Por: Diego Díaz Pastor, Economista Senior de Macroconsult
Diario Gestión, 7 de octubre de 2020
El sector eléctrico peruano enfrenta durante el año 2020 uno de sus tiempos más difíciles. A la aguda reducción de la demanda desde marzo, que llegó a caídas del 30%, se sumó un incremento sin precedentes en la morosidad de los clientes de todos los sectores (residenciales, comerciales e industriales). En particular, las distribuidoras eléctricas estuvieron en primera línea afrontado este contexto con un mínimo apoyo del Estado. Obligadas a mantener la continuidad del servicio y a asumir el costo de la electricidad consumida por sus usuarios, la mayoría de las distribuidoras recurrió a su caja y a líneas de crédito para honrar sus obligaciones con el resto de los agentes de la cadena de pagos del sector (generadores, transmisores y proveedores), impidiendo así la ruptura de esta en un momento clave.
En este mismo contexto, la tarifa eléctrica de los usuarios regulados se ha puesto en el foco de la discusión política. En primer lugar, se tuvo la medida del Ejecutivo para fraccionar los recibos de los usuarios hasta en 24 meses, cubriendo el Estado solo una parte del verdadero costo financiero que tienen que asumir las empresas de distribución para atender las solicitudes de millones de usuarios. A esto, se han sumado algunas iniciativas desde el Congreso de la República que buscan modificar aspectos centrales de la regulación eléctrica para el modelo de negocio de las distribuidoras.
La de mayor impacto es la relacionada a la tasa de actualización (TA) del sector, elemento clave para el cálculo de las tarifas de distribución. La propuesta del Congreso de reducirla de 12% a 10% con el objetivo de disminuir de forma marginal la tarifa eléctrica de los usuarios regulados no sólo carece del suficiente sustento técnico, sino que es inoportuna dada la sensible situación financiera del sector y la incertidumbre sobre el desempeño económico de los próximos años. Osinergmin ha expresado su posición respecto a que la TA debe reducirse a 10%, sustentada en un estudio del 2016 que presenta cálculos netamente financieros, utilizando indicadores de EE.UU. y sin considerar los riesgos intrínsecos del esquema regulatorio peruano, que es imperfecto e incierto. Más aún, no se consideran los diferentes perfiles de riesgo de las tres actividades del sector: generación, transmisión y distribución, siendo esta última la de mayor riesgo regulatorio.
En este sentido, el MINEM debe fijar una posición clara y reafirmar su política de atracción de las inversiones para esta nueva década que requerirá de importantes inversiones para mejorar la calidad del servicio eléctrico en las regiones y adaptar las redes de distribución a los cambios que se avecinan con la electromovilidad, generación distribuida, prosumers y la smart grid.
