrato dejó en claro las obligaciones de cada parte.
Si bien el Estado no invertía recursos ni garantías, tenía la obligación de asegurar que el sistema opere tal como fue diseñado. En contraparte, nosotros debíamos operar buses nuevos, ecológicos y en óptimas condiciones para entregar el mejor servicio a los usuarios.
Sin embargo, durante todo el 2015, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y Pro Transporte se ocuparon de obstaculizar la reforma y la ejecución de los contratos. Más aun, durante los primeros 100 días de gestión, se dedicaron a decir que la reforma no existía.
Luego de casi un año en que los contratos se ejecutaron –con problemas pero sin cuestionamientos sobre su validez–, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) surgió con la equivocada interpretación de que estos eran nulos. Pese a que inicialmente la MML cuestionó y deploró su intromisión, tras reuniones a puertas cerradas, el MEF y la municipalidad se pusieron de acuerdo en traerse abajo la reforma en los términos en que había sido adjudicada.
Como resultado, se nos pretendió imponer modificaciones al contrato que nunca fueron negociadas con nosotros y que supuestamente respondían a observaciones del MEF que nunca nos compartieron. Bajo un argumento inconstitucional –la aplicación de una norma inexistente en ese entonces– nos pretendieron obligar a firmar una adenda con más de 130 cambios que alteraban estructuralmente el contrato. Ante esa amenaza decidimos no firmar. Ese era nuestro derecho, el derecho de cualquier peruano a resistirse a una actuación arbitraria del Estado, ¿o es que cuando la arbitrariedad viene del Estado uno tiene que someterse?
Por declaraciones del MEF vemos que su argumento era el supuesto cofinanciamiento del Estado, lo cual es falso. La concesión de los corredores es autosostenible y no requería pagos ni garantías del Estado. Es más, los concesionarios pagan una retribución a la MML y asumen el 100% del riesgo de demanda. ¿Dónde está el cofinanciamiento?
Dice el MEF que los ingresos por publicidad en los buses son un recurso público, ¿desde cuándo la publicidad es un ingreso público? Es un ingreso del sistema, que junto con la venta de boletos permite cubrir el costo del servicio y evita el incremento innecesario de los pasajes. Quitar estos ingresos bajo el argumento de que son públicos no tiene sentido. ¿Se afectaba el presupuesto de la MML? No.
También dice el MEF que al finalizar el contrato la MML debía pagar por los buses: falso. Si la MML respetaba los plazos pactados, al final de la concesión el valor de los buses sería cero, con lo cual el pago y los recursos públicos afectados que refiere el MEF suman cero.
¿Por qué la MML y el MEF vuelven a fojas cero la reforma? No encontramos ningún argumento válido, real o legal. Nosotros y todos los limeños que esperábamos un transporte público digno hemos sido arrastrados por un Estado combi, un Estado informal y abusivo que irrespeta las leyes y pone en riesgo la estabilidad jurídica del país.
Lampadia
