Roberto Abusada Salah, Presidente del Instituto Peruano de Economía (IPE)
El Comercio, 07 de febrero de 2017
El 2017 será recordado como el año infausto en que la corrupción provocada por las constructoras brasileñas generó en el Perú una profunda crisis política y económica que ha desnudado nuestra pobreza institucional y apagado también las esperanzas de acelerar nuestro enclenque crecimiento. ¿Pero cuál es el origen de esta situación?
Gran parte de nuestro infortunio tiene que ver con los 12 años (2003-2015) en que Brasil fue gobernado por el Partido de los Trabajadores (PT) y sus reelectos presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff. Llegado al poder, el PT no solo frenó el proceso de reconstrucción política y económica emprendida entre 1995 y el 2002 por el presidente Fernando Henrique Cardoso, sino que, bajo el disfraz de una izquierda moderada, desató en Brasil un populismo corporativista desenfrenado y un proyecto de hegemonía colonialista en toda Sudamérica.
El arma expansionista del PT fue el Foro de Sao Paulo, un organismo creado por Fidel Castro y Lula para aglomerar a todos los partidos de izquierda. En su apogeo, miembros del foro alcanzaron el poder en 12 países de América Latina, incluyendo al Perú, Argentina, Bolivia, Chile, Cuba, Ecuador, El Salvador y Nicaragua.
Lula, Dilma y el PT usaron sin recato en toda Sudamérica el poder político, económico y financiero de Brasil a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores (Itamaraty), su gigantesco Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) y otros mecanismos como la llamada Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA). Mostraban con orgullo su recientemente adquirido brillo de estrella mundial: un PBI que sobrepasaba al del Reino Unido, su participación en el G-20 (el club de mayores economías del mundo); la ‘B’ de los BRIC junto con Rusia, India y China. También organizaban la Copa Mundial de Fútbol del 2014, los Juegos Olímpicos de Río del 2016, y soñaban con ser miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Pero Brasil quería más: decidir el destino de toda Sudamérica. Y en ese esfuerzo participó activamente en promover –con su influencia política y dinero– la llegada al poder de sus principales aliados y subalternos del Foro de Sao Paulo para adelantar su visión de ser la potencia mundial al mando de, literalmente, toda Sudamérica. Como parte de esa estrategia, Itamaraty y el BNDES coordinaron gigantescos subsidios financieros a decenas de multinacionales brasileñas. Entre ellas, sus grandes constructoras, para convertirlas en los brazos extendidos del Estado Brasileño por todo el hemisferio.
Las constructoras resultaban particularmente útiles para esta tarea, permitiéndoseles sustraer ingentes recursos del Tesoro Público y de las empresas estatales a través de una estrictamente coordinada sobrevaloración de las obras. Odebrecht fue la empresa que con mayor sofisticación logró canalizar esos recursos montando un esquema internacional secreto formado por empresas de fachada e incluso adquiriendo bancos, mientras se mantenía fuera del escrutinio de organismos reguladores financieros de los países desarrollados al no transar sus acciones en bolsa alguna. “The Economist” puntualizaba recientemente su organización, capacidad técnica y excelencia organizativa. IMD, la escuela de negocios suiza, la consideraba la mejor empresa familiar del mundo, y la consultora McKinsey elogiaba sus éxitos atribuyéndolos a “sus principios y valores” (“The Economist”, 22 de agosto del 2015).
La más ignominiosa intromisión brasileña en nuestro país perpetrada por Lula y el PT habría sido el financiamiento de la campaña del Partido Nacionalista (que explicaría el llamado Programa OH) durante la campaña del 2011. Pero eso no es todo. Brasil, a través de su canciller y luego ministro de Defensa Celso Amorim, trató por todos los medios de neutralizar a la Alianza del Pacífico (AP), considerada una amenaza a su esquema hegemónico y sugiriéndose luego, con el apoyo del canciller chileno Heraldo Muñoz, una fusión con Mercosur. Amorim utilizó también al ministro de Defensa humalista Luis Alberto Otárola para influenciar en nuestras Fuerzas Armadas con el pretexto de ‘una alianza estratégica destinada a mejorar la capacidad disuasiva del Perú’.
Más allá de la urgente necesidad de detener de inmediato cualquier remanente de esta tóxica relación con Brasil, cabe demandar explicaciones a nuestros anteriores gobernantes, Fuerzas Armadas y a los miembros reelegidos en el actual Congreso por permitir esta inexcusable intromisión de una potencia extranjera. Es sorprendente ver a algunos miembros de la Comisión Lava Jato hace pocos días acosando con sorna al actual ministro de Energía y Minas y mostrarse maliciosamente incrédulos ante la posibilidad de que existan personas que no hayan notado los manejos secretos de Odebrecht, cuando ellos parecieron no percatarse de la estrategia colonial brasileña desplegada durante años delante de sus narices.
