Tres años y tres meses del actual gobierno solo han traído malas nuevas en la lucha contra la delincuencia. Las aparatosas apariciones mediáticas, las estadísticas improbables y la obcecación frente a la crítica no pueden ocultar lo evidente: los peruanos debemos asignar cada vez más tiempo y recursos propios a protegernos de la creciente amenaza de la criminalidad. Así, más allá de las continuas declaraciones optimistas y de los buenos deseos, los datos sugieren que el Estado ha abandonado su función primordial de protección del ciudadano.
Según fuentes oficiales, el número de delitos viene creciendo más de 10% en los últimos años. Sin embargo, el número real de delitos es mucho mayor: un estudio reciente de las Naciones Unidas concluye que más de 90% de los robos no son reportados. Asimismo, para el Barómetro de las Américas, el Perú es el segundo país en América Latina con mayores índices de victimización. Incluso con los datos más conservadores, cada año un tercio de los peruanos es víctima directa de los delincuentes. No debe extrañar, entonces, que vivamos entre rejas y muros, con alarmas y cadenas, dominados por el miedo y la aprehensión.
¿Por qué aumenta la delincuencia? En primer término, porque la participación del presupuesto del Ministerio del Interior ha pasado de ser respecto al nacional más de 8% en el año 2000 a alrededor de 5,5% en los últimos años. Asimismo, el presupuesto del Interior es hoy 1,3% del PBI, mientras que era mayor a 1,5% hace una década. En segundo lugar, porque, en promedio desde el 2000, más del 90% del presupuesto se asigna al gasto corriente y menos del 10% a inversiones en mejores comisarías o en capacitación del personal. En tercer lugar, porque tenemos la fuerza policial peor pagada de la región. Las remuneraciones de los policías colombianos y ecuatorianos son el doble que las de nuestros policías. Finalmente, las cárceles peruanas ofrecen un panorama descorazonador: el número de presos se ha duplicado en diez años, el hacinamiento supera el 200%, el 58% de los internos no tienen condena, multitud de delitos y crímenes se planifican desde las prisiones, y, en el borde del espanto, 25% de los internos han sido miembros de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas. Pese a ello, nuestro Estado asigna escasos recursos al sistema penitenciario. El presupuesto de la gendarmería chilena es más de cuatro veces que el del Instituto Nacional Penitenciario en términos absolutos y ocho veces en términos per cápita.
Y no es que nos falten policías. Hay más policías per cápita en el Perú que en los países vecinos. Por ejemplo, el número de policías por cada 100 mil habitantes en nuestro país es mayor a 300 mientras que en Chile es de 190, según las Naciones Unidas. Pero, inexplicablemente, solo un tercio de la fuerza policial se encuentra en las comisarías, y, gracias al nefasto 24 × 24, apenas una fracción de este número realiza labores efectivas de patrullaje. Una última muestra de la ineficiencia de la seguridad pública: del total de las comisarías, 40% no tienen Internet, 46% no tienen acceso a la base de datos de requisitorias, 61% no están conectadas con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil y 57% no coordinan su patrullaje con los municipios.
No continuemos con la charada de pretender que les pagamos a nuestros policías y los equipamos adecuadamente, para que ellos, a su vez, pretendan que nos protegen. Tengamos en cuenta que en todos los indicadores de productividad policial, como la razón de delitos resueltos entre denuncias o el número de delitos resueltos por policía, estamos a la zaga en la región.
En Lima y en el resto del Perú, aquellos con mayores medios económicos contratan guardias privados; aquellos con menores medios se organizan en grupos de ciudadanos que vigilan sus vecindarios y poblados y administran justicia de manera informal. La falta de liderazgo del Estado origina que las familias luchen de forma desperdigada, inconexa e ineficiente contra los delincuentes. Los costos de la inseguridad ciudadana incluyen, entre otros, los recursos destinados a la seguridad privada, así como los daños materiales y la pérdida de vidas producto de la delincuencia. Un cálculo conservador sugiere que nuestro país pierde al menos 3% de su PBI cada año debido a la ineficiente provisión de seguridad ciudadana. Los detalles están en macroup.blogspot.com.
La ausencia de provisión pública de seguridad es la peor forma de redistribución del ingreso, pues implica que los recursos de los ciudadanos productivos, en especial de aquellos de menores ingresos, terminen en manos de los delincuentes.
