Roberto Abusada Salah, Presidente del Instituto Peruano de Economía (IPE)
El Comercio, 05 de abril de 2016
Los últimos meses de gobierno en el Perú son siempre difíciles. La capacidad para la toma de decisiones se debilita ante la proximidad de las elecciones y los regímenes suelen llegar al final de sus mandatos con la popularidad por los suelos. Priman la adopción de medidas populistas para elevar la menguada aprobación presidencial y el desinterés en permitir que la siguiente administración inaugure su mandato con buen pie.
Sin embargo, al final del presente régimen, este nefasto comportamiento gubernamental ha llegado a un límite insólito. Los peruanos hemos debido soportar del Ejecutivo y del Congreso una conducción deplorable del proceso electoral, la adopción de medidas demagógicas y un populismo extremo que dificultarán la gestión del próximo gobierno.
Empecemos con la incomprensible demora en la promulgación del presidente Ollanta Humala de una ley que pretendía reformar el sistema político y que lo único que ha hecho es evadir taimadamente cualquier asomo de genuina reforma, propiciando en cambio el enturbiamiento de las elecciones e introduciendo un alto nivel de incertidumbre.
En preparación de sus campañas reeleccionistas, los congresistas han protagonizado hechos cargados de patética demagogia. Basta ver el súbito cambio de parecer al derogar la ley del régimen laboral juvenil (bautizada ‘ley pulpín’ y deficientemente explicada por el gobierno) tras haberla aprobado por abrumadora mayoría.
Luego, frente a una simple protesta callejera en el Cusco, los legisladores aprovecharon otra oportunidad electorera y derogaron el decreto legislativo que modifica la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. La norma que regresa Petro-Perú a la explotación del lote 192 es otro ejemplo de esta práctica, al derogar una prohibición anteriormente promulgada en ocasión de la autorización (otro acto demagógico) para construir una inútil y dispendiosa refinería en Talara.
Para no quedarse atrás, y ante la voluntad manifiesta de varios candidatos de impulsar la alicaída inversión pública, el Ministerio de Economía y Finanzas ha remitido al Congreso en febrero pasado un proyecto de ley en el que pone límites al déficit fiscal para los años 2017 y 2018, con la ilusoria idea de limitar la actuación del próximo gobierno.
En los últimos cinco años hemos visto innumerables casos de un Parlamento legislando en función de la calle, la quema de llantas, el cierre de carreteras o actos de violencia medieval. Ahora, ante la inminencia de las elecciones, este proceder político se ha agudizado. Solo durante la semana que pasó, dos actos -uno en el Congreso y otro en el Ejecutivo- muestran ejemplos de demagogia al límite del frenesí.
En el primer caso, un puñado irresponsable de legisladores mantiene creciente presión sobre sus colegas y el presidente del Congreso, con mentiras y medias verdades, para forzar la convocatoria de un pleno a fin de insistir en la ley que permite el retiro del 95,5% del fondo individual acumulado en el sistema privado de pensiones (SPP), ley observada por el Ejecutivo.
Si bien es razonable que la próxima administración proponga reformas al SPP, es clara la intención de estos personajes: eliminar el SPP y, de paso, hacer inviable el sistema público de pensiones, el cual inevitablemente se verá presionado a dar similar trato de devolución de aportes a los trabajadores.
Resulta obvio que una vez retirados los fondos del SPP, toda la noción de un sistema de jubilación carece de sentido. El resultado inevitable es la adopción de un monumental y generalizado subsidio público a los adultos mayores, tal como ya propone la candidata de la izquierda paleomarxista. Al final del próximo gobierno habrá 4,7 millones de peruanos con más de 65 años, muchos sin pensión. En ausencia de contribuciones a cualquier sistema pensionario, el gobierno enfrentaría un enorme problema fiscal.
El segundo caso fue protagonizado por el propio presidente Humala hace una semana, al aumentar a pocos días de las elecciones la remuneración mínima vital (RMV). Es un acto desaprensivo y profundamente demagógico en un país donde, aparte de los desempleados, existen 9,9 millones de personas trabajando en la informalidad. Elevar la RMV en más de 13% cuando la creación de nuevo empleo formal se ha reducido a niveles insignificantes solo dañará a los peruanos más necesitados. Varios sectores industriales y de servicios que han venido eliminando empleos acelerarán este proceso.
Temas de importancia tan trascendental deberían merecer un tratamiento racional, técnico y desapasionado, pero estos criterios parecen haber ya sucumbido ante la demagogia más ordinaria. Lampadia
