Por Roberto Abusada Salah
(El Comercio, 20 de octubre de 2015)
A solo seis meses de las elecciones generales, la ciudadanía parece aspirar solo a un cambio de gobierno relativamente tranquilo. Sin embargo, es muy probable que enfrentemos una campaña electoral cargada de acrimonia y presidida por una administración debilitada cuya principal tarea debe ser ahora garantizar el recambio democrático.
Es el momento de tomar conciencia sobre las acciones que deberá enfrentar el próximo régimen para retornar a la senda del progreso. Hemos desperdiciado brillantes oportunidades para sostener el extraordinario crecimiento económico de años pasados, pero no es menos cierto que el Perú mantiene intactos sus excepcionales fundamentos que permiten relanzar el desarrollo económico y social: la estabilidad macroeconómica, la integración y la apertura al mundo, la deuda pública neta insignificante, la calificación crediticia excelente, un banco central independiente y de clase mundial. Asimismo, la energía abundante a precios competitivos, grandes reservas internacionales, indispensables proyectos rentables y factibles de realización con la participación de empresarios dispuestos a desarrollarlos y con fácil acceso al financiamiento doméstico e internacional.
¿Qué se requiere para echar a andar nuevamente al país? El punto crítico que debe concentrar nuestra atención es el aumento de la productividad. No existe país que haya alcanzado el desarrollo sin haber sostenido una alta tasa de crecimiento en la productividad. Es decir, en la habilidad de hacer cada vez más con los recursos de capital y trabajo a su disposición.
En el Perú, son tres las tareas que el nuevo gobierno debería enfrentar al día siguiente de instalado: dos de ellas son labores de reparación de daños relativamente recientes infligidos a la capacidad del país para aumentar su productividad. La otra tiene que ver con una carencia clamorosa que cualquier gobierno diligente debe proponerse remediar.
Las dos tareas de reparación son quizá las más intensivas en el uso de capital político: las relativas a la legislación laboral y las reformas al proceso de regionalización.
En el caso de la legislación laboral, debe empezarse por el cambio más obvio y simple, aunque no el único. Los fallos del Tribunal Constitucional en años recientes han retrotraído el principio de estabilidad laboral relativa, mediante el cual el trabajador que es despedido tiene derecho a ser indemnizado por tal hecho, de regreso a la estabilidad laboral absoluta instituida por el gobierno del general Juan Velasco por la cual la reposición en el puesto es una decisión en manos del trabajador. No sorprende entonces que el Perú ocupe el lugar 130 entre 144 países en el ránking de flexibilidad laboral cuando se mide la facilidad para el empleo y el despido.
No hay manera en que una economía pequeña y abierta al mundo como la peruana pueda adaptarse manteniendo un entorno de creciente productividad con un régimen laboral con las características descritas. Una simple consulta de una organización de la sociedad civil ante el Tribunal Constitucional puede dar a este la oportunidad de fallar en concordancia con el criterio de estabilidad laboral relativa aplicada en la abrumadora mayoría de los países.
La segunda tarea impostergable es abordar el grave daño al carácter unitario de la nación que se ha creado por la defectuosa aplicación del proceso de regionalización. La causa del monumental problema que enfrenta hoy el país no ha sido por una falencia legislativa, sino por la absoluta falta de criterio, responsabilidad y liderazgo. Las leyes de desarrollo constitucional respecto del mandato de descentralización son adecuadas. Lo que falló fue el cumplimiento de la ley en términos de las condiciones necesarias para transferir recursos y competencias a los gobiernos subnacionales y la abdicación de las autoridades de los organismos rectores del Gobierno Central a ejercer su autoridad según ley.
Por último, está levantar la calidad y cantidad de la infraestructura productiva que impide el crecimiento de la productividad. Se debe lanzar un ambicioso programa multianual de infraestructura en un plan que garantice la priorización en términos de la contribución al crecimiento, la integración física y la conectividad de todo el territorio.
Aquí los aspectos claves son la calidad de la inversión y la coordinación de los tres niveles de gobierno con una participación central del sector privado. Esta labor deberá estar complementada con la autorización del nuevo Congreso para que el gobierno promulgue un decreto legislativo que derogue en un solo acto toda la maraña de trámites para en un plazo prudencial instituir un nuevo régimen de procesos administrativos, controles, inspecciones y demás.
