La descentralización es una herramienta poderosa para acercar el Estado al ciudadano. Por la manera en que se puso en práctica, la regionalización ha devenido en la destrucción del activo más importante de la nación: su carácter unitario. Se ha descentralizado el país de manera claramente irresponsable, desaprensiva y en flagrante desacato a las leyes de la República.
La regionalización se rige por el mandato constitucional y siete leyes que lo desarrollan. Un elemento clave es la transferencia a las regiones y municipios de competencias y recursos, que se debió realizar de manera gradual, por etapas, y solo en la medida que fuesen capaces de asumir cabalmente sus funciones. No se cumplió con los requisitos y criterios básicos para certificar tales capacidades, y se procedió a transferirlos masivamente.
El resultado de esta falencia ha sido la ineficiencia, el dispendio y, en muchísimos casos, la corrupción. ¿Qué hacer ahora? Pues simplemente actuar para que cada ministerio ejerza el poder que le otorga la ley, y proceda a recertificar a las entidades subnacionales en cada una de las competencias transferidas. A su vez, cada ministerio deberá otorgar el apoyo técnico para que estas entidades puedan cumplir su función. En tanto que no se verifique tal condición, no se debe permitir el ejercicio de la función anteriormente transferida. Según ley, el Poder Ejecutivo y sus ministerios como entes rectores tienen que “cumplir y hacer cumplir el marco normativo relacionado con su ámbito de competencia, ejerciendo la potestad sancionadora correspondiente”.
El Gobierno Nacional no puede abdicar de las atribuciones que la Constitución, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y demás leyes le confieren. Ello es fundamental si habremos de recuperar el carácter unitario de la nación. Así, por ejemplo, los gobiernos regionales y locales no tienen jurisdicción sobre el agua y los recursos del subsuelo, pues estos pertenecen al Estado, de tal manera que una autoridad subnacional que se arrogue derechos sobre tales recursos o que utilice fondos públicos para oponerse o dificultar una actividad debidamente aprobada por el Gobierno Nacional está automáticamente incurriendo en falta o delito que debe ser sancionado por el ente rector correspondiente.
Lo que ha sucedido en el Perú con las actividades de irrigación, hidrocarburos, mediana y gran minería es que el Estado no ha acompañado estos grandes emprendimientos con su presencia y el despliegue de actividades tanto políticas como de información a la población involucrada. Tampoco se han realizado acciones de inteligencia para hacer frente a aquellos que ilegalmente manipulan a la población en función de sus propios objetivos políticos.
La ausencia de partidos políticos nacionales fuertes y organizados ha perjudicado la descentralización de manera grave, cediendo espacios a los llamados movimientos regionales. En algunos casos, partidos nacionales han ‘franquiciado’ a individuos ajenos al partido permitiendo su postulación. Por otro lado, los movimientos regionales se crean con pasmosa facilidad ante la indolencia del sistema electoral que los exime de los controles que aplican a los partidos nacionales. Peor aún, el rápido crecimiento económico de la última década y los ingentes recursos provenientes del canon han propiciado en algunos casos el surgimiento de mafias organizadas que acceden al poder a través de tales movimientos. Aquí lo que corresponde es que las autoridades electorales homologuen las exigencias a los movimientos regionales, con aquellas que exigen a los partidos nacionales.
Finalmente, lo que debe hacer el Estado es salvar la descentralización trabajando y facilitando la tarea de las autoridades subnacionales que han demostrado eficiencia y probidad. El Estado también debe desplegar un gran esfuerzo de capacitación, supervisión, control y sanción. Toda competencia transferida debe cumplir con los criterios que la ley consagra, y cuyo fin último es acercar el Estado a la población para que el ciudadano sea servido con eficiencia y equidad.
El Poder Ejecutivo, los ministros y, en general, todos los entes rectores no pueden ahora evadir su responsabilidad y abdicar de su mandato. Si lo hacen, pronto estaremos enfrentados a una nación compuesta por un archipiélago de pequeños estados inviables donde gobierne el más audaz, el más corrupto o, simplemente, el más fuerte.
