Por: Diego Macera, Gerente General del Instituto Peruano de Economía (IPE)
El Comercio, 28 de marzo de 2019
El Comercio, 28 de marzo de 2019
Desde la clase política peruana, a veces se cree que, por el simple hecho de poner algo en papel, exactamente eso sucede, al margen de la realidad o de las instituciones responsables de hacer cumplir la nueva y bienintencionada norma. Y no pocas veces se equivoca. Las rígidas y caras leyes laborales, por ejemplo, en vez de proteger a la mayoría, crean más informalidad y desprotección. La sobrerregulación en asuntos como el financiamiento partidario o el lobby empujan a algunos a intercambios aun más opacos. En general, cualquier norma que valga la pena necesita, como mínimo, instituciones capaces de verificar su cumplimiento. Si no, la lavada puede salir más cara que la camisa.
Solo en los últimos meses, tres propuestas de enorme importancia se han puesto sobre la mesa, que ponen a prueba este principio básico. La primera es la reactivación de la norma antielusiva general. La ley es, en general, positiva: el fisco pierde hasta medio punto del PBI por la elusión y debe combatir a esos malos contribuyentes con armas tributarias modernas y legítimas. El objetivo es generar más riesgo para los elusores. Sin embargo, al margen de los aspectos puntuales a corregir –como su eventual retroactividad–, la verdadera preocupación debe estar en la capacidad de la Sunat de hacer cumplir la norma sin que esta sea letra muerta, pero sin cometer excesos.
Por su propia naturaleza, una ley antielusiva general evita ser demasiado específica sobre qué es, exactamente, una práctica elusiva, y deja margen a la administración tributaria para definir qué es una operación legítima de negocio y qué no. En varios países que la tienen, la norma funciona más como una amenaza que autorregula el comportamiento de las empresas que como un gran garrote a ser usado con discreción y regularidad. A la Sunat se le estaría dando, pues, un gran garrote. Y, mal utilizado, este sería mucho más destructivo que el medio punto de PBI que se deja de recaudar.
La segunda propuesta es la debatida norma sobre el control previo de fusiones. Como en el caso anterior, hay puntos específicos que preocupan: el umbral a partir del cual se activa el control, la regulación especial para el sector financiero a cargo de la SBS, entre otros. No obstante, lo fundamental es el fortalecimiento de la institución responsable de ejecutar la ley: el Indecopi. Si al Estado se le va a dar la facultad de decidir sobre el futuro de operaciones económicas de cientos de millones de soles, por lo menos se debe asegurar que tome la decisión con absoluto profesionalismo e independencia. ¿Tiene Indecopi hoy murallas institucionales suficientes para mantener a raya cualquier influencia política indebida que pueda enfrentar en el futuro?
Finalmente, la propuesta para convertir a la ONP en una AFP pública que compita con las privadas también pone presión sobre el Estado. Que se tiene que reformar la ONP es una verdad absoluta, y hacer el tránsito hacia cuentas individuales es la salida correcta. Sin embargo, es legítimo preguntarse si el aparato público –y político– tienen la disciplina suficiente para competir en igualdad de condiciones con los privados; o si puede, más bien, caer en la tentación populista por la cual el rol del Estado es subsidiario en la economía según la Constitución. “Pensión sin comisión”, después de todo, es un bonito eslogan.
¿Significa esto que las normas antielusiva y de control de fusiones, así como la AFP pública, son mala idea? No necesariamente, pero sí vale preguntarse por el riesgo que involucran con un sector público todavía expuesto a influencia política y empresarial indebida, o a llana incompetencia. Que la Sunat, el Indecopi, la SBS y la ONP estén hoy liderados por profesionales competentes no asegura que ello se mantenga (y el 2021, como sabemos, está a la vuelta de la esquina). Es inviable tener normas modernas, de Primer Mundo, si las instituciones a cargo de ellas no están a la misma altura.
En un evento organizado por el IPE el martes pasado, el presidente del Indecopi, Ivo Gagliuffi, afirmó que, si no le daban a su institución las garantías y recursos adecuados para ejercer el control de fusiones, mejor no le dieran nada. Estamos todos de acuerdo.
