Por Gonzalo Prialé
(Correo, 31 de Mayo de 2015)
A nivel nacional se necesitan al menos 30,000 antenas de telecomunicaciones inalámbricas en adición a las existentes para ampliar la cobertura de las redes y mejorar la calidad del servicio. Todas las antenas instaladas cumplen con los límites máximos permisibles de radiación no ionizante, lo que es supervisado por el MTC.
Se estima que instalar cada antena y su infraestructura de soporte cuesta alrededor de $150,000 en promedio, de manera que la inversión detenida por trabas municipales y sectoriales es del orden de $4500 millones, lo que equivale a 2.3% del PBI.
No existe evidencia científica alguna de daños a la salud a nivel mundial. Esto no puede servir de excusa para impedir la instalación de antenas. Muchos municipios se dejan llevar por la presión de algunos vecinos que se oponen a la instalación de antenas y, paradójicamente, suele suceder que el mismo vecino reclama por la falta de servicio telefónico.
Son los usuarios quienes demandan, con todo derecho, cada vez más calidad y mejores servicios, pero no puede existir servicio ni mejor calidad de servicio si no se permite instalar antenas.
Lo cierto es que sin antenas no hay comunicación. Un municipio no puede restringir servicios nacionales por cálculo político. Prohibir y desmontar antenas es un atentado contra un servicio público, tan grave como bloquear carreteras o sabotear el suministro de agua.
Desde el 2007 se han dictado y actualizado leyes y reglamentos sucesivos con el mismo fin de facilitar y hasta garantizar la autorización automática de instalación de antenas. Esto ha sido recogido también en el nuevo reglamento de la Ley 29022, publicado el pasado 18 de abril, que lamentablemente al estar incompleto resulta imposible de aplicar, pues uno de los requisitos que estipuló para tramitar la autorización automática aún no existe: el recién creado Instrumento de Gestión Ambiental (IGA).
Tras la publicación del reglamento, todos los expedientes que han sido presentados ante diversos municipios a nivel nacional han sido rechazados por falta del IGA, lo que ha paralizado el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones en el país.
Se puede decir que las sucesivas normas y sus reglamentos, hasta ahora, no logran dar resultado.
En general, las normas facilitadoras, aunque bien intencionadas, se hallan limitadas por la autonomía municipal, pues la inobservancia de la ley viene precisamente de los municipios, y el Ejecutivo no asume una posición firme ante los municipios renuentes a cumplir la ley.
En el reciente reglamento publicado en abril, la Dirección General de Asuntos Socioambientales del MTC es la encargada de la formulación del IGA, y estaría elaborándolo subordinándose dentro de los alcances del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, conforme a lo que señale el Ministerio del Ambiente. Es más, estaría evaluándose el establecer licencias sociales o autorizaciones previas para condicionar la instalación de infraestructura de telecomunicaciones, no solo inalámbrica, sino también subterránea en el caso de la fibra óptica, además de las obras civiles que puedan requerirse, tanto en zonas urbanas como rurales. Una traba ambiental monumental.
Tales exigencias ambientales contravienen rotundamente la finalidad y el espíritu que motivó la modificación de la Ley 29022, y al facilitarle a los municipios nuevas herramientas trabadoras, acarrearán graves consecuencias, pues se generarán retrasos y eventualmente la paralización de la inversión en el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones.
El IGA debiera servir para facilitar trámites a través del formato de declaración jurada de cumplimiento de todas las normas en materia ambiental que resulten aplicables para la instalación de infraestructura de telecomunicaciones. Por ello, establecer que el IGA se sujete a procedimientos previos de aprobación, incluso para la ejecución de obras civiles necesarias para la instalación de infraestructura de telecomunicaciones, hará inviable la aplicación del reglamento, neutralizando todo el esfuerzo simplificador.
Se está produciendo un retroceso que coloca el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones en una situación aún más difícil a la que se encontraba antes de la aprobación del reglamento, y colisiona con el empeño del Gobierno de masificar la banda ancha a nivel nacional.
Este asunto debiera revisarse. Aún estamos a tiempo de enmendar el exceso ambientalista, y mejorar la calidad y cobertura de los servicios públicos de telecomunicaciones. Las aprobaciones para instalar antenas y demás debieran ser automáticas, y solo en casos excepcionales, debidamente justificados, se podrían ampliar los requisitos. Por lo demás, la supervisión ex post puede ser ejercida en cualquier momento por la autoridad competente, sin necesidad de paralizarlo todo.
