Por: Camilo Carrillo
El Comercio, 17 de abril de 2020
Este año será duro para la inversión en infraestructura. Con una caída de la inversíón pública estimada en 4,5% del PBI, se avisoran tiempos difíciles para la ejecución de proyectos que mejoren la calidad de vida de nuestros ciudadanos, en medio de la emergencia desatada por el COVID-19.
El actual escenario, sin embargo, representa también una oportunidad para realizar cambios estructurales que a mediano plazo nos permitan –pasada la emergencia– volver a una senda de crecimiento, a fin de cerrar las brechas de infraestructura. En ese camino, son tres las medidas que pueden sentar los pilares de una aceleración en la ejecución de infraestructura posemergencia.
Lo primero es atacar la principal fuente de demoras de la ejecución de proyectos: la tramitación de los permisos municipales de obra. En un análisis realizado por el Consejo Privado de Competitividad, descubrimos que en solo 5 de los 14 distritos en cuya jurisdicción se ejecutan los mayores proyectos de inversión del país se cumplía la aprobación automática –según establece la norma– de las licencias necesarias para ejecutar obras (habilitación urbana, de edificación, etc). Si bien con el Decreto de Urgencia 018-2019 quedan exonerados de este trámite los proyectos del Plan Nacional de Infraestructura, el 72% de la inversión se da en los proyectos de menos de S/15 millones, justamente aquellos relacionados con la provisión de servicios públicos a la población más necesitada (obras de saneamiento, colegios, postas médicas, entre otros). Ampliar la exoneración para todos los proyectos de inversión pública y APP relacionados con la provisión de servicios públicos resulta, entonces, impostergable.
Las facultades legislativas otorgadas por el Congreso para acelerar procesos de expropiación y liberación de interferencias que ralentizan la ejecución también puede ser una herramienta útil. Eso si es que, nuevamente, dejamos de darles los beneficios del Decreto de Urgencia 018-2019 (mayor flexibilidad para las contrataciones relacionadas con dichas labores) solo a los proyectos del Plan Nacional de Infraestructura para ampliarlos hacia todos los niveles de gobierno y tipo de proyectos de inversión pública.
Entre los cambios estructurales, es el real empoderamiento de Proinversión el que puede generar mayor impacto de largo plazo. Este pasa por darle la capacidad de formular, estructurar y licitar los proyectos de APP –generalmente los de mayor envergadura nacional– sin la engorrosa necesidad de solicitar permiso a cuatro entidades más para cada etapa del proceso.
Mientras que en Colombia o Chile una entidad asume el liderazgo de los proyectos y lleva adelante todo el proceso, en nuestro país los reguladores y la contraloría, entes que se supone tienen otras especialidades, evalúan y opinan en todas las fases del contrato y de la ejecución de la obra. Tenemos un regulador que opina sobre estructuras de financiamiento o ejecución física del proyecto y una contraloría que opina sobre tasas de interés, costos unitarios y todo tipo de decisiones técnicas del proyecto. Entonces, ¿qué tarea cumple ProInversión?
Si queremos ejecutar más y mejor, tenemos que darle a ProInversión esa capacidad de tomar decisiones; para eso tiene gente capacitada y especializada en este tipo de proyectos. Lo que corresponde ahora es delimitar claramente la opinión de cada entidad, para que sus intervenciones sean sobre lo que realmente está dentro de su competencia.
Es momento de dejar las decisiones a medias, las que facilitan la inversión solo para grandes proyectos. La inversión que genera impacto está también en las pequeñas obras de saneamiento, en los colegios, en las postas médicas. Según un estudio de Torero, Escobal & Saavedra, la inversión en estos proyectos incrementa la probabilidad de salir de la pobreza en un 21% y reduce la desigualdad. Este es el momento de hacer los cambios, después podría ser muy tarde.
