Por Luis García Miró Elguera
(Expreso, 27 de agosto de 2015)
La izquierda conspira permanentemente para destruir el país. Es la estricta verdad. Al amparo de una farisea teoría que el socialismo protege al ciudadano mientras el centro y la derecha se ceban de él, los zurdos han ido esparciendo su mantra, sobre todo, en los espacios más lejanos del territorio, manipulando a poblaciones ajenas a la educación y al conocimiento elemental de las cosas, al extremo de convencerlas de que el Estado –“manejado por la derecha explotadora y corrupta”- confisca sus propiedades. En particular los rojos practican este atentado a la verdad entre las comunidades altoandinas. A estas las soliviantan con su verbo mendaz y encendido, sentenciando que todo lo que tenga que ver con la instalación de industrias como la minera y petrolera, implica robo y asalto a los comuneros.
La consecuencia de esta perversa campaña del socialismo entre la población es la extinción de la minería y la imposibilidad de producir petróleo. En pocas palabras, la destructiva consigna socialista atenta contra el progreso nacional. Las consecuencias de asfixiar a la minería son clarísimas: el Estado ya dejó de recibir ingentes recursos producto de la evaporación de divisas que trae la seca de exportaciones por menos extracción de minerales; menor ingreso tributario, fundamentalmente Impuesto a la Renta e IGV; contracción del canon minero que permitía el desarrollo de las regiones –aunque durante la última década los gobiernos regionales manejados por los rojos despilfarraron dichos recursos sin invertir en obras rurales e infraestructura, diezmando la competitividad emprendedora y frustrando una mejor calidad de vida para la gente. Esto aparte de haber destruido decenas de miles de puestos de trabajo.
Tras arremeter violenta y sangrientamente para generar asonadas orientadas a paralizar sendos megaproyectos mineros –empezando por Conga y Tía María– ahora la grita socialista enfila sus baterías contra el sector hidrocarburos. “No al entreguismo del petróleo” es el lema de la izquierda contra cualquier concesión para proyectos de exploración y explotación petrolífera. La orden es frenar toda actividad privada en ese segmento –aquella que pone los recursos financieros y tecnológicos eximiendo de hacerlo a un Estado pobre como este– y retornar a que la sumamente riesgosa y costosa actividad de exploración y explotación petrolera las vuelva a asumir el Estado. Deja vu de atroces tiempos del socialismo militar velasquista, auténtico génesis de la quiebra nacional y el florecimiento del terrorismo.
¿De dónde saldrían miles de millones de dólares para que Petroperú y Perupetro exploren petróleo? Sondear un pozo puede costar US$100 millones, y al no hallarlo el dinero se esfumó. Igual al refino del crudo por las fluctuaciones del precio del petróleo. Un país con inmensas carencias en Educación, Salud y Seguridad, encima amenazado por un Fenómeno El Niño que pudiese generar estragos cuya subsanación se estima en US$4,000 millones, ¿puede despilfarrar recursos para que la petrolera estatal contrate a hordas de ganapanes socialistas, dizque porque son los llamados a manejar la “estratégica industria petrolera”? ¡La experiencia de las empresas públicas ya nos costó US$6,000 millones entre las décadas setenta y noventa!
