Geoffrey Cannock, Socio, APOYO Consultoría
Gestión, 19 de Abril de 2017
El proceso de renovación de las autoridades de los organismos reguladores es una ocasión apropiada para discutir sobre el potencial rol de estas entidades.
La creación de entidades reguladoras de servicios públicos en los noventa contribuyó exitosamente al cambio del rol del Estado: de Estado empresario a Estado regulador y promotor de la inversión privada.
La nueva institucionalidad creada promocionó la inversión privada mediante la reducción del riesgo regulatorio de la inversión al brindar estabilidad y mayor predictibilidad en las decisiones clave para los servicios de infraestructura como en tarifas, promoción de la competencia, solución de reclamos de usuarios y de controversias entre empresa, entre otros; todo ello en beneficio de un mayor bienestar para los usuarios reflejado en un mayor acceso a servicios con menores precios.
La justificación de la creación de una entidad reguladora se basó en la presencia de una clara falla de mercado, principalmente la presencia de monopolios naturales en los servicios de infraestructura, como fueron los casos de Osiptel y Osinergmin.
Las ventajas de diseño de los organismos reguladores se originaron por el alto nivel de autonomía que efectivamente han tenido para la aplicación de sus funciones y para su ejecución presupuestal; por su estructura de gobierno y de renovación de directivos; por una ley específica que les otorga fuertes facultades normativas y de supervisión; por un régimen laboral similar al de la actividad privada para sus funcionarios; y finalmente por contar con un financiamiento que no depende de los vaivenes del presupuesto público. Todo ello les ha permitido contar con personal altamente calificado y mostrar un desempeño que, en general, ha sido favorablemente evaluado por informes de la OCDE.
Existe la creencia de que los reguladores solo deben enfocarse en sectores de servicios públicos. Sin embargo, el universo de organismos reguladores no necesariamente se debería limitar a lidiar solo en sectores en los cuales existe alta presencia de posición de dominio. En general, los reguladores pueden ser muy apropiados para otros sectores con fallas de mercado, como en aquellos con presencia de información asimétrica; o para asegurar la sostenibilidad de recursos naturales renovables, como forestal, recursos hídricos o pesqueros.
Salvo el sector minero, el potencial de los sectores basados en recursos naturales aún está muy por encima con respecto al nivel de actividad efectivo. Así, las exportaciones agrarias, pesqueras y de productos forestales son apenas 10% del total de exportaciones; mientras países con una dotación similar, como Finlandia, Canadá, Suecia, Brasil o Chile, alcanzan a más de un tercio de sus exportaciones.
La principal razón ha sido la debilidad institucional. Por ejemplo, el Perú ocupa el puesto 77 de 129 países en el índice de competitividad forestal preparado por Apoyo Consultoría a pesar de la enorme aptitud forestal que tiene el territorio nacional. Sin embargo, el entorno institucional es muy bajo en términos de contar con entidades con autonomía y alta capacidad técnica, que promuevan concesiones e inversiones sostenibles y que cuenten con un presupuesto adecuado.
Un regulador para recursos naturales renovables parece ser una buena solución. Ya se tiene la experiencia como país. La ley del Poder Ejecutivo contempla la figura de reguladores como parte de la tipología de posibles entidades públicas, aunque al mismo tiempo indirectamente los limita a los ya existentes. Sería conveniente eliminar esta limitación para contribuir a una mayor inversión y una mejor gestión para los recursos naturales renovables.
