Por: Alfonso Miranda Eyzaguirre
Expreso, 7 de noviembre de 2020
Cuando un ciudadano o una empresa quieren operar un establecimiento artesanal o industrial pesquero en el Perú, deben colmarse de paciencia e iniciar una colosal aventura, en la que enfrentarán a decenas de funcionarios de diversas agencias públicas, que exigirán informes, estudios, dictámenes, formularios, pagos de derechos y declaraciones. Como los plazos estipulados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de cada entidad son solo números esotéricos, éstos muchas veces se van a ver duplicados, triplicados y hasta decuplicados por “carga de trabajo”, “permisos médicos”, “temas prioritarios”, “causas de fuerza mayor y menor”, etc. Así, nuestro agobiado y quijotesco ciudadano emprendedor, deberá esperar no menos de 2 años –con viento y humores a favor– para obtener las anheladas licencias y autorizaciones.
Pero como la felicidad no es un estado de ánimo al que puedan acceder fácilmente los aspirantes a operar una planta de esta naturaleza, a partir del mismo día que recibe su título habilitante, deben encarar lo que he llamado “una persecución en posta” por parte de funcionarios de OEFA, ANA, SERNAMP, SANIPES, PRODUCE, SUNAT, DIREPRO, SUNAFIL, Policía Ecológica, DICAPI, Supervisoras, Municipios y otros. Todos llegan investidos de una autoridad a la que hay que atender con inmediatez para evitar la comisión de una muy grave infracción. A la hora que sea y así llueva o truene, un ejército de inquisidores prepara actas, señala observaciones, intuye hallazgos, vislumbra defectos, presume fallas, requiere copiosa información, amenaza, se ofende y disfruta de su influjo. El acosado emprendedor debe contratar un plantel de abogados, ingenieros, biólogos, oceanógrafos, ambientalistas y demás, en este caso, no para mejorar su productividad o diversificarse, sino para hacer frente a esta especie de ejército de ocupación. ¡Cómo atosiga la formalidad en nuestro Perú!
Lo paradójico es que a una muy corta distancia de estas instalaciones, en todos los puertos del litoral peruano, se operan factorías sin cumplir con ninguno de los requisitos de autorización, licencia de operación, habilitación sanitaria ni ambiental. Tampoco se preocupan de los reglamentos tributarios, laborales o municipales. Procesan recursos pesqueros sin que nadie lo consienta, ni los incomode. No pagan derechos, ni impuestos. No los inspeccionan, ni visitan. No los intimidan, ni los obligan a rendir cuentas. ¡Cómo libera ser ilegal en nuestro sufrido Perú!
Resulta indignante que las denuncias sobre operaciones ilegales de productores de harina de pota y de pescado en Paita y otros puertos, que han ido acompañadas de fotos y videos georeferenciados y presentadas ante el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) el 18 de agosto, al igual que muchas otras presentadas en años anteriores ante las instancias correspondientes, no hayan sido atendidas adecuadamente y siga la impune proliferación de locales clandestinos que desvían recursos hidrobiológicos, destruyen el medio ambiente, se burlan del Estado y compiten deslealmente con los que trabajan en el marco de la legalidad.
Evidentemente las acciones que se puedan haber tomado, no han sido sustantivas y el DL 1393 que regula la interdicción de las actividades ilegales en la pesca, promulgado en 2018, solo es una cómica anécdota de la que se mofan todos los días en nuestras provincias costeras. Eduardo Galeano dijo: “La impunidad premia el delito, induce a su repetición y le hace propaganda: estimula al delincuente y contagia su ejemplo”. Es la hora de promover la legalidad y combatir sin tregua a las actividades ilícitas que todos conocen y que han hecho metástasis entre Tumbes y Tacna.
