Jaime de Althaus, Antropólogo y periodista
El Comercio, 25 de marzo de 2016
Se ha repetido hasta la saciedad que una ley como la del retiro del 95% del fondo al momento de la jubilación no debe aprobarse en etapa electoral porque se privilegia el interés electorero en perjuicio del interés de largo plazo del país.
Plantear el retiro del 95% del fondo acumulado es dictar la sentencia de muerte no solo del sistema privado de pensiones (SPP), sino también del público, de la obligatoriedad misma del aporte pensionario. Porque la única justificación para recortar la libertad individual de las personas imponiéndoles la obligación de ahorrar toda la vida una cantidad apreciable de sus ingresos, es que de esa manera gozarán de una pensión que les permitirá vivir cuando ya no trabajen y que, de paso, no serán una carga para el Estado.
Por eso, el debate implícito en esta norma es la obligatoriedad misma del aporte pensionario. Lo que deberíamos discutir antes de aprobarla, es si queremos un sistema de pensiones o no, si queremos tener la libertad de aportar o no. Porque una vez aprobada, la eliminación de la obligatoriedad caerá por su propio peso. La demostración está en la columna de ayer de Juan Carlos Tafur que argumenta que ante esta ley es mejor ir de una vez “por todo y no por partes”, que el objetivo es lograr “la plena libertad de los peruanos respecto de cómo asegurar su jubilación”, y que “habrá que ir hacia la conversión de todo el sistema en voluntario, que se elimine la obligatoriedad, ya no solo la libre disposición del fondo cuando uno cumpla 65 años…”.
Ese va a ser el destino inevitable si se aprueba la ley. Pero entonces hay que dar ese debate para esclarecer todas las consecuencias posibles de una decisión tan fundamental. Porque si suprimimos la obligatoriedad, la política electoral llevará inexorablemente a proponer, más temprano que tarde, la universalización de una Pensión 65 recargada, como ya se insinúa en el plan de gobierno del Frente Amplio, de modo que terminaremos con todos los ciudadanos mayores de 65 años en la planilla del Estado. ¡Bravo!
Pero si luego de ese debate acordamos mantener un sistema de pensiones contributivo, no podemos aprobar una ley como esta, sino reformas que lo mejoren. Pues pese a todo el SPP ha sido un gran avance histórico: los afiliados van a recibir cuando se jubilen más de lo que aportaron porque su fondo habrá ganado intereses, no es el Estado el que tiene que pagar y por lo tanto desaparece cualquier bomba de tiempo fiscal como la que amenaza a la supervivencia de los estados en Europa, insostenibles con el envejecimiento de su población; y, por el contrario, generamos un ahorro interno sin precedentes para financiar proyectos que permitan cerrar nuestra brecha de infraestructura. ¡Responsabilidad por favor! Lampadia
