El decaimiento de la confianza según las encuestas de los últimos meses necesita ser puesto en contexto. Básicamente los peruanos, y en particular los emprendedores, confían en el modelo económico en curso, lo han hecho suyo. En cambio desconfían de los políticos y sus arreglos en función de intereses particulares. Los ciudadanos, igualmente, dudan respecto a la capacidad administrativa del Gobierno cuando anuncia una serie de reformas, en el fondo buenas intenciones que no sabe cómo implementar. Y desconfían también de la burocracia estatal paralizada por su temor a tomar decisiones, lo que hace que grandes proyectos mineros y de infraestructura continúen trabados por años, sin visos de solución. En este sentido el equipo especializado del MEF es una excepción, enfrentando decididamente las trabas de la telaraña burocrática.
Hay confianza en el modelo económico, pero no hay confianza en los políticos, el Gobierno y los funcionarios. Ante esto, los políticos y la burocracia suelen reaccionar tratando de meterle mano al modelo, para supuestamente ponerlo al servicio de los ciudadanos, buscando recuperar en las encuestas algunos puntos de la aprobación perdida por su inoperancia.
Esto conduce a políticas sesgadas contra el sector privado, interfiriendo precisamente con aquello que funciona. Se pretende, por ejemplo, sobre regular las telecomunicaciones poniendo en riesgo la futura inversión privada de los operadores, se discuten proyectos legislativos primitivos para controlar los precios de las medicinas, se plantean y discuten en el Congreso cantidad de proyectos amenazantes orientados contra el mercado y el modelo, que nadie se atreve a archivar.
Otros políticos llegan al extremo de plantear soluciones políticas a su altísima impopularidad, postulando reformar la Constitución. Se habla de una reforma constitucional para introducir el derecho al agua, propuesta demagógica que serviría solo para perder el tiempo en debates populistas, y luego justificar el impedir la gran inversión minera y enmarañar aún más la consulta previa y los estudios de impacto ambiental.
Algunos congresistas, supuestamente defensores de los consumidores, actúan permanentemente en contra de la inversión privada y los servicios públicos que brindan los privados, mientras mantienen silencio absoluto y cierran los ojos respecto a las trabas municipales, la pésima atención en los hospitales estatales, o la inoperancia de Sedapal.
Hay un doble estándar notorio. El Estado es un lastre en el Perú, y en vez de trabajar a fondo para modernizarlo, se ataca lo que funciona, aquello que está a cargo del sector privado.
Se anuncian nuevos ministerios con frecuencia. El Estado no puede con lo suyo, no acierta una en seguridad, salud y educación, pero trata de abarcar más. Desde que se crearon los ministerios del Ambiente y de Cultura aumentaron exponencialmente las trabas. No salen nuevos grandes proyectos mineros y la consulta previa es paralizante. Por otro lado, en el frente interno no se logra mantener el orden, se claudica ante la toma de carreteras, se da carta blanca a los agitadores, la minería informal e ilegal, básicamente lo mismo, campean sin problemas. ¿Hasta cuándo seguiremos en este plan?
Publicado en Correo, 20 de octubre de 2013
