Carlos Gálvez Pinillos, Ex presidente de la SNMPE
Para Lampadia
Veo con preocupación que estamos ad portas de nuevas elecciones regionales y municipales para cubrir las plazas de; 25 Gobernadores Regionales que van acompañados de 299 ciudadanos, entre Vicegobernadores y Consejeros Regionales. De otro lado 196 Alcaldes Provinciales y 1,756 Regidores Provinciales y finalmente 1,655 Alcaldes Distritales acompañados de 8,819 Regidores Distritales. En suma, 12,750 autoridades sub-nacionales.
Grande debería ser nuestra preocupación al ver que, como consecuencia de la “Ley de Regionalización”, lo único que hicimos fue crear burocracias departamentales y no fuimos capaces de crear un número razonable, entre cinco y ocho a lo sumo, de regiones que generen una “masa crítica” de población con actividades económicas complementarias y recursos naturales e intelectuales que sumen a la creación de valor de esa parte del territorio.
Peor resulta observar que, según cifras oficiales, el año 2016 “de las 1,872 municipalidades existentes, casi 1,000 de ellas (53% de las municipalidades), tienen una población menor a 5,000 habitantes” ª , pero lo más grave es que, “en promedio sus gastos corrientes representan 6 veces su capacidad para captar recursos propios”ª, no me he confundido seis veces. Léase, hemos generado cacicazgos que han de recibir dinero para vivir ellos, pero con absoluta incapacidad de gestionar recursos que generen algún bienestar a sus pobladores y menos de promover actividad económica que produzca excedentes económicos para invertir en su desarrollo.
Independientemente del despilfarro económico que esto significa, la corrupción así atomizada se vuelve incontrolable, peor aún cuando los valores y educación cívica no son la característica dominante de aquellos que ven en esto una oportunidad para medrar.
Como si esto fuera poco, quien “lanzó las primeras elecciones regionales”, no se ocupó de crear líneas claras, ni estructura de gobernanza que permitan el alineamiento de los objetivos nacionales, regionales y municipales, demarcando las competencias de los alcaldes provinciales y distritales diferentes a las de los gobernadores regionales que, no deben ser “súper-alcaldes” de una extensión mayor de territorio. Finalmente, sus sistemas de control y de reporte no están identificados, por lo que se sienten pequeños reyezuelos.
Creo que el primer paso sería reducir el número de municipalidades distritales en función del tamaño poblacional y capacidad de auto-sostenimientoeconómico, pues, no debe haber gobierno de ningún nivel (distrital, provincial o regional) incapaz de sostenerse económicamente a base de su propia recaudación tributaria. Igualmente, una herramienta que permitiría corregir este grave engendro es; exigir que, alcaldes y gobernadores presenten su proyecto de gobierno en un plan y programa claro de trabajo, con cronograma de actividades y presupuestos, que reporten trimestralmente su cumplimiento y avance, presentando a su población y autoridades nacionales sus Estados Financieros auditados, avance de obras y reporte de calidad, tal como lo hace cualquier empresa con accionariado difundido, y por supuesto estos serían elementos objetivos para su continuidad, reelección o revocatoria. Debe estar claro que, si no cumplen, la Contraloría General de la República tiene la responsabilidad y capacidad de destituir y enjuiciar a la autoridad responsable.
La revocatoria no debe ser producto del disgusto de los opositores (muchas veces perdedores de elecciones que crean su “frente de defensa”), sino el resultado del “accountability” por incumplimiento de su función. Así de verificable.
Estoy seguro que, quienes sepan que tendrán que cumplir con estas exigencias y que no podrán hacer o dejar de hacer lo que quieran, además de estar sujeto al escrutinio trimestral de sus actividades, resultados económicos, ante la posibilidad de su destitución y enjuiciamiento automático, lo pensarán mejor antes de entrar al “festín electoral”.
Esto ciertamente exige de los candidatos a alcaldes y gobernadores calidades y competencias profesionales ypor lo tanto, el costo que esto significa obliga a revisar el número de autoridades municipales y demarcación territorial a mantener en el Perú.
¡No puede ser que hayamos creado por lo menos 1,000 distritos que no se sostienen económicamente a sí mismos, sólo porque eso fue una promesa a los votantes!
Invito pues al poder ejecutivo para que, en uso de sus facultades exclusivas que la Ley 27795 le otorga, haga la propuesta correspondiente y al Congreso de la República a que dé un paso trascendental en la rectificación del grave error cometido en el pasado y apoye esta iniciativa.
